Escándalo por ingreso de valijas sin control a Argentina en vuelo proveniente de EEUU

El 26 de febrero de 2025, un avión privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La aeronave, identificada con matrícula no registrada oficialmente por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), transportaba a una pasajera, Laura Belén Arrieta, y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Según una investigación preliminar impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), durante ese ingreso al país se habrían producido una serie de irregularidades vinculadas con controles migratorios y aduaneros.

El vuelo en cuestión partió del aeropuerto de Opa-locka, en Florida (KOPF), aunque la documentación presentada indicaba que el origen era Fort Lauderdale (KFLL). A bordo del avión viajaban diez valijas, aunque solo cinco fueron declaradas ante las autoridades. La diferencia fue señalada en un dictamen fiscal de 60 páginas al que tuvo acceso el canal Todo Noticias (TN), medio que también difundió imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Estas imágenes mostraron cómo tanto la pasajera como los tripulantes descendieron del avión y fueron escoltados por personal de la Aduana, sin pasar por los escáneres ni realizar el procedimiento de control de equipaje obligatorio para todos los vuelos internacionales. En el video se observa cómo se reconduce a los pasajeros directamente hacia la salida, a diferencia del resto de los viajeros internacionales que sí fueron revisados.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó informes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la empresa Royal Class y a la Aduana, además de requerir el registro visual completo del procedimiento en pista, salas y pasillos de ingreso. En paralelo, se pidieron declaraciones a los funcionarios intervinientes en la operación.

Qué se sabe del jet privado vinculado a asesores del Gobierno que evadió controles

El dictamen señala que las acciones llevadas a cabo por el personal aduanero constituyeron una “decisión expresa y directa” de facilitar el ingreso de las personas a bordo sin los controles de rutina. También se observó que no existía, al momento del arribo del vuelo, un nivel de saturación operativa que justificara un tratamiento diferenciado.

La pasajera, Laura Belén Arrieta, figura en registros como gerente de operaciones corporativas de la empresa OCP TECH. En las imágenes del 26 de febrero se la ve entregando un teléfono móvil a una agente aduanera, quien asiente con un gesto, lo que fue incluido por el Ministerio Público Fiscal como un punto de interés en la causa, al considerar que puede constituir un posible canal informal de comunicación o coordinación previa.

El avión en cuestión permaneció en territorio argentino hasta el 5 de marzo. En ese lapso, no se registraron controles continuos de la aeronave ni de su contenido mientras estuvo en el hangar de Aeroparque. Desde Royal Class aseguraron que no hubo ingresos a la aeronave durante su estadía en el país. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal reportó que las grabaciones de la Policía Federal presentan fragmentos con huecos temporales, donde no se puede verificar si efectivamente se mantuvo la seguridad de la aeronave en todo momento. Tampoco consta un procedimiento formal de sellado del avión.

En su salida, la documentación migratoria nuevamente presentó inconsistencias. El vuelo figuraba con destino a Fort Lauderdale, pero se dirigió en realidad a París, Francia, con una escala en Tenerife Sur, Islas Canarias. A la tripulación inicial y a Arrieta se sumó en esta ocasión Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP, quien había arribado previamente al país a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La investigación en curso apunta a determinar si hubo contrabando o alguna otra figura penal aplicable, a partir del presunto ingreso de equipaje sin declarar ni controlar. En particular, los fiscales pusieron el foco en la diferencia entre las valijas documentadas por el sistema y las que aparecen en las imágenes del operativo de arribo. También se solicitó avanzar con la identificación de la agente aduanera que recibió el teléfono de Arrieta y de otros funcionarios presentes durante la maniobra.

La desmentida del Gobierno

El caso cobró notoriedad pública luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refiriera a la situación en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada. Allí, negó que se hayan cometido irregularidades. “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, afirmó. Las declaraciones fueron realizadas tras la publicación de las imágenes por parte de TN.

Sin embargo, el dictamen de la Procuraduría y las grabaciones difundidas por el medio contradicen esa versión oficial. La evidencia recolectada indica que no se siguieron los procedimientos de control establecidos y que existió una facilitación directa por parte del personal aduanero involucrado en el operativo.

A su vez, desde el Ministerio Público Fiscal se identificaron falencias en el sistema de control migratorio, a partir de la documentación errónea tanto al ingreso como al egreso del país. También se destacó la falta de registro de la aeronave por parte de la ANAC, lo cual constituye una anomalía administrativa que deberá ser aclarada por el organismo competente.

En este contexto, los fiscales del caso solicitaron una ampliación de las declaraciones de los tripulantes, la pasajera y el nuevo integrante del vuelo de salida, además de los registros internos de la empresa Royal Class sobre la carga transportada en ambos trayectos.

El avión utilizado pertenece a Royal Class, firma de transporte aéreo que, según registros comerciales, tiene como propietario a Leonardo Scatturice. Este empresario ha sido mencionado en distintas oportunidades por su cercanía con el actual Gobierno. Diversas fuentes lo vinculan con tareas de asesoramiento en la órbita de Santiago Caputo y con funciones de enlace del presidente Javier Milei con organizaciones y figuras internacionales como Donald Trump y la Conservative Political Action Conference (CPAC).

El avance de la causa judicial dependerá ahora de las nuevas medidas probatorias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, entre ellas el análisis técnico de los registros fílmicos, la revisión documental completa de la operación aérea, y la posible citación de funcionarios de Aduana, PSA, ANAC y Migraciones que intervinieron en los procedimientos. Hasta el momento, no se han presentado imputaciones formales. La investigación se encuentra en etapa preliminar, con foco en esclarecer si existieron delitos vinculados a contrabando, incumplimiento de deberes de funcionario público o falsedad documental.