Semiautomáticas en el espejo: tiroteos masivos y las bandas criminales  | Las consecuencias en el mundo de la liberalización de armas de fuego

“Desvíos“: así llaman los especialistas en políticas de desarme al riesgo de que las medidas de liberalización de la tenencia legal de armas de fuego, como la que esta semana tomó el Gobierno de Javier Milei con las semiautomáticas, terminen provocando que se utilicen para usos letales en organizaciones narco-criminales o en casos de tiroteos masivos como los que, por ahora, parecen ser cosa de países lejanos. Buena parte de las resonantes masacres de Estados Unidos y otras naciones fueron perpetradas precisamente con armas semiautomáticas, con un poder de fuego y rapidez para disparar mucho más altos que las pistolas que hasta ahora se permitían para los legítimos usuarios. Para los especialistas, el Gobierno “está generando un combo muy peligroso” con sus políticas en torno al uso de armas en la población civil. 

A las 22.08 del 1 de octubre de 2017, el tirador Stephen Padock abrió fuego desde su habitación del Hotel Mandalay Bay, Las Vegas, contra la multitud que se encontraba en el festival de country Route 91 Harvest. Disparó alrededor de diez minutos seguidos para matar a 58 personas –59 incluido su suicidio– en el tiroteo masivo más mortífero de la historia de Estados Unidos, seguido por el perpetrado por Omar Mateen en junio de 2016 en la discoteca gay Pulse de Orlando, con 49 muertos –50, también incluido él, abatido por la policía–. Los dos casos fueron realizados con armas semiautomáticas o semiautomáticas modificadas por los atacantes para volverlas aún más dañinas. 

Son sólo dos ejemplos, los más letales, en la larga lista de masacres masivas que acumula Estados Unidos realizadas con este tipo de armas. Pero se puede ajustar todavía más el microscopio para mirar en detalle otros casos: en el tiroteo de la secundaria Sandy Hock de 2012 en Newton, Connecticut, el tirador Adam Lanza mató a 20 niños y 8 adultos utilizando, entre otras armas, una Bushmaster XM15-E2S calibre .223, semiautomática que hasta ahora aparecía en la clasificación legal de armas de fuego de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) argentina como de “uso exclusivo de las instituciones armadas“. 

En el tiroteo masivo de 2024 en Apalache, Georgia, con 4 muertos, y en 2018 en Parkland, Miami, con 17 muertos, los autores usaron semiautomáticas símil Colt AR-15, modelo que también aparecía en el mismo registro. Aunque restringido por decreto a un supuesto “uso deportivo“, todas esas armas símil fusiles, carabinas o subametralladoras pasarían a formar parte ahora de las habilitadas para que los “legítimos usuarios” puedan acceder a ellas legalmente. 

Los casos resultan todavía lejanos, pero Argentina tiene sus antecedentes en la cuestión. Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red Argentina para el Desarme, recuerda la Masacre de Patagones, con tres alumnos asesinados en 2004, o el caso de Martín Ríos, el “tirador de Belgrano” que mató a Alfredo Marcenac en 2006. Aunque no llegó a concretarse, a esto se le podría agregar el caso reciente del grupo de alumnos de entre 13 y 15 años que organizaron, vía Whatsapp, un tiroteo en su escuela de Ingeniero Maschwitz. “Uno
siempre quiere esperar que estas cosas no sucedan, que sean un fenómeno lejano, pero no se puede tener confianza ciega o simplemente dejarlo librado a la suerte, porque los países que tienen mayor tasa de homicidios son los que tienen mayor cantidad de armas circulando“, advierte el especialista en diálogo con Página/12.

“Con sus últimas medidas, el Gobierno está generando un combo muy peligroso: baja de 21 a 18 de la edad permitida para tenencia, cuando internacionalmente estos casos son cometidos por
personas jóvenes; un mensaje gubernamental en el que no hemos escuchado una sola palabra de advertencia sobre los riesgos
de las armas de fuego sino, por el contrario, la reformulación permanente de la frase ‘el que quiera estar
armado que ande armado‘ de Bullrich; a esto le sumamos la medida con las semiautomáticas en un contexto de crisis de salud mental, que es también un factor que facilita esta clase de tiroteos”, agrega Alfie, que señala que “parece un riesgo lejano hasta que un día pasa y nos
arrepentimos de haber borrado los controles que ya existían y que este Gobierno
sacó”.

Para Mariana Galvani, especialista en el área e integrante del Instituto En Foco de políticas sobre delito, seguridad y violencias, “cada vez que hay armas en una casa el peligro de dar muerte a alguien se acrecienta; si su uso se vuelve cotidiano, también puede pasar que a un pibe que le hacen bullying quiera vengarse y tenga a mano un arma de este tipo, porque es muy probable que en una situación desesperada alguien resuelva el conflicto de una manera violenta”. 

A la especialista le preocupa más, sin embargo, el problema en sí de la masificación de las armas en la población civil, y pone el ejemplo de países centroamericanos como Honduras: “En un viaje me pasó personalmente que nos dijeran que, si llegaba a haber un accidente de tránsito, no nos bajáramos del auto porque todo el mundo está armado y muy posiblemente el conflicto cotidiano se resuelva así“, cuenta. 

La cuestión se agrava más cuando entran a jugar grupos de crimen organizado, como en Haití, a la que Malvani califica como la nación del “anarcocapitalismo llevado a su máxima expresión“, con “tres o cuatro millonarios y el resto de la población pobre” y “bandas delincuenciales que toman sectores concretos de las ciudades“. El tema de los “desvíos” de los usos habilitados de las armas se vuelve entonces todavía más complejo: ¿cómo, quién y con qué capacidad se controla que alguien que adquiere las armas con supuestos “usos deportivos” no las utilice luego para tiroteos masivos u otros usos delictivos vinculados a los grupos organizados?

Alfie lo gráfica en detalle con un caso reciente ocurrido en Rosario: “Ante la alta circulación de armas de fuego de las organizaciones criminales para uso de sicariato, el año pasado un grupo de fiscales provinciales se pusieron a investigar y le pidieron a la ANMAC el listado de las personas que habían comprado armas de fuego legalmente en la ciudad. Se dieron cuenta que había personas que habían adquirido de a 20, 30 y hasta 40, y en un perfilamiento patrimonial aparecía gente con una situación económica precaria comprando una cantidad de armas muy por encima de su capacidad. Al allanarlos vieron que las armas ya no estaban en su poder: son los denominados ‘compradores de paja‘, una especie de testaferros utilizados por los grupos para obtener las armas”.

El director ejecutivo del Inecip advierte en este sentido que “si esto ya ocurría con las pistolas que estaban habilitadas, ahora el problema se va a agravar porque estamos hablando de armas mucho más letales“, y agrega que “toda arma ilegal fue en su origen legal, es decir que fue fabricada en una productora registrada y que se adquirió de forma legal y en algún momento de su vida útil se desvió para ir a parar al mercado ilegal”. Se trata de un mercado, además, con características diferentes a otros ilegales donde es más fácil montar estructuras de producción, como por ejemplo las cocinas de drogas: “Hoy la posibilidad de fabricar ilegalmente armas de fuego a
gran escala es muy restringida por las características técnicas, por lo que los grupos suelen buscarlas en el desvío de las armas legales”, señala Alfie. 

Galvani apunta que, más allá de todo esto, hoy Argentina “tiene una población bastante desarmada en términos generales y con una baja tasa de homicidios comparada con el resto de Latinoamérica, pero todas las políticas del gobierno parecen ir encaminadas a copiar lo peor que tiene la región en este punto”.