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Estafas con viviendas del IPV: peritos de Buenos Aires extrajeron información de celulares secuestrados


Continúa avanzando la investigación preparatoria de juicio contra Vanesa Fita y otras cuatro mujeres por estafas con viviendas del IPV. Mientras que la autoría de Fita es clara, resta definir la situación procesal de las restantes partícipes. El fiscal a cargo confirmó que se ha analizado evidencia e incluso se extrajo información de celulares a partir de la colaboración de peritos de Buenos Aires.

El 5 de febrero del corriente, Vanesa Fita -hermana del actual presidente del PJ provincial y diputado- , Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curán y Camina Páez, fueron imputadas por delitos de estafa cometidos entre abril de 2023 y febrero de 2024, resultando 594 personas damnificadas. Recibían pagos por “facilitar” el acceso a la vivienda, pero nunca entregaban las mismas.

Fita fue imputada en aquel momento por estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real en calidad de autor, mientras que las restantes como partícipes necesarias.

Dos años después, la investigación sigue su curso, y con avances en lo que refiere a la evidencia.

Sobre la causa, el fiscal general, Martín Cárcamo, expresó: “en concreto la investigación sigue su curso, se encuentra dentro del plazo de etapa preparatoria, cuyo vencimiento opera el día 5 de agosto de este año”, y añadió: “respecto a Vanesa Fita, la evidencia continúa indicando que hay pruebas en cantidad y calidad suficiente para formular una acusación pública, y resta resolver en definitiva la situación procesal de los restantes partícipes de la maniobra, las personas a las que les fueron atribuidas en su momento, la participación en la comisión de estas 594 defraudaciones. Estamos trabajando en eso”.

Fiscal general Martín Cárcamo

Así, destacó: “tratamos de resolver esa situación, a los fines de establecer con precisión cuál es la conducta que cada una de estas partícipes ha llevado adelante. Hasta el momento, la evidencia indica que culminará con una acusación pública, al menos en lo que respecta a una de las coimputadas, la señora Vanesa Fita”.

Tras la apertura de la causa, el fiscal manifestó que no se recibieron nuevas denuncias y subrayó: “particularmente, previo a la formalización de la imputación, hubo un tiempo importante de investigación, las denuncias se recepcionaron en ese momento y bajo esos términos, con la información que se obtuvo en aquella oportunidad, que resultó suficiente para poder establecer el universo de damnificados”.

Del mismo modo, sobre la posibilidad de que surgieran nuevos imputados en la causa, Cárcamo afirmó: “en principio descartamos la posibilidad de investigar más imputados porque la maniobra, de acuerdo a lo que se viene señalando e indica la evidencia, es la autoría material e intelectual puesta en cabeza de la señora Fita, con la participación o con colaboración de otras cuatro mujeres que cumplieron diversos roles. En definitiva, con esa imputación queda cubierta completa toda la secuencia fáctica de lo que implica la maniobra”.

Además, planteó sobre Fita: “ella está en calidad de autora material y una posibilidad de resolver la situación de las restantes partícipes, es atribuirle también la autoridad mediata en este punto, respecto a la actuación de estas otras cuatro personas”.

Sobre la pena en expectativa, el fiscal refirió: “por las reglas del concurso, será eventualmente una escala penal prevista en abstracto de 1 a 50 años y después naturalmente, cuando se formula la acusación pública, tendría que efectuar una estimación provisoria de eso, que estimo y descuento que será de cumplimiento efectivo”.

En cuanto al perjuicio económico causado a los damnificados, relató: “hemos podido determinar que ha superado los 59 millones de pesos, y hay mucha información vinculada con el medio o el modo que se utilizó, que fue servicios de mensajería vía WhatsApp. Se ha logrado recuperar muchísima información que han aportado los damnificados, y es una tarea de análisis que lleva su tiempo”.

Finalmente, subrayó: “vale destacar que por caso, en atención a las características de los equipos de telefonía que fueron secuestrados al inicio de la investigación, fue necesario recurrir a la colaboración judicial del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante de los peritajes y la extracción de la información”.

 





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