tras la condena a Cristina Kirchner, crece el foco sobre su patrimonio
En la previa de la presentación que hará ante la Justicia el próximo miércoles. cuando vaya a los tribunales de Comodoro Py, la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner (CFK) ratificó, a través de sus redes sociales, su pedido de cumplir con la prisión domiciliaria en su casa y apuntó nuevamente contra el máximo tribunal.
Por ese motivo, es importante destacar varios aspectos de la llamada “Ruta del Dinero K” y sus ramificaciones que denunció en 2013 el periodista Jorge Lanata en su programa “Periodismo Para Todos” por Canal 13, y la historia de Los Bolsos de López, que reveló en 2016, el año en el que se conoció la primera sentencia por la Causa Vialidad contra CFK y 8 funcionarios de su Gobierno.
El 14 de junio pasado se cumplieron 9 años desde que José López, el exsecretario de Obras Públicas de los Gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, dejara 6 bolsos con más de 9 millones de dólares adentro, relojes de alta gama y un arma en la puerta de un convento de Luján.
Este hecho fue clave y figura en las 1.666 páginas del informe del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que terminó con la condena definitiva a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Kirchner y otros 8 exfuncionarios kirchneristas por corrupción en la llamada “Causa Vialidad” por “desvío de fondos del Estado para enriquecimiento propio”, que quedó efectiva el martes pasado luego de que los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia decidieran rechazar el pedido de recusación que presentó CFK.
El “Plan Limpiar Todo”
Entre las pruebas analizadas en la causa, el tribunal destacó el llamado “Plan Limpiar Todo”, que fue una estrategia revelada a través de mensajes de WhatsApp encontrados en el celular de José López, el exsecretario de Obras Públicas que fue detenido en 2016 con los bolsos que quería dejar dentro de un convento en Luján.
Según los fundamentos de la sentencia, estos mensajes evidenciaron reuniones entre López, Báez y CFK en los últimos días de su mandato, con el objetivo de asegurar el cobro de deudas pendientes, cerrar las empresas antes del cambio de gobierno y tratar de reducir artificialmente el valor de su patrimonio personal.
Reducción patrimonial de CFK
En ese aspecto hay que mencionar que desde 2016 a la fecha, y de acuerdo a informes de la Justicia, se observa un importante proceso de reducción patrimonial -presumiblemente armado por sus contadores y abogados- para mostrar la insolvencia de CFK.
De acuerdo a lo que se puede observar en sus declaraciones juradas, en 2016 se produjo un gran salto patrimonial, en ese caso negativo, de un 96,5%.
En su declaración jurada, CFK consignó tener al cierre del período solo $3,5 millones.
Los activos declarados se redujeron en forma sorpresiva producto de la donación en vida de todos sus bienes y sus acciones en las empresas familiares a sus hijos, Máximo y Florencia.
Esa baja se produjo justo al comenzar a ser investigada por la Justicia Federal por presunta corrupción.
Desde mayo de ese año, dejaron de estar a su nombre las acciones de las empresas familiares Hotesur, la inmobiliaria Los Sauces S.A. y CO.MA.SA.
También dejó de ser dueña del 50% de 4 casas en Río Gallegos y su vivienda en El Calafate de 520 m² y tres plantas, al lado del hotel boutique Los Sauces que ella misma ideó, y que amplió en un terreno que era de Báez.
Ese terreno lo canjeó en una permuta por otro lote frente al Lago Argentino de su propiedad con Austral Construcciones S.A.
Cesiones a sus hijos
Ante la posibilidad de un embargo judicial, además les cedió a sus hijos 12 departamentos (dos en Recoleta y el resto en la capital santacruceña), 5 terrenos en El Calafate, y 4 locales (3 en esa villa turística y el otro en Río Gallegos). También les donó a sus hijos el 50% de los casi $40 millones que había declarado tener a principios de 2016.
Evolución patrimonial de Cristina Kirchner
En 2017, su patrimonio neto declarado fue de 4.369.790 pesos y se mantuvo estable. En 2018 subió un 14,3% en términos reales respecto del año anterior, pasando a $6.706.422.
En 2019, último año del gobierno de Mauricio Macri, se redujo un 5,2% en la comparación interanual, también a valores reales, al declarar 9.761.186 pesos.
Ya en el poder nuevamente, sus activos subieron en 2020 a $16.463.095, casi un 19% por encima de la inflación de ese año.
En la última declaración jurada anual que presentó ante la Oficina Anticorrupción correspondiente a 2021, la Vicepresidenta informó un patrimonio de $48.608.385. El monto representa un 195% más que lo que había declarado al cierre de 2020 en términos nominales, cuando había informado $16.463.095.
Según su última declaración jurada presentada al dejar la vicepresidencia a fines de 2023, Cristina Kirchner informó bienes por $249,4 millones. La mayor parte, unos $170 millones, estaba invertida en acciones de empresas que cotizan en Nueva York, como Apple, Mercado Libre, Microsoft, Visa y Berkshire Hathaway. También declaró cuatro cajas de ahorro por $1,7 millones y un Toyota Corolla híbrido.
No consignó propiedades a su nombre, pero sí $60,5 millones por el “usufructo” de dos inmuebles históricos: su departamento en Recoleta y su casa en El Calafate.
Lo declarado actualmente está lejos de reflejar la fortuna que el matrimonio Kirchner consolidó en sus años en el poder, especialmente a partir de los negocios comunes con Lázaro Báez.
Caída patrimonial tras la muerte de Néstor Kirchner
En la historia del 2003 al 2023, CFK tiene una fuerte caída patrimonial en 2010. En ese año se produjo la muerte de Néstor Kirchner, lo que implicó que la mitad de los bienes de la sociedad conyugal, incluso los que a fines impositivos figuraban el 100% a nombre de CFK, pasaran al año siguiente a sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Así lo refleja la declaración patrimonial de CFK en 2011. Luego de ser reelecta, su patrimonio neto se redujo un 55% en términos reales y pasó a $37.731.510.
Al cierre de 2012, el primer año de su segundo mandato, su declaración jurada volvió a mostrar un patrimonio neto real ligeramente más bajo respecto del año anterior, un 7% menos. La mandataria informó $43.423.924 y declaró 26 inmuebles por un total de $13,3 millones de valor fiscal.
Entre los fundamentos del escrito, la Corte Suprema de Justicia destacó que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida -valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación)- y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente, de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional“.
El origen de la Causa Vialidad
La “Causa Vialidad” se inició en junio de 2008 con una investigación de los diputados de la Coalición Cívica sobre una maniobra fraudulenta de Los Kirchner que abarcaba 51 procesos de licitación pública para obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Estas licitaciones, en su mayoría, fueron adjudicadas a empresas vinculadas a Lázaro Báez, quien había armado la empresa Austral Construcciones S.A. con domicilio en Santa Cruz el 19 de mayo de 2003, antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación el 25 de mayo del mismo año.
Para defraudar al Estado, apenas asumió Néstor Kirchner se promulgó el DNU 54/2004, que juntó tres organismos del Estado -la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Organismo de Concesiones Viales (OCCOVI)- para centralizar en esos organismos la concesión de la obra pública, cuyo 80% fue derivado en los gobiernos de Los Kirchner a las empresas de Lázaro Báez.
El desenlace judicial
Entre 2003 y 2015, Austral Construcciones S.A. recibió fondos de la obra pública, y tras las elecciones de 2015 que ganó Mauricio Macri, el 12 de diciembre de ese año la empresa se concursó y abandonó las obras en el marco del “plan limpiar todo”, de acuerdo a lo que consta en la investigación. Los principales acreedores de Austral Construcciones son la AFIP, YPF y el Banco Nación Argentina (BNA).
El 27 de diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a CFK, José López, Lázaro Báez y otros exfuncionarios kirchneristas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, intervinieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques.
Con el procesamiento y la elevación a juicio oral, Ercolini envió un paquete de pruebas sólido, al que se agregaron en el juicio oral los chats de José López y el peritaje muestreo realizado por especialistas.
El mecanismo del desvío de fondos
Según la extensa investigación judicial, el esquema comenzó con la firma del Decreto 54/2009, que permitió que los fondos del fideicomiso de obra pública quedaran bajo el control de la Dirección Nacional de Vialidad, liderada por Nelson Periotti, también condenado en la causa.
Este decreto facilitó la asignación de contratos a las empresas de Lázaro Báez, como Austral Construcciones, mediante licitaciones fraudulentas. Según el tribunal, estas medidas no solo representaron un incumplimiento de los deberes de la entonces presidenta, sino que formaron parte de un plan deliberado para desviar recursos hacia las empresas familiares de los Kirchner, como Los Sauces y Hotesur.
También se acreditó que el vínculo entre Báez y los Kirchner, que se extendió desde 2005 hasta 2015, incluyó negocios como el alquiler y la administración de hoteles en Santa Cruz, así como propiedades en Río Gallegos y Buenos Aires. Estas operaciones fueron corroboradas durante el juicio y forman parte de las causas conexas “Los Sauces” y “Hotesur”, que deberán afrontar la etapa de juicio oral.
El fallo histórico
El año pasado, en un fallo considerado histórico, la Justicia determinó que Cristina Kirchner implementó durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) un esquema fraudulento en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Según los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), la entonces presidenta utilizó resoluciones oficiales para beneficiar a Lázaro Báez, empresario cercano a su entorno.
En noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, así como las penas para otros implicados, entre ellos Lázaro Báez y José López.
En su fallo, de más de 1.700 páginas, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos presentados por las defensas y por la fiscalía, y homologaron el decomiso de unos 85.000 millones de pesos, que actualizados a la fecha representan unos 670.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 550 millones de dólares. Esa cifra contrasta con el patrimonio neto declarado por CFK en 2023, que ascendía a unos 250 millones de pesos.
“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual ‘Caballo de Troya’, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.
En su voto, el juez Borinsky subrayó que la maniobra incluyó la modificación del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, lo que permitió el uso discrecional de fondos públicos durante toda la gestión presidencial de Fernández de Kirchner. Además, destacó que la expresidenta ignoró advertencias de los servicios jurídicos sobre posibles irregularidades y denuncias de cartelización en la obra pública de Santa Cruz.
“Cristina Fernández de Kirchner transgredió los deberes extrapenales habilitando jurídicamente la obligación abusiva del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, perjudicando los intereses que le habían sido confiados como representante máxima del Estado Nacional“, afirmó Borinsky.
Por su parte, el juez Hornos rechazó los planteos defensivos que calificaban el proceso como una persecución judicial o lawfare. “El lawfare aparece solo como una nueva teoría conspirativa, cuyo destino no parece ser otro que transformarse en una coartada para eludir la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción”, sostuvo en su voto.
Este fallo quedó firme esta semana tras el rechazo de la Corte Suprema a las apelaciones.
La Causa Vialidad es la primera condena de cumplimiento efectivo contra Cristina Kirchner, pero no es la única que enfrenta.
Otras causas pendientes
Aún quedan en curso investigaciones de gran trascendencia, como el juicio por “Los cuadernos de las coimas”, que algunos especialistas consideran incluso más grave que la Causa Vialidad. También siguen pendientes “Hotesur”, “Los Sauces” y el expediente por el “Memorándum con Irán”, todos en etapas procesales que podrían derivar en nuevas condenas y complicar aún más el escenario judicial y político de la exmandataria.
