Un ídolo de Boca y su hijo van a juicio acusados de una estafa inmobiliaria

El presente de Alberto “Beto” Márcico dista mucho de aquellos años de esplendor deportivo en los que fue figura de Ferro en los años 80, ídolo de Boca Juniors tras su paso por el fútbol francés en el Toulouse, para luego cerrar su carrera profesional en Gimnasia y Esgrima La Plata. Hoy, el exfutbolista enfrenta un proceso judicial por presunta estafa inmobiliaria junto a su hijo Lucas Márcico.

Ambos están acusados de haber comercializado en forma duplicada unidades habitacionales y locales comerciales en desarrollos ubicados en dos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque intentaron evitar el juicio solicitando la suspensión del proceso penal mediante una probation -ofreciendo una compensación económica-, su propuesta fue rechazada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1, debido al rechazo unánime de las querellas y del Ministerio Público Fiscal. Fuentes que presenciaron la audiencia, realizada por Zoom, calificaron la suma ofrecida como “totalmente irrisoria”.

Como resultado, padre e hijo deberán enfrentar un juicio oral, en el cual varias de las partes damnificadas planean solicitar penas de prisión efectiva. El caso se basa en 22 cargos por defraudación mediante desbaratamiento de derechos acordados y 15 casos de estelionato, es decir, la venta de bienes ajenos. Además, la justicia penal sigue investigando una posible asociación ilícita en la que ambos están implicados.

La propuesta del exfutbolista de Boca y la respuesta de los querellantes

Durante la audiencia, las defensas presentaron una propuesta de resarcimiento total de u$s295.000, dividida entre los querellantes. Según detalló el abogado Gabriel Palmeiro, defensor de Lucas Márcico, la mayor parte del monto –u$s180.000– estaba destinada a Marta Zulema Rondinella, quien había invertido en 16 departamentos y seis cocheras. El pago se realizaría en 23 cuotas (22 pagos de u$s7.800 dólares y uno de u$s8.398).

Martín Herrera, exarquero de Boca y comprador de cinco unidades más un local, recibiría u$s100.000 en 23 cuotas similares. Los restantes u$s15.000 serían repartidos entre cinco afectados adicionales que tienen boletos de compraventa y posesión, pero aún no pueden escriturar las propiedades.

Palmeiro defendió el plan de pagos argumentando que “esta división en cuotas entendemos que no genera merma alguna en cada uno de los interesados, razón por la cual puede tomarse ese monto global a los efectos de ese ofrecimiento en los términos de la suspensión del juicio a prueba como absolutamente valedero, lógico y con la mantención del valor para cada uno de ellos”.

A esa posición se sumó Martín Ezequiel Villar, abogado del exjugador de la selección nacional, quien agregó: “el ofrecimiento se ajusta a las posibilidades reales del señor Márcico”.

Sin embargo, los representantes legales de las víctimas fueron contundentes en su oposición. Claudio Caffarello, abogado de Rondinella, criticó duramente el plan de pagos, aludiendo a una oferta previa superior en condiciones: “Recordemos que el primer ofrecimiento fue de u$s180.000, pero en 18 cuotas, y no en 23, como ahora. Recordemos también que al comienzo del proyecto Rondinella adquirió unidades por u$s750.000“. Cuestionó también la confiabilidad del cumplimiento del pago: “¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas?“, y remarcó que aceptar esa propuesta “es admitir o permitir que los Márcico hicieran con el dinero recibido lo que quisieron”.

Por su parte, Yael Jaifetz, representante de Martín Herrera, rechazó tajantemente el ofrecimiento: “Es darles un beneficio de pagar un 10% en cuotas, lo que no consentimos bajo ningún punto de vista, por lo que rechazamos el ofrecimiento”.

Las burlas del Beto Márcico y su hijo hablando en francés a una damnificada

Julián Subías, abogado de otro grupo damnificado, fue aún más explícito: “El ofrecimiento de 3000 dólares en una cuota no satisface en lo más mínimo el daño causado a mis mandantes“. Detalló que sus representados llevan 25 años luchando por la propiedad: “Por más que tengamos la posesión, ellos no compraron la posesión, compraron un departamento y no lo tienen. La última hipoteca tuvieron que ir a levantarla ellos mismos; debieron pagar más de 50.000 dólares para que no los saquen de la casa”.

Subías también relató un hecho ocurrido durante una audiencia en una escribanía, cuando los Márcico -padre e hijo- comenzaron a hablar en francés creyendo que su interlocutora no entendería. “Se estaban burlando de ella”, denunció el letrado, y concluyó: “Estoy esperando que se haga el juicio para que tengan una prisión de efectivo cumplimiento, que es lo que se merecen después del sufrimiento de tantas víctimas”.

Otros representantes, como Mariano Ricci (por Beatriz Marana), y Jorge Rubinska, coincidieron en que el monto ofrecido era “totalmente exiguo” y en que los delitos cometidos impiden cualquier tipo de beneficio de excarcelación. Rubinska fue claro: “se debe rechazar la probation porque pese a que cada delito individualmente considerado permitiría la probation, el concurso real de los delitos supera los tres años de prisión, límite para otorgarla”.

El fiscal general Horacio Azzolin cuestionó tanto la propuesta como la falta de transparencia en la situación patrimonial de los imputados. “La recolección de la información ha sido tortuosa. Faltan los dos informes socioambientales. Es poca la información que tenemos para saber cuál es el estado concreto de la quiebra y de la situación económica de los imputados”, sostuvo.

“Tampoco tenemos ningún elemento para saber cuánta plata tiene los Márcico. No se hicieron los informes socioambientales pedidos y lo único que sabemos es lo que dicen ellos”, agregó. Y concluyó: “Lo que ve la fiscalía es que no hay una voluntad superadora del conflicto. Por la irrazonabilidad de la propuesta de reparación que demuestra una falta de voluntad de superar el conflicto, la fiscalía se opone” a la suspensión del juicio.

Frente a este escenario, el juez Luis Salas determinó el rechazo de la probation. Así, el caso deberá resolverse en juicio oral, donde se definirá la responsabilidad penal de los Márcico y la eventual pena que podrían recibir.