la profunda reforma penal que se viene

El oficialismo logró su objetivo este martes en la Cámara de Diputados al conseguir dictamen de comisiones sobre el proyecto de régimen penal juvenil, que plantea la baja en la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años.

El trámite fue posible luego que se aceptaran numerosas modificaciones al texto enviado por el Gobierno, con el objetivo que reuniera las adhesiones del PRO, los diferentes bloques radicales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros espacios provinciales.

Desde Unión por la Patria pidieron más tiempo para dictaminar y cuestionaron la tardanza en conocer la versión final. Cuando La Libertad Avanza y la oposición dialoguista se alzaron con el dictamen de mayoría con 77 firmas, el kirchnerismo anunció entonces la presentación de su propio despacho, donde mantiene la edad actual. En la reunión no participaron ni hablaron diputados referenciados en el Frente Renovador, que también tenían un proyecto para llevar la edad de imputabilidad a 14.

Baja de la edad de imputabilidad: avanzó el debate en la Cámara de Diputados

En el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, hubo otro dictamen alternativo de la diputada Margarita Stolbizer, quien se quejó que en el texto consensuado por la mayoría “se está tergiversando de manera absoluta lo que era el espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo” y habló de un despacho “desprolijo, contradictorio” y con “gran cantidad de disidencias”. Por su parte, el Frente de Izquierda presentó un cuarto dictamen de minoría, de rechazo.

El debate sobre régimen penal juvenil comenzó el año pasado y se realizaron numerosas reuniones informativas con especialistas. En la antesala de la reunión de este martes, el presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina, monseñor Dante Braida, volvió a dejar sentada la postura en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Esto se sumó a la oposición también por parte de organismos de derechos humanos.

Además del proyecto del PEN, para el consenso del dictamen se tuvieron en cuenta iniciativas de las bancadas de la oposición dialoguista (hubo más de una docena sobre la mesa), que fueron quienes forjaron una serie de cambios para lograr el dictamen, que de esta manera ya quedó listo para ir al recinto, pero todavía no cuenta con fecha posible de sesión para su debate.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años de edad, “cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

En tanto, la finalidad del régimen “es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, reza el texto.

Los menores podrán ser condenados hasta 15 años

Se prevé que cuando sean imputados por delitos con pena de hasta 3 años de prisión, podrán acceder a penas alternativas como amonestación, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares o salir del país, y/o prestación de servicios a la comunidad.

La pena privativa de la libertad también podrá reemplazarse por alguna de las anteriores en casos de delitos con hasta un máximo de 10 años de prisión, siempre y cuando “ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite”.

En cuanto a las penas privativas de libertad, estas serán en domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Otro de los aspectos es que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años, y con la posibilidad de sustitución parcial después de cumplir dos tercios de la condena.

Además, se prevén una serie de medidas restaurativas, atención a la salud mental y el consumo problemático, y la intervención de supervisores especializados, entre otros puntos.

El oficialismo y aliados celebraron avanzar con la baja de la edad de imputabilidad

Diputada del PRO que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, destacó que “este proyecto es el resultado de un trabajo transversal. Escuchamos a todos los sectores y tomamos en cuenta sus aportes. El despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.

“Este proyecto salda una deuda histórica. Con esta nueva ley, Argentina asegura que aquellos que cometen delitos siendo menores de edad enfrenten sanciones proporcionales a su responsabilidad, pero sin dejar de lado su resocialización. Es un paso fundamental hacia una justicia más equilibrada y humana”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, afirmó que “este régimen penal juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización”.

“Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido”, resaltó.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Marcela Campagnoli subrayó que el dictamen firmado “no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Gobierno nacional; hemos hecho muy buenas e importantes modificaciones”. “Se crea un régimen penal juvenil con garantías procesales”, aseguró.

En contra, la diputada kirchnerista Mónica Macha consideró que la baja de la edad de imputabilidad “es una medida regresiva, inconstitucional y pone en riesgo a las adolescencias en barrios populares”.

Por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz expresó: “Yo lamento que haya diputados que firmen este despacho con alegría, pensando en que le van a dar respuestas a los padres de las víctimas de delitos que comenten adolescentes. No hay manera que este proyecto repare ese dolor”.

“Nadie elige ser delincuente. Un pibe que sale de chumbo a los 8 años no elige ser delincuente. No fuimos capaces desde la política de brindar un escenario diferente“, enfatizó entre lágrimas y completó: “Necesitamos más Estado para los pibes de la Argentina, no cárceles”.