Reino Unido: diputados giran al Senado un proyecto de ley para despenalizar el aborto en cualquier etapa de gestación | Debate sobre el periodo aceptado para interrumpir un embarazo
El Parlamento británico votó este martes a favor de una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía para despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa de la gestación. Calificada como histórica, la normativa fue debatida y sometida a votación en la Cámara de los Comunes (la Cámara baja), donde salió adelante con 379 votos a favor, frente a 137 en contra, y ahora continuará su trámite parlamentario en la Cámara de los Lores, hasta su votación definitiva antes de convertirse en ley.
Con la actual legislación, las mujeres pueden acudir al sistema de salud público en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales para interrumpir sus embarazos hasta la semana 24. También pueden abortar más allá de ese plazo, pero en circunstancias especiales, como cuando la vida de la madre está en peligro.
Sin embargo, la normativa está sujeta a la Ley de Delitos contra la Persona, vigente desde 1861, que tipifica que fuera de este plazo, las gestantes pueden ser acusadas de cometer un delito penal y ser condenadas a prisión perpetua, salvo en ocasiones puntuales en los que se constate que la vida de la madre esté en peligro.
En rigor, la enmienda que presentó la diputada laborista Tonia Antoniazzi, y ahora respaldada por la Cámara baja, busca modificar esa ley, para evitar que las mujeres sean investigadas, arrestadas, procesadas o encarceladas por interrumpir sus embarazos más allá del actual límite legal.
“Esta legislación sólo sacará a las mujeres del sistema de justicia penal porque son vulnerables y necesitan nuestra ayuda“, consideró. “¿A qué interés público sirve esto? Esto no es justicia, es crueldad y tiene que acabar”, puntualizó la británica.
Por qué pelean por esta modificación
Durante la pandemia de la covid, se implementaron cambios en ley: las mujeres podían solicitar píldoras abortivas a domicilio por el servicio de correspondencia y realizarse un aborto en sus propias casas dentro de las 10 semanas posteriores a la concepción.
Esta medida, no obstante, derivó en varias denuncias, con casos de mujeres que fueron procesadas por obtener ilegalmente píldoras abortivas y usarlas para interrumpir sus propios embarazos después de 24 semanas o más.
El debate por los cambios en la legislación no estuvo exento de polémicas. Al exponer sus argumentos, Antoniazzi señaló que casi el 99 por ciento de los abortos ocurren antes de que el embarazo llegue a las 20 semanas, y consideró que esto dejaba al 1 por ciento restante de las mujeres “en circunstancias desesperadas”. En vez de culpabilizarlas, pidió compasión. “Estas mujeres necesitan atención y apoyo, no criminalización”, sostuvo.
Por otro lado, los grupos antiabortistas se opusieron a las medidas, argumentando que abrirían la puerta al aborto a petición en cualquier fase del embarazo. “Los bebés no nacidos quedarán desprotegidos, y las mujeres quedarán a merced de los maltratadores”, afirmó Alithea Williams, responsable de políticas públicas de la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos, que se autodefine como el mayor grupo provida del Reino Unido.
Recientemente, hubo casos mediáticos que suscitaron nuevas discusiones en torno a la salud y derechos reproductivos. En un caso, una madre de tres hijos fue condenada a más de dos años de prisión en 2023 por inducir médicamente un aborto a los ocho meses de embarazo. Asimismo, en mayo, un jurado absolvió a otra mujer que abortó supuestamente pensando que estaba cursando un embarazo de 10 semanas, cuando en realidad iba por la semana 26.
