volver al paradigma de la indiferencia
En las últimas semanas se hizo oficial el anuncio del Gobierno Nacional respecto al cierre definitivo del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU) que financiaba las obras de integración en barrios populares. Esto se da luego de la eliminación de la Secretaría de Vivienda y el desfinanciamiento del propio fondo, además de la paralización de gran parte de las obras en marcha.
El FISU era, hasta hoy, una de las políticas de Estado que mayor consenso habían generado, además de ser una referencia a nivel internacional. Surgido en 2018 junto al RENABAP, se habia logrado mantener incluso con los cambios de gobierno. Cabe destacar que el actual Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Parejas, había elogiado esta política a pocos meses de asumir.
Durante todos estos años, se realizaron 1297 obras de integración que alcanzaron a más de 335 mil familias. Entre estas obras, podemos destacar las 75 mil conexiones de agua, 57 mil a redes de energía eléctrica y 37 mil tendidos a cloacas. Nosotros mismos, desde Hábitat para la Humanidad Argentina llevamos adelante obras de integración en el barrio de Saladero de Ingeniero White, Bahía Blanca. Gracias a las conexiones formales a la red eléctrica que se hicieron, el 96% de las personas beneficiarias dice sentise más seguras gracias a las mejoras. Antes de las obras, este número era de apenas el 18%. A su vez, se redujo del 52% al 8% la cantidad de cortes de luz registrados en las viviendas, y se eliminaron las descargas eléctricas menores que representaban un riesgo para la vida y la salud.
De la integración al abandono: un retroceso que golpea a millones
A pesar de todo ello, el Gobierno Nacional decide finalizar la fuente de financiamiento de las obras que llevaban infraestructura y, por lo tanto, derechos a los barrios populares. Hoy son más de 1,2 millones de familias las que habitan en asentamientos informales a lo largo de todo el país. Esta situación es la contracara de un cada vez más limitado acceso formal al suelo y a la ciudad.
En 9 de cada 10 barrios populares, la mayoría de los hogares no cuenta con cloacas. A su vez, solo el 8% tiene conexión formal a la red de agua corriente para la mayoría de sus habitantes. Estos datos son alarmantes.
¿Qué va a pasar con estos barrios? ¿Qué deben esperar los millones de personas que todos los días ponen en riesgo su vida por conexiones eléctricas inseguras o la falta de un saneamiento adecuado? En principio, el Gobierno Nacional no presentó una propuesta superadora o que, al menos, reemplace al FISU. Pareciera que estamos volviendo a un viejo paradigma respecto a los barrios populares: el paradigma de la indiferencia.
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Durante muchos años en Argentina, se decidió por ignorar a los asentamientos informales que crecían de forma cada vez más acelerada. Así fue como estos lugares crecieron en los márgenes del Estado, sin recibir ningún tipo de servicio por parte de este: seguridad, justicia, educación, energía, agua, saneamiento, etcétera.
Este paradigma solo trajo mayores desigualdades, comprometiendo la vida y bienestar de cada vez más personas que no podían acceder a una vivienda de otra forma.
Un retroceso en cómo entendemos la situación de los barrios populares, va a ser costoso incluso económicamente. Las familias seguirán malgastando sus ingresos en soluciones parciales; niños, niñas y adolescentes crecerán en ambientes menos propicios para el desarrollo cognitivo; y, cuando decidamos volver al paradigma de la integración, el dinero a invertir será mucho mayor por el tiempo de abandono.
No dejemos de mirar a los barrios populares, de escuchar sus reclamos y necesidades. No dejemos en los márgenes del Estado y la sociedad a millones de personas que van a buscar construir un futuro con menos oportunidades y más obstáculos.
Coordinadora de Incidencia de la ONG Hábitat para la Humanidad Argentina.
