Nos dijeron que las casas estaban, pero nunca llegaron

La investigación por la estafa de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sigue avanzando en Comodoro Rivadavia. Con más de 600 damnificados y una audiencia de apertura de investigación programada para el miércoles 5 de febrero, las víctimas continúan exigiendo justicia. Amelia Ferioli, una de las principales denunciantes, brindó detalles sobre cómo se gestó el fraude y la complicidad que permitió que muchas personas confiaran en el supuesto acceso a viviendas.

El 8 de febrero, en una reunión organizada por Vanessa Fita en el salón de fiestas “Decofiestas”, las víctimas fueron informadas de que algunas personas habían denunciado la situación, pero se les aseguró que “las casas estaban” y que sólo era cuestión de tener paciencia. Sin embargo, para Ferioli, ese día fue clave: “Ahí termino de darme cuenta que esto no era como decían”.

Ferioli explicó que el uso de apellidos vinculados al poder político fue determinante para dar credibilidad a la estafa. “Sabemos que el IPV tiene casas que entrega al Poder Político y activan tu expediente para que te la den. Yo trabajé en Acción Social de Puerto Madryn, y he hecho relevamientos a pedido de diputados para ver si alguien era apto para recibir una vivienda. Entonces, no desconfié”.

El engaño y la conexión política

Según Ferioli, la implicada Vanessa Fita se respaldaba en el apellido de su familia para sumar credibilidad. “Su hermano era diputado y ella ponía el nombre de la familia Fita. Nos aseguraba que Gustavo (Fita) estaba al tanto de todo”. Sin embargo, según su testimonio, Gustavo Fita nunca estuvo en ninguna de las reuniones.

“Cuando hablo con él, me dice que no tenía absolutamente nada que ver y que su hermana era una desquiciada, que siempre hacía cosas fuera de la ley. Yo le respondí que su nombre estaba manchado. Lo mismo pasó cuando hablo con Carlos Linares, quien me aseguró que la familia Fita era intachable”.

El volumen de damnificados también llamó la atención. “En una charla con Victoria Curán, nos enteramos de que había más de 700 personas afectadas porque ofrecían 800 casas. Es imposible que en Comodoro el IPV tenga 800 casas recuperadas. Pueden ser 14 o 7, que es lo que yo vi en enero cuando ingresé mi expediente”.

El avance de la causa

El allanamiento de la vivienda de Vanessa Fita y de otra implicada, Mancilla, destapó el fraude. “Cuando hablo con los fiscales Lobos y Latanzzio, me dicen que el martes esperan a todos los damnificados en el Concejo Deliberante. Yo no pude asistir, pero fue Karen, y allí se confirmó que la estafa era gravísima y que había más de 600 afectados”.

El abuso del sistema y la necesidad de justicia

Las víctimas esperan que la audiencia de apertura de investigación marque un antes y un después en la manera en que se manejan las viviendas públicas en Chubut. “Basta con esto de que asume un diputado y le dan dos casitas del IPV para arreglar a su gente. Basta de utilizar ese sistema enquistado en la política, y lo sabemos todos. No hay una ley escrita que diga que a tal diputado le corresponden tantas casas, pero ocurre”.

Para Ferioli, el sistema ha jugado con la desesperación de la gente: “Nos anotamos en 1998, en el 2000, y no había un sistema electrónico donde quedaras registrado. Las carpetas se perdían y tenías que volver a hacer el trámite, terminabas agotado y no reclamabas más tu vivienda”.

Asegura que no compró una casa ni buscó un beneficio indebido: “Yo lo único que pedí fue que activaran mi expediente. Llevo 30 años esperando una vivienda”.

Las transferencias y el dinero perdido

Una parte del fraude incluyó pagos que las víctimas realizaron creyendo que eran para formalizar la adjudicación. “Yo entregué 100.000 pesos: 80.000 eran para una tal Macarena, que no existe en el IPV, para activar el expediente; y 20.000 para la cooperativa y GAMUSI porque supuestamente ya estaba colocado el servicio”.

Según Ferioli, a las víctimas se les aseguró que recibirían su casa con un talonario de pagos, igual que cualquier otra persona adjudicada por el IPV. “No es que pensábamos que comprábamos una casa por 100.000 pesos, como salió a decir Gustavo Fita y su familia. Nos dijeron que recibiríamos la llave junto con el talonario para pagar nuestra vivienda. La íbamos a pagar, y esperábamos ansiosos esa llave que nunca llegó”.

El impacto y la audiencia

La cantidad de denuncias realizadas es inferior a la de víctimas identificadas, ya que muchas personas abandonaron el proceso. “Hay más de 300 denuncias, pero la gente se cayó en el camino. Además, muchos entregaron dinero en mano en vez de hacer transferencias, y eso dificulta probarlo”.

Con la audiencia de apertura de investigación en marcha, las víctimas esperan justicia y que este tipo de engaños no se repitan. “No se puede seguir utilizando apellidos políticos para engañar a la gente. Es hora de que esto termine”.