El Gobierno prohibió que los presos reciban ayuda estatal: cuántos millones se ahorra
La semana inició con un contundente anuncio por parte del Gobierno: la prohibición de que las personas con condena penal firme o detenidas a disposición del Poder Judicial perciban planes sociales. Esta decisión, anunciada por el vocero Manuel Adorni e impulsada por el Ministerio de Capital Humano; comandado por Sandra Pettovello, en conjunto con el Ministerio de Justicia; a cargo de Mariano Cúneo Libarona, busca reorientar los recursos del Estado y alinearse con el programa “Ocio Cero”, que promueve el trabajo obligatorio para los presos.
Si bien no existen planes puntuales que los presos reciban por el mero hecho de estar privados de su libertad, sí hay varios programas estatales de los que estos podían beneficiarse hasta este lunes. En ese sentido, esta medida impacta duramente en la provincia de Buenos Aires, donde se alberga, aproximadamente, el 45% de la población carcelaria total del país.
Programas como Potenciar Trabajo, rebautizado y modificado en marzo del año pasado por “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, se enfrentaron a duras requisas por parte del Gobierno dada la masividad de las denuncias por irregularidades en la distribución de sus recursos. Puntualmente, en 2023, el fiscal Guillermo Marijuan denunció estas anomalías y probó que no se cumplían con los requisitos, que se brindaba el beneficio a personas fallecidas o que tenían ingresos y bienes declarados.
El Gobierno apunta contra las irregularidades en los planes sociales a los presos
Por ello, esta nueva normativa apunta a cerrar estos huecos y pretende asegurar que se destinen los recursos únicamente a quienes más los necesitan, mientras que se refuerza la idea de que los presos deben contribuir al Estado y deben poder sostenerse económicamente por su cuenta.
Siendo que la provincia concentra una gran porción de presos en sus penitenciarias, su implementación requiere coordinación con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a cargo de Xavier Areses y dependiente del gobierno provincial de Axel Kicillof. En un contexto de tensiones y la clara diferencia ideológica entre el presidente Javier Milei y el mandatario bonaerense, la total aplicación de esta medida en dicho territorio podría tardarse más por el intercambio de datos que los dos territorios deben hacer, pero es necesario aclarar que Kicillof, por el carácter nacional de la normativa, no tiene autoridad para bloquear la prohibición.
Teniendo en cuenta que PBA es el epicentro del sistema penitenciario argentino, albergando a 60.513 en el SPB, y que el 50% de estos detenidos están en prisión preventiva, sin condena firme, mientras que el 94% son argentinos y el 60% son menores de 35 años, de acuerdo al Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP), la mayoría de estos son potenciales beneficiarios de ayudas sociales nacionales, Nación querrá avanzar allí para que el ajuste tenga más efecto.
De nuevo, aunque no existía un programa exclusivo para los presos, algunos accedían a planes nacionales debido a lagunas administrativas o gestiones por parte de familiares. El listado inicia por una de las ayudas con más usuarios a nivel nacional: la Asignación Universal por Hijo (AUH), programa que otorga una suma mensual de $102.705 por hijo, únicamente si estos son menores de 18 años, a familias en situación de vulnerabilidad. Los presos podían ser beneficiarios si tenían hijos elegibles, con el cobro gestionado por un tutor, como la madre del menor, que cumpliera con requisitos de escolaridad y salud.
Volver al Trabajo, el programa que, al igual que Potenciar Trabajo, promueve la empleabilidad a través de formación y prácticas laborales, con una suma de $78.000 por mes. Aunque requiere contraprestaciones incompatibles con estar privado de la libertad y condenado, se probó que, por algunas irregularidades en la gestión, algunos presos lo recibían, especialmente si estaban inscriptos antes de su detención. Y el subsidio por desempleo, que está destinado a trabajadores formales despedidos con aportes previos, ofrece entre $148,416 y $296,832 por mes, con un promedio de $214,822. Si bien este último se suspende en caso que exista una condena firme debido a su normativa, algunos presos con preventiva o con condenas no reportadas (el 50% de los que integran el SPB) lo percibían.
Cuánta plata puede ahorrarse el Gobierno tras prohibir que los presos reciban ayuda estatal
Teniendo en cuenta que algunos de estos programas son compatibles, como la AUH con Volver al Trabajo o Acompañamiento Social con el subsidio por desempleo, algunos penitenciarios acumulaban estos beneficios y, por ende, percibían más fondos. Aunque Volver al Trabajo y Acompañamiento Social son mutuamente excluyentes, y el subsidio por desempleo es incompatible con ambos; en la práctica, la falta de cruces de datos entre ANSES, el Ministerio de Capital Humano y el SPB permitió que algunos presos combinaran AUH con Volver al Trabajo o, en casos excepcionales, con el subsidio por desempleo, especialmente si estaban en prisión preventiva.
Es decir que un preso con un hijo podría haber percibido $102,705 (AUH) más $78,000 (Volver al Trabajo), totalizando $180,705 mensuales. En escenarios irregulares, si también accedía al subsidio por desempleo ($214,822), el total alcanzaría $395,527.
Entonces, ¿cuánto podría ahorrarse el Estado con esta prohibición? Teniendo en cuenta que no existen datos oficiales que desglose esta información, con el 60% de los presos menores de 35 años, se estima que entre 12 mil y 18 mil (20-30% de los 60,513) percibían AUH por al menos un hijo, generando un costo de $1.200 a $1.800 millones mensuales. Luego, con Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, entre 3 mil y 6 mil presos podrían haberse registrado, generando un costo de $234 a $468 millones por mes.
Y por último, el subsidio por desempleo, se estima que 1.000 a 3.000 presos (25-33% del SPB) lo percibían, generando así un gasto estatal de entre $1.700 y $2.900 millones por mes. En sumatoria, la prohibición de Nación al restringir a los presos de estos beneficios generará un ahorro significativo para el Estado equivalentes a $20.600 a $35.500 millones anuales únicamente en el territorio bonaerense y entre $45.000 a $78.000 millones a nivel nacional.
