Una causa armada para perseguir opositores | Los presos políticos de Espert y Bullrich podrían seguir detenidos hasta la semana que viene

La Cámara Federal de San Martín será la encargada de revisar las detenciones que, tras allanamientos en modo show, concretaron la Policía Federal –bajo directivas de la ministra Patricia Bullrich– y la jueza Sandra Arroyo Salgado, por pedido del diputado José Luis Espert. Todo indica que los camaristas tomarían el lunes alguna decisión respecto del pedido de excarcelación de Alexia Abaigar, quien lleva ya nueve días presa. El legislador libertario, por lo pronto, le pidió a la magistrada que le niegue la libertad y eso fue lo que sucedió. Otras cuatro personas, tres de ellas mujeres, están encarceladas desde el miércoles. Les atribuyen haber participado en la colocación de un pasacalle frente a la vivienda del diputado José Luis Espert que lo calificaba como “mierda” y haber arrojado bosta en la vereda. Además de la apelación de la defensa de Alexia, pidieron participar en la causa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria Apuntan a la desmesura de los procedimientos y medidas y, en dos de los planteos, a cuestionar que se transforme una expresión política en delito.

Arroyo Salgado indagó este jueves hasta entrada la noche, en persona, a la concejala del Partido Justicialista de Quilmes Eva Mieri, a Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, detenidos el día anterior con un despliegue descomunal que en algunos casos incluyó allanamientos no sólo en sus casas sino en las de sus familiares. Es un gran enigma qué es lo que les quieren encontrar. Lo que tienen todos en común es la militancia peronista, igual que Alexia, que es funcionaria en el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Arroyo Salgado les imputó lo mismo que a Abaigar, según pudo saber Página/12. Son tres delitos: uno les atribuye formar parte de una “agrupación permanente o transitoria” que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”; otro, amenaza coactiva agravada (para “alarmar o amedrentar”); y, en tercer lugar, actos discriminatorios por incitar a la persecución o al odio a causa de ideas políticas. El primero es que el tiene la pena más alta, hasta ocho años de prisión.

Es casi un grotesco que todo esto sea por impulso de Espert, que ha hecho de la frase “cárcel o bala” su principal consigna contra opositores, además de utilizar el insulto como parte de su repertorio permanente contra quienes discrepan con sus ideas. El CELS recordó en su presentación ante la Cámara, que los hechos que dieron origen al expediente, junto a su casa en Beccar, ocurrieron el 17 de junio último, pocos días después de que el diputado dijera en una conferencia en la Universidad Católica Argentina (UCA): “Florencia Kirchner es una hija de puta, es una hija de una gran puta”. Eso le valió el repudio de parte del auditorio y tuvo que irse. “El escrache es una respuesta política, no delictiva”, señaló el CELS, que pide actuar como amicus curieae (amigo del tribunal), para poder hacer aportes jurídicos.

Cristina y Axel

En una publicación en la red social “X”, donde relataba y agradecía la visita de Lula, Cristina Fernández de Kirchner escribió: “Los ojos del mundo están viendo con atención como la Argentina vive una auténtica deriva autoritaria del a mano del gobierno de Milei; en lo que podemos identificar como terrorismo de estado de baja intensidad. Ayer mismo, pudimos ver cómo bullrich hizo detener a varias compañeras. Todas ellas mujeres, jóvenes, militantes. Lo hizo a pedido de José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen ‘cárcel o bala’, igual que lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo…”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que las detenciones de militantes peronistas “forman parte de la misma persecución política que condenó a Cristina” Fernández y reclamó “la inmediata liberación de todos los detenidos”. “Esto forma parte de un clima autoritario y de agresiones deliberadas a la democracia”, dijo. “Hay un desenfreno autoritario que se combate, pero hay que frenarlo con el voto”, remarcó. En un momento mencionó el método del gobierno de insultar y hostigar a artistas populares, científicos y periodistas y acotó: “Pero allanamientos a mitad de la noche están por fuera de una cuestión de comunicación, es escandaloso”.

Definiciones en puerta

Tanto la concejala Mieri, a quien Bullrich buscó humillar con un tuit donde puso su foto recién esposada, como el resto de los detenidos que fueron indagados, pidieron la excarcelación. Por ahora están alojados en la delegación de la Policía Federal de San Isidro. Primero dictaminará el fiscal Federico Iuspa y luego resolverá la jueza Arroyo Salgado. Ambos, en el caso de Alexia, opinaron que debía seguir detenida por supuestos peligros procesales, en especial de entorpecimiento de la investigación. Su reclamo de excarcelación ya está en la Cámara de San Martín, y no sólo apunta a cuestionar el núcleo de la causa y los planteos de supuestos peligros sino que Abaigar padece una enfermedad autoinmune pulmonar rara y progresiva, que puede derivar en un cuadro grave. Requiere una dieta específica y ambientes en buenas condiciones de higiene y ventilación que no generan peligro de infecciones. Debería tomar una medicación específica según las últimas indicaciones médicas.

Los camaristas que tratarán las apelaciones son Alberto Lugones y Néstor Barral, quienes resolverían los planteos vinculados a Abaigar el lunes próximo, según informaron a este diario fuentes con acceso a la causa.

Respecto de la patología de Alexia el Servicio Penitenciario Federal respondió una serie de consultas del juzgado y dijo que si bien se le puede garantizar la dieta y las consultas médicas periódicas, “en caso de iniciar tratamiento inmunosupresor (sirolimus)” –que Alexia ya tiene indicado y trámite de otorgamiento de la medicación– se recomienda evaluar condiciones extramuros, ya que el contexto carcelario podría no ser adecuado”. Es decir, el SPF dice que –en definitiva– no le puede garantizar la salud. Con informes médicos en este sentido se presentó la Procuración Penitenciaria, organismo que vela por los derechos de las personas privadas de la libertad, para que cuanto menos, se le conceda la prisión domiciliaria.

Su defensa –de la que participan Daniel Llermanos y Adrián Albor– reclama la excarcelación, y lo mismo plantea el CELS respecto de ella y el resto de las personas imputadas. “La señora Jueza realizó una errónea interpretación de las normas que regulan la libertad durante el proceso porque se fundó exclusivamente en hechos que estimó propios de un alcance de gravedad, cuando en realidad no excedieron de una manifestación política. La conducta fue interpretada de manera contraria al principio de inocencia”, planteó la defensa de la joven. Además sostuvo que se trata de una persona con arraigo, sin antecedentes. No sólo señala como insostenible el peligro de fuga sino que su carácter de funcionaria pueda se considerado como factor de entorpecimiento, para colmo en una pesquisa que se supone avanzada.

Se pregunta, por ejemplo, si el cargo hace a los peligros procesales, cómo es que el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo ni siquiera haya sido indagado. El caso tramita en otro juzgado, pero lo que se intenta mostrar es la persecución política. En la misma línea señala lo disparatados de los delitos que se quiere aplicar, cuando lo que existió (más allá de que la participación, además, no esté probada) es lo que se considera un “escrache”, que es una práctica política. Como contraejemplos ofrece una larga lista de insultos proferidos por Espert contra dirigentes políticos, entre ellos CFK.

El CELS señaló que “la acusación penal parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie. La calificación legal en la que avanzó el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro es forzada y desproporcionada. Al mismo tiempo el rechazo a la excarcelación tampoco cumple con los requisitos legales que se exigen para dictar la prisión preventiva”.