Julieta Makintach acumula tres pedidos de juicio político por el documental “Justicia Divina” | La magistrada, en el ojo de la tormenta
El juicio por la muerte de Diego Maradona sigue sumando capítulos insólitos. Esta vez, la protagonista no es ni un médico ni un abogado, sino una jueza: Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro, quedó en el ojo de la tormenta tras conocerse su participación en un presunto documental sobre el proceso judicial en curso. En apenas una semana, acumula tres pedidos de juicio político y un sumario en la Suprema Corte bonaerense.
Las denuncias fueron radicadas ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires. La primera la presentó Julio César Coria, ex custodio de Maradona y detenido durante una de las audiencias acusado de falso testimonio. Representado por el abogado Gastón Marano, Coria reclamó la destitución de Makintach alegando falta de imparcialidad.
A ese planteo se sumaron los diputados provinciales de La Libertad Avanza, Florencia Retamozo, Agustín Romo y Fernando Compagnoni, quienes cuestionaron el rol de la jueza en el documental “Justicia Divina”, cuya existencia se conoció tras la filtración de imágenes en redes sociales. La tercera denuncia llegó desde la sociedad civil, a través de Fernando Míguez, titular de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático.
Todas las presentaciones apuntan a las mismas faltas: pérdida de imparcialidad y mal desempeño en sus funciones. La Corte bonaerense, que ya había iniciado un sumario el 16 de mayo, envió un veedor a San Isidro y podría ordenar en las próximas horas la suspensión preventiva de la magistrada.
Durante la última audiencia, Makintach rompió el silencio: “Lamento que no me crean, yo no conocía este material”, dijo al pedir la palabra. También cuestionó el “escarnio mediático” y el acoso virtual que, asegura, viene sufriendo desde que se viralizó el caso.
Mientras tanto, los pedidos de juicio político se unificarán en un solo expediente. En un plazo de diez días, la Procuración de la Suprema Corte y la Comisión Bicameral deberán definir si avanzan con el jury o archivan la causa.
