Proyecto oficialista busca que cualquier abogado pueda actuar como escribano
La diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley que podría cambiar de forma radical el acceso a la función notarial en la Argentina. Se trata de la iniciativa 2280-D-2025, que busca permitir que cualquier abogado o abogada matriculado pueda ejercer como escribano público, sin necesidad de cursar una carrera específica, rendir exámenes adicionales ni pertenecer a colegios notariales cerrados.
El proyecto, titulado “Libre ejercicio notarial de los abogados”, fue girado a la comisión de Justicia y apunta a desregular el actual sistema notarial. Según su autora, el objetivo es abrir la competencia y ampliar la oferta de servicios notariales en todo el país.
En concreto, propone que cualquier persona con título de abogado expedido en Argentina o debidamente revalidado pueda ejercer funciones de fe pública, con los mismos estándares técnicos y responsabilidades que un escribano tradicional.
Abogados podrían ser escribanos: ¿qué dice el proyecto de ley?
El artículo 1 es el corazón de la iniciativa: establece que toda persona con título de abogado o abogada, expedido por una universidad argentina reconocida oficialmente o revalidado según las normas vigentes, podrá ejercer la función de escribano público. Es decir, no hará falta cursar una carrera específica de escribanía, ni aprobar exámenes internos o corporativos, ni pasar por procesos de selección controlados por colegios notariales. Basta con ser abogado matriculado.
El artículo 2 amplía y precisa esta habilitación: dispone que estos abogados podrán ejercer funciones de fe pública, lo que implica la posibilidad de autorizar documentos e instrumentos públicos -como escrituras, poderes, certificaciones- con plena validez legal, en igualdad de condiciones con los escribanos tradicionales. Eso sí: deberán ajustarse a las mismas exigencias técnicas, registrales y de responsabilidad profesional que hoy rigen para el ejercicio notarial.
El artículo 3, en tanto, deroga todas las leyes, decretos o normativas que limiten el ejercicio notarial exclusivamente a quienes tengan el título específico de escribano o pertenezcan a colegios notariales que funcionen como estructuras cerradas. En otras palabras, se busca desmontar el modelo que reserva esta función a un grupo limitado, eliminando las barreras que hoy regulan el acceso.
El artículo 4 establece que los poderes ejecutivos y legislativos de todas las provincias, así como los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán adecuar su legislación local para que se aplique lo dispuesto en la nueva ley. El plazo máximo para hacerlo será de 120 días desde la promulgación.
El artículo 5, en tanto, define la entrada en vigencia de la norma: una vez aprobada y publicada en el Boletín Oficial, la ley comenzará a regir a los 90 días. Este plazo busca dar tiempo a los organismos e instituciones involucrados para adaptar procedimientos y marcos normativos.
El artículo 6, que es de los denominados “de forma”, dispone que se comunique la ley al Poder Ejecutivo Nacional, como paso final del proceso parlamentario.
Los fundamentos para permitir que cualquier abogado actúe como escribano
En los fundamentos, Pagano sostiene que el actual modelo notarial es “corporativo, obsoleto y excluyente”, ya que impide a miles de abogados ejercer funciones para las que ya están plenamente capacitados.
Según argumenta, los cupos cerrados y los requisitos impuestos por los colegios notariales no solo generan inequidades profesionales, sino que también encarecen los servicios y dificultan el acceso de la ciudadanía.
“Esta situación no solo restringe derechos laborales y profesionales, sino que encarece y limita el acceso de la población a servicios notariales, concentrados en pocas manos ydistribuidos de forma desigual en el territorio nacional”, añadió.
A modo de comparación, la diputada menciona los sistemas de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde los abogados pueden ejercer funciones notariales sin estructuras corporativas intermedias. “Queremos ampliar la competencia, garantizar la igualdad profesional y eliminar privilegios injustificados”, concluyó.
