La posible anulación del juicio por Maradona: el antecedente de María Soledad Morales | Un caso en Catamarca que también tuvo una amplia repercusión 

La posibilidad cierta de que todo lo actuado en el juicio por la muerte de Diego Maradona quede anulado y haya que empezar de nuevo, es decir, volver a citar a los mismos testigos para que vuelvan a declarar, tiene un antecedente histórico en la justicia argentina: el caso María Soledad Morales, la adolescente catamarqueña asesinada en la capital provincial en septiembre de 1990. Era un tiempo en el que no existía la palabra “femicidio”: se hablaba entonces de “el crimen de María Soledad”.

A las generaciones más jóvenes, aquella historia les llegó a través del documental de Netflix María Soledad. El fin del silencio, que mostró los hechos policiales pero sobre todo sociales y políticos sucedidos como consecuencia de aquel homicidio.

María Soledad era una joven que asistía a un colegio religioso cuando un fin de semana desapareció y luego fue encontrada asesinada en las afueras de la ciudad capital. La investigación se desarrolló como suele ocurrir demasiadas veces: con total desprolijidad, sin criterio alguno y dejando caer evidencias y pruebas de todo tipo. Un estropicio.

Lo particular en aquella situación fue que la sociedad catamarqueña empezó a sospechar, por comentarios y pruebas que se iban recolectando, que los responsables del asesinato estaban vinculados a los “hijos del poder”. Manejaban aquella provincia los Saadi, una familia de dirigentes del justicialismo provincial de estrecho vínculo con el entonces presidente Carlos Menem.

A la par de la desastrosa investigación policial fue creciendo el reclamo de justicia en la provincia. Así nacieron las llamadas “marchas del silencio”, en las que decenas de miles de personas recorrían la ciudad de Catamarca en completa mudez. Una imagen de una potencia inusitada que terminó por nacionalizar el caso. Y que derivó finalmente en la caída del entonces gobernador, Ramón Saadi, a quien Menem le soltó la mano cuando el costo político le resultó insoportable. La provincia terminó intervenida.

Por el hecho fueron acusados finalmente dos personas: Luis Tula, el supuesto novio de María Soledad, y Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, que en medio del escándalo terminó expulsado de la Cámara de Diputados de la Nación. Tula, según la acusación, había entregado a la chica a Luque hijo, quien junto a otros “hijos del poder”, la llevaron a una fiesta, donde fue drogada, violada y asesinada.

El caso llegó a juicio recién seis años después. En ese momento, gobernaba la provincia un frente liderado por el radicalismo, que ganó las elecciones tras el escándalo de los Saadi y la muerte de María Soledad. El tribunal fue constituido por Alejandro Ortiz Iramaín, Juan Carlos Sampayo y María Alejandra Azar. 

En 1996, las repercusiones de aquellos sucesos estaban vivas todavía en la provincia y el país. No existían internet ni las redes sociales y los celulares recién empezaban a masificarse. El gobierno local y la justicia decidieron entonces crear un golpe de efecto: el juicio se transmitiría en directo por televisión y a todo el país.

Y así fue. Los canales porteños, por caso, pasaban el juicio en vivo cual telenovela de la tarde. Las  mediciones del rating explotaron: se sucedían testigos que se quebraban, otros que confesaban lo que antes negaban, careos dignos de película, denuncias de aprietes políticos. En los alrededores de la sala del juicio, los catamarqueños seguían por televisión la declaración de cada testigo y cuando terminaba, salían corriendo al tribunal para vivarlo o abuchearlo, según la ocasión.

Hubo 21 audiencias, más de un mes de juicio, hasta que un día sucedió. Dos de los jueces –Sampayo y Azar– fueron recusados por el abogado de la familia Morales porque una toma televisada los captó en un gesto sospechoso. Debían decidir sobre la detención por falso testimonio de una testigo, cuando Sampayo le hizo una seña a Azar para direccionar la postura que tomarían. El juicio se suspendió hasta que se resolviera la situación de ambos magistrados. Pero en el medio, Ortiz Iramaín, el presidente del tribunal, renunció alegando presiones políticas del gobernador. Finalmente, no prosperó la embestida contra Sampayo y Azar, pero el tribunal igual había quedado sin el otro juez. Todos renunciaron al final. Y el juicio quedó anulado.

Había que hacer todo de nuevo. El sistema judicial catamarqueño seguía desquiciado y nadie quería tomar en sus manos semejante brasa ardiente. Finalmente fueron a buscar jueces de otra provincia. Y así quedó integrada, recién al año siguiente, la nueva cámara, que en su primera medida decidió que el segundo juicio ya no se transmitiría en directo. Es que, al margen de las implicancias políticas, a los efectos judiciales la televisación del debate resultó una experiencia bochornosa: los testigos que iban a declarar, por ejemplo, ya sabían lo que habían dicho los anteriores, con lo cual se desvirtuaban muchos de los testimonios.

Pero en Catamarca nada era sencillo en aquellos tiempos. La decisión de evitar la televisación fue rechazada socialmente y se produjo una manifestación espontánea frente a Tribunales para reclamar su continuidad. Los jueces debieron salir escoltados por la policía: la multitud quería lincharlos.

Calmadas las aguas, la decisión de no televisar se mantuvo. En el segundo juicio, todos los testigos que ya había declarado en el anterior debieron hacerlo de nuevo. Las audiencias terminaron al año siguiente: en 1998, Tula fue condenado a nueve años de prisión y Luque a 21. Se cerraba así el capítulo más dramático de la historia catamarqueña.