El Gobierno avanza en la privatización de Corredores Viales S.A. y la concesión de rutas nacionales
Esta medida forma parte de un plan más amplio que busca transferir al sector privado la gestión de más de 9.000 kilómetros de caminos que concentran el 80% del tránsito a nivel nacional.
La estrategia gubernamental apunta a la implementación de un modelo de obra pública por peaje, donde las nuevas concesionarias asumirán la ejecución y mantenimiento de las rutas a cambio del derecho a cobrar peajes. En este contexto, durante la conferencia encabezada esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se detalló que llevarán a cabo audiencias públicas en las próximas semanas para definir los términos de las concesiones y establecer el esquema tarifario que regirá en el futuro.
Según datos oficiales, en el inicio de la actual gestión, el 45% de la traza operada por Corredores Viales se encontraba en un estado deficiente o crítico, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% en relación con la tarifa técnica. Además, la empresa registró en 2023 un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por 268.000 millones de pesos, lo que obligó a una asistencia del Tesoro Nacional por 301.000 millones de pesos.
La licitación de rutas y el nuevo esquema de concesión
El proceso de privatización estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Transporte, que lanzó el programa Red Federal de Concesiones para licitar 9.145 kilómetros de rutas distribuidos en trece tramos. Entre los corredores a concesionar se encuentran tramos clave de rutas nacionales, como la RN 34, RN 9, RN 12, RN 16 y RN 7, entre otras.
Uno de los primeros procesos licitatorios será el de la denominada “ruta del Mercosur”, con una extensión de 670 kilómetros, la cual ha sido operada por la empresa CRUSA durante los últimos 30 años. En total, se prevé la adjudicación de 8.470 kilómetros de rutas que actualmente gestiona Corredores Viales, además de otras que no estaban concesionadas hasta el momento.
Corredores Viales S.A. administra actualmente casi 6.000 kilómetros de autovías en distintas provincias del país, incluyendo Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además del Acceso Riccheri en la Ciudad de Buenos Aires.
Tarifas y condiciones de las concesiones
El esquema de privatización prevé que las empresas que se adjudiquen la concesión de los corredores viales sean aquellas que ofrezcan la menor tarifa de peaje para los usuarios. Sin embargo, el Estado no percibirá cánones ni otorgará subsidios a las compañías concesionarias.
A pesar de la privatización, los precios de los peajes se mantendrán en los niveles actuales hasta que se garantice un estándar óptimo de transitabilidad en las rutas concesionadas. Entre las condiciones exigidas se incluyen el estado de bache cero, la correcta señalización y la iluminación adecuada. A partir del segundo año de concesión, las tarifas se actualizarán trimestralmente mediante fórmulas indexadas con diversos índices del INDEC.
Una privatización en el marco de la Ley de Bases
La empresa Corredores Viales S.A. forma parte del grupo de compañías estatales sujetas a privatización según el artículo 7 de la Ley de Bases, junto con Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A. Desde el Gobierno argumentan que la existencia de Corredores Viales generaba una duplicación de funciones con la Dirección Nacional de Vialidad, lo que justificaba su traspaso al sector privado.
El proceso de privatización de la red vial nacional avanza en un contexto de reformas estructurales impulsadas por la administración de Javier Milei, con el objetivo de reducir la participación estatal en sectores clave, intentando promover el desarrollo de infraestructura a través de inversiones privadas.
