qué dice el proyecto del Gobierno y por qué se opone la Iglesia
Desde el último debate sobre el Régimen Penal Juvenil en Diputados, en octubre del 2024, el escenario no se modificó: los especialistas se oponen a una reforma, pero existe un consenso generalizado entre el oficialismo y sus aliados para concretar la baja de imputabilidad de 16 a los 14 años. Esos acuerdos avanzaron este martes en forma de dictamen de mayoría con 77 firmas de respaldo. Aún así, movimientos en el PRO, el peronismo e incluso de la Iglesia generaron incertidumbre a minutos del plenario de comisiones.
El primer impacto fue el movimiento de Patricia Bullrich desde el PRO hacia La Libertad Avanza (LLA). En coro, muchos miembros del espacio creado por Mauricio Macri ratificaron su pertenencia al bloque, que aún parece estar exento, pese al duro comunicado orgánico contra la “reputación” de la ministra, de los resquemores del partido. En Diputados los fieles a la ministra y al Presidente de la Nación -un grupo minoritario pero intenso- conservó un bajo perfil en el plenario de comisiones y respaldó el dictamen: nadie del PRO ni de LLA tomó la palabra en el debate, aunque celebraron la mayoría en sus redes sociales.
La importancia de Bullrich también radica en que el equipo técnico del Ministerio de Seguridad fue el encargado de darle forma y fluidez a los pedidos de reformas de algunos bloques considerados dialoguistas, que terminaron de apoyar la iniciativa con discursos de contención estatal a los adolescentes en conflicto con la ley, diagnósticos antagonistas con el lema “El que las hace, las paga” de Casa Rosada. “Este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con el que mandó el Poder Ejecutivo”, se quiso convencer, por caso, Fernando Carbajal, radical de Democracia para Siempre. Dos modificaciones le dan cierta razón: se pasó de 13 a 14 en la edad de imputabilidad y de 20 a 15 años las penas máximas.
Dentro del peronismo tomaron una medida en la previa al encuentro. Conociendo la posición de tres diputados referenciados con el Frente Renovador, cuya postura histórica adhiere a la baja de imputabilidad, les quitaron su lugar de representación en las cuatro comisiones involucradas en el plenario. “Lo que se vea hoy en la comisión no será lo mismo que en el recinto”, le dijo uno de esos legisladores a Ámbito, anticipando que votarán a favor del Régimen Penal Juvenil oficialista en una eventual sesión, de la que aún no hay fecha. “Quiero ver las disidencias primero para convocar”, comentó Laura Rodríguez Machado (PRO), titular de la Comisión de Legislación Penal, aunque aseguró que impulsará su tratamiento. A la vinculación entre seguridad y punitividad que se exalta en épocas electorales, existe otro factor influyente: el pedido directo de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
Sin embargo, el punto verdadero de disidencia era la baja de imputabilidad, dado que una serie de proyectos apuntaron a modificar el Régimen Penal de Minoridad sancionada por decreto por Jorge Rafael Videla: sus coincidencias están en incluir penas alternativas al encierro y regímenes restaurativos. El escenario quedó, entonces, con cuatro dictámenes. El de mayoría (firmados por LLA, PRO, UCR, Democracia para Siempre, provincialistas y Coalición Cívica), el de Unión por la Patria (segundo más firmado), el disidente de Encuentro Federal (con rúbricas de Massot, Stolbizer y De la Sota, con pocas variantes del peronista) y el del Frente de Izquierda (de rechazo a cualquier reforma).
El rol de la Iglesia
En la cuenta regresiva del tratamiento del proyecto, tomaron un rol más activo autoridades de la Iglesia Católica, que pasaron de prédicas insinuantes en fechas especiales a tener un rol más enérgico -y directo, con llamados telefónicos- en contra de la baja de imputabilidad. “Se ha puesto a jugar García Cuerva directamente”, le dijeron a Ámbito. ¿Su intención? La postergación del debate, para que exista una reforma que les permita ser incluidos -principalmente, a los que cotidianamente abordan territorios suburbanos- en las intervenciones del plenario, para que brinden sus posturas acerca del alcance de problemáticas de los jóvenes en conflicto con la ley.
Como el período de debates concluyó en octubre de 2024, las autoridades del plenario le dieron la oportunidad de exponer sus argumentos en un espacio legislativo. La fecha estipulada terminó siendo un día después de la muerte del Papa Francisco y a la convocatoria acudieron obispos, autoridades de instituciones académicas y de caridad de la Iglesia y altas jerarquías. El tono de los interventores, según puntualizaron diputados que asistieron a la reunión -que se dio en simultáneo al homenaje al sumo pontífice-, no mantuvo la protocolar templanza eclesiástica.
Existe una genuina preocupación que podrá replicarse en las próximas instancias de tratamiento, dado que el proyecto tiene que votarse en una sesión y pasar a dictaminarse en el Senado, antes de elevarse también a ese recinto. “Parece que todos ahora sintieron el llamado de la fe”, ironizaron desde el oficialismo, en donde relativizaron que el rechazo al proyecto sea de toda la Iglesia Católica y consideraron que sólo fue de los sectores de tendencia más progresista. Victoria Tolosa Paz, apuntada como uno de los nexos entre la institución religiosa y el espectro legislativo, le señaló a Ámbito que la iniciativa del catolicismo será transversal: “Están viendo algo que el Gobierno no”.
Victoria Tolosa Paz Emocionada
Mariano Fuchila
Régimen Penal Juvenil: puntos principales
A la espera de la incorporación de las observaciones que realizaron los dialoguistas en sus firmas por disidencia, la redacción del proyecto de Régimen Penal Juvenil del Ejecutivo cuenta con los siguientes puntos:
- Baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
- Pena máxima de 15 años de prisión.
- Sistema escalonado de sanciones: se deben atravesar medidas alternativas de condena para delitos de menor gravedad. Entre las sanciones, se prevé: inclusión en programa educativo, tratamiento psicológico, servicio comunitario, reparación del daño, restricción del contacto con la víctima, monitoreo electrónico.
- Privación de libertad: sólo para delitos graves, con la posibilidad de sustitución parcial después de cumplir dos tercios de la condena. Los adolescentes serían alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.
- Medidas restaurativas: se contempla y se insta a la mediación penal juvenil, voluntaria y confidencial, para delitos con penas de hasta seis años. Se puede, además, suspender el juicio a prueba en caso de delitos inferiores a los tres años.
- Servicios para la víctima: acceso a asistencia psicológica desde el inicio del proceso y a patrocinio jurídico.
- Infraestructura: se establecen 180 días para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, desde su promulgación. Sin embargo, se propone su implementación una vez que estén concretadas las instalaciones apropiadas para contener a los jóvenes.
