El Gobierno endurece la política migratoria y arancelará salud y educación para extranjeros
El Ejecutivo anunció nuevas restricciones para la obtención de residencia y ciudadanía, expulsiones más rápidas para inmigrantes condenados y el cobro de servicios a quienes no tengan residencia permanente.
El Gobierno Nacional anunció este miércoles una serie de medidas que endurecen la política migratoria. Entre los cambios se incluye la modificación de los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales y el cobro de servicios de salud y educación a quienes no sean residentes permanentes.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que “todo inmigrante con condena será expulsado” y que también correrán ese destino quienes falseen información al ingresar al país. “Queremos recibir a quienes vienen a construir, pero también debemos tener firmeza para expulsar a quienes incumplen la ley”, sostuvo durante una declaración sin preguntas a la prensa, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior.
Según detalló Adorni, cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada en la frontera, y quienes entren por pasos no habilitados serán expulsados de inmediato. Además, aseguró que se acortarán los plazos de apelación en procesos de deportación. “El que las hace, las paga”, remarcó.
El vocero aclaró que los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán abonar por los servicios de salud pública, y que quienes ingresen al país deberán presentar un seguro médico. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, aunque respetando su autonomía.
En cuanto a la ciudadanía, se establecerán condiciones más estrictas: solo podrán acceder quienes residan legalmente durante al menos dos años continuos, sin salir del país. “Quienes ingresan o permanecen de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía”, afirmó Adorni.
El funcionario también cuestionó la normativa vigente, a la que calificó de “permisiva” y “caótica”. Según datos oficiales, en los últimos 20 años ingresaron al país 1.700.000 inmigrantes irregulares. “Hoy entra casi cualquiera, sin muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”, afirmó.
Además, criticó los llamados “tours sanitarios”, al señalar que solo en un año, ocho hospitales nacionales destinaron más de 114 mil millones de pesos en atención a extranjeros. “Con la normativa vigente, un inmigrante condenado con una pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina, poniendo en riesgo al resto de la población”, concluyó.
Las reformas forman parte de los compromisos anticipados por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso. Adorni, quien además es candidato a legislador porteño, continuará utilizando sus conferencias para realizar anuncios en la recta final de la campaña. El jueves, último día antes de la veda electoral, se espera que brinde detalles del plan de blanqueo de dólares que prepara el Ministerio de Economía.
Con información de NA
