Perú: Boluarte apuesta a la mano dura y saca los militares a la calle | El gobierno declaró la emergencia en Lima y en Callao

Desde Lima

Frente al incremento de la delincuencia, con niveles de asesinatos nunca antes vistos, el cuestionado gobierno de Dina Boluarte apuesta a la mano dura y a sacar a los militares a la calle. Ha declarado el estado de emergencia en Lima y su vecina provincia del Callao, donde viven más de la tercera parte del país. Una decisión tomada después del asesinato el fin de semana de un popular cantante de cumbia, uno más en la ola de crímenes producto de la extorsión a pequeños y medianos empresarios, transportistas, artistas, colegios y otros, para que paguen a cambio de protección. También ha propuesto restaurar la pena de muerte. La declaración del estado de emergencia se da en medio de una grave crisis del gobierno y los crecientes cuestionamientos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya continuidad se hace insostenible.

Cabeza de un gobierno de restauración conservadora y autoritaria, con un importante respaldo e influencia de los defensores de la dictadura fujimorista de los años noventa, Boluarte tiene como única respuesta apostar a la mano dura. Jugando la carta del populismo de mano dura espera calmar la indignación ciudadana por la creciente inseguridad y bajar las críticas por su incapacidad para enfrentar la ola delictiva. Es una receta que ya ha ensayado antes, sin éxito para controlar el crecimiento de la delincuencia. Es notoria la falta de una estrategia seria del gobierno para enfrentar el avance de la delincuencia.

Luz verde para prohibir la protesta social

El estado de emergencia implica darle poder a las Fuerzas Armadas para que asuman funciones policiales, y la suspensión de derechos y garantías ciudadanas fundamentales. Con esta medida, las fuerzas militares y policiales pueden detener a cualquier ciudadano y entrar a una vivienda para un allanamiento sin necesidad de una orden judicial. También se restringen las libertades de tránsito y de reunión. Medidas que, con la excusa de combatir la delincuencia, le dan al gobierno las armas para prohibir protestas sociales y luz verde para reprimirlas violentamente si se llegaran a dar, algo que el gobierno ya hizo con un saldo de medio centenar de muertos por la represión a las movilizaciones sociales de fines de 2022 e inicios de 2023.

La propuesta de reinstaurar la pena de muerte, además del populismo autoritario para buscar apoyo entre una población desesperada por la creciente inseguridad ciudadana, se enmarca dentro de una campaña del gobierno y sus aliados de la derecha para retirar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la restauración de la pena de muerte. Reponerla implicaría que el país se salga de este pacto y eso es lo que buscan el gobierno y sus aliados de la derecha. Combatir la delincuencia es la excusa. Boluarte ha sido acusada por la Coordinadora Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la represión a las protestas sociales que dejó medio centenar de muertos y busca eludir a la justicia internacional saliendo del sistema interamericano de derechos humanos. La derecha, con el fujimorismo al frente, defiende a los represores acusados de violaciones a los derechos humanos y repudia a la CIDH y a la Corte Interamericana.

Las extorsiones y el sicariato han alcanzado niveles sin precedentes en el país bajo el régimen de Boluarte. Según datos oficiales, entre el primero de enero y el 13 de marzo de este año se han registrado 444 asesinatos. Esto implica un incremento del diez por ciento respecto al mismo periodo en 2024, hasta ahora el año más sangriento por la acción de la delincuencia, con 2011 asesinatos. En 2024, en el cual el gobierno ya declaró por varios meses el estado de emergencia con el argumento de combatir la delincuencia, los asesinatos se incrementaron en 34 por ciento respecto a 2023. Bajo el régimen de Boluarte y sus propuestas de mano dura, hay un aumento sostenido de la delincuencia y del índice de asesinatos.

La última víctima de las bandas de extorsión y sicariato ha sido el popular cantante Paul Flores, líder del grupo musical Armonía 10. La popularidad de esta agrupación le ha dado una especial repercusión a este nuevo asesinato. Flores fue asesinado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo cuando, junto a una veintena de músicos y técnicos, iba en el bus de la agrupación musical para tocar en una fiesta. Un sicario en moto disparó contra el bus, impactando al cantante. Se han hecho comunes los asesinatos de este tipo contra quienes no pagan cupos por protección a las bandas criminales.

Con la muerte del popular cantante, todas las miradas apuntaron al gobierno y a su ministro del Interior. Boluarte, agobiada por reiteradas denuncias de corrupción y un rechazo ciudadano que supera el 90 por ciento, respondió con su vieja y fallida receta de la mano dura. De una estrategia seria, nada. El ministro Santiváñez, que en diez meses de gestión carga 1800 asesinados por la criminalidad, todo un récord de incompetencia, salió a decir, como quien vive en una realidad paralela, que su labor era exitosa, que había avances en la lucha contra la delincuencia.

Los cuestionamientos a la gestión de Santiváñez vienen de tiempo atrás -a la incompetencia para combatir la creciente delincuencia, se suman denuncias de corrupción y sus acciones para boicotear las investigaciones fiscales a la presidenta Boluarte, como desactivar el equipo policial que apoyaba esas investigaciones-, pero se ha sostenido en el cargo por la protección que le han vendido dando en el Congreso los aliados de Boluarte, una mayoría parlamentaria formada por agrupaciones de derecha y ultraderecha, con el fujimorismo como fuerza principal. Por el impacto en la opinión pública del asesinato del popular cantante, estas agrupaciones han decidido soltarle la mano al ministro.

El fujimorismo, ahora en contra del ministro

Hace semanas la minoría opositora busca censurar al ministro Santiváñez, pero no podía obtener las firmas necesarias para presentar la moción de censura. Les faltaba una firma, no para aprobar la censura, sino para debatirla. Después del asesinato del músico, lograron esa firma y el lunes presentaron la moción de censura. Repentinamente, la ultraderechista Renovación Popular anunció una segunda moción de censura. El partido fujimorista Fuerza Popular, hasta ahora sólido defensor del ministro Santiváñez y principal sostén del régimen de Boluarte, también ha dejado ver su oportunismo pidiendo ahora la renuncia del ministro que tanto ha defendido y anunciando que si no lo hace apoyarían una censura.

Con este cambio y sus malabares verbales para presentarse como críticos del ministro al que defendieron hasta ayer, la derecha aliada del gobierno busca evitar, o disminuir, el costo electoral -tienen la mira en las elecciones generales de 2026- de seguir protegiendo a un ministro repudiado e insostenible. La censura se verá en los próximos días. Las horas del ministro parecen contadas.