Cúneo Libarona confirmó la eliminación del femicidio como agravante en el Código Penal

La iniciativa es parte del proyecto Igualdad ante la Ley que impulsa la administración de Javier Milei. Busca derogar la figura penal del femicidio y revisar otras normativas vinculadas a cuestiones de género, como la Ley Micaela y el DNI no binario, bajo el argumento de que todas las vidas tienen el mismo valor.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que la administración de Javier Milei trabaja en un proyecto para derogar la figura penal del femicidio como agravante en el Código Penal. Según explicó, esta decisión forma parte de una iniciativa más amplia, denominada Igualdad ante la Ley, que busca reformar varias normativas vinculadas a cuestiones de género.
“El feminismo es una distorsión del concepto de igualdad”, afirmó Cúneo Libarona, quien defendió la postura de que “todas las vidas tienen el mismo valor” y que el sistema legal no debería establecer diferencias basadas en el género de las víctimas.
La figura del femicidio fue incorporada al artículo 80 del Código Penal en 2012, imponiendo penas más severas a quienes cometan homicidios mediando violencia de género. Sin embargo, el proyecto impulsado por el gobierno también contempla revisar o derogar otras leyes relacionadas, como la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela y el DNI no binario.
Según explicaron desde Casa Rosada, el objetivo de estos cambios es eliminar lo que consideran “discriminación positiva”, es decir, medidas específicas para ciertos sectores de la población. “El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría. La Constitución Nacional garantiza la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, independientemente de su género”, afirmaron fuentes oficiales.
Esta propuesta se presenta en un contexto de preocupación social, con estadísticas que reportaron 255 femicidios en 2024. No obstante, el gobierno sostiene que las políticas específicas de protección a mujeres y minorías no han resuelto el problema de fondo y que se requiere un enfoque integral sin distinciones de género.
El anuncio ha generado reacciones diversas entre especialistas, organizaciones sociales y la ciudadanía, reabriendo el debate sobre cómo garantizar la igualdad y la justicia en casos de violencia de género.