Imputaron a cinco mujeres por estafa: ofrecían facilitar acceso a viviendas del IPV

En instalaciones de los tribunales penales del barrio Roca, se realizó hoy la audiencia de apertura de investigación preparatoria de juicio, por el delito de estafa, contra Vanesa Fita, María Curán, Lucía Miranda, Gisela Mansilla y Camila Páez.

El acto estuvo presidido por el juez penal, Alejandro Soñis; por la Fiscalía estuvo presente el fiscal general, Martín Cárcamo y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán; la defensa de María Curán fue ejercida por el abogado particular, Guillermo Iglesias; la de Miranda, Mansilla y Paez, por María de los Ángeles Garro, abogada de la Defensa Pública y la de Fita por Vanesa Vera y Luciana Risso, abogadas de la Defensa Pública.

Asimismo, estuvieron presentes, unos quince damnificados que decidieron presenciar la audiencia.

En primera instancia, el fiscal pasó a relatar los hechos a investigar ocurridos entre abril de 2023 y febrero de 2024, cuando Vanesa Fita, simulando ser intermediaria y organizadora de una cooperativa, aprovechando la necesidad habitacional, ofreció a los damnificados la adjudicación y adquisición de viviendas del IPV, construídas o próximas a construirse, sin autorización del organismo, y mediante contactos telefónicos, les solicitó el depósito de 100 mil pesos, 80 mil eran supuestamente para el IPV y 20 mil para el tendido eléctrico. Siendo depositadas las sumas a cuentas que tenían como titulares a Fita y Páez.

Los comprobantes eran enviados vía WhatsApp a grupos creados por Fita, donde se remitía información de los supuestos planes de viviendas a los que accederían ubicados en distintos puntos de la ciudad y se giraba documentación familiar y personal de los solicitantes.

También se convocó a reuniones presenciales para informar sobre el acceso a la vivienda y avances, y ante el crecimiento en cantidad de solicitantes, se incorporó a Miranda, Mansilla y Curán como coordinadoras y referentes de los grupos creados, quienes mantenían vigente el engaño y captaban interesados, pactando nuevas reuniones bajo supervisión de Fita, concretándose tres reuniones.

De acuerdo al relato Fiscal, hubo al menos 594 casos, adquiriendo mediante la estafa, 59,4 millones de pesos, solicitando que Fita sea imputada por estafa en 594 casos, en calidad de autora y Miranda, Mansilla, Curán y Paez, como partícipes necesarias del delito de estafa. Además se indicó que se formularon 160 denuncias y que Fita solicitaba reserva a los damnificados y reserva respecto a las vinculaciones con funcionarios de orden local y provincial.

Inicialmente, el delito comienza con una publicación en redes sociales, donde se ofrecían gestiones y adjudicaciones a las viviendas del IPV, iniciando así el ardid delictivo y tras ciertos plazos incumplidos comenzó la intranquilidad, llevando su reclamo al Concejo Deliberante, y a partir de allí se hizo la denuncia primera que luego desnudó la estafa perpetrada.

Cuestionamientos por parte de la defensa

Iglesias, defensor de Curán, señaló que la explicación no se condecía con el relato del hecho, y que no se supiera precisar si Curán en su función de coordinación tenía conocimiento de la maniobra defraudadora que existía detrás o si bien, continuaba sin saberlo con el objetivo de acceder a su vivienda. Así como indicó que los fondos que recibía eran girados inmediatamente a Fita, señalando que también fue víctima del delito, y no partícipe necesaria, rechazando lo indicado por la fiscalía, dado que también abonó los 100 mil pesos para poder tener su vivienda. “No puedo reclamar a alguien una acción o imputar cuando yo soy el que la provoca” deslizó.

Vera, defensora de Fita, manifestó que se desconoce la vinculación que su defendida dijo tener con los funcionarios y cuál era el contenido de dicha simulación, precisando que “los fundamentos no fueron suficientes” y que “no se dijo el contenido de los mensajes o qué hacía si era presidenta de la cooperativa, con quién tenía contacto, me veo impedida de hacer una defensa adecuada, acompaño el argumento de Iglesias, y veo un solo hecho que puede ser imputado”.

En tanto, Garro, defensora de Miranda, Mansilla y Páez, adhirió a los dichos de sus defendidas y dijo que la fiscalía no contaba con los elementos suficientes para avanzar en la apertura de investigación. “La investigación no es seria, hay que investigar para imputar” afirmó y destacó que si se ampliara la información no habría tantas consultas.

Imputadas

Pese a los planteos de los defensores, el juez Soñis, autorizó la apertura de investigación preparatoria de juicio contra las cinco imputadas por el delito de estafa en calidad de autora para Fita, y como partícipes necesarias para Curán, Miranda, Mansilla y Páez. Así como indicó que en el plazo de 30 días debe girarse toda la información colectada a la defensa, y solicitó que se informe a la Unidad Regional de Policía, sobre la concreción de rondines en los domicilios de las imputadas, al aducirse desde la defensa que están siendo amenazadas, pidiendo además a los damnificados evitar entorpecer la causa y evitar el contacto.