“Ruta del Dinero K”: un fiscal pidió que Lázaro Báez vuelva a prisión

La solicitud se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el fallo contra los tres imputados.

“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, planteó Córdoba en su dictamen presentado ante el Tribunal Oral Federal 4.

Según el cómputo elaborado por el juez del Tribunal, Néstor Costabel, Báez ya estuvo detenido tres años, seis meses y ocho días en el penal de Ezeiza, desde el 5 de abril de 2016 hasta el 12 de diciembre de 2019. A partir de esa fecha fue excarcelado por haberse cumplido el plazo máximo de prisión preventiva sin condena. De ese modo, restaría por cumplir una pena de seis años, seis meses y 22 días.

La defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, presentó una objeción al planteo de la Fiscalía. En su presentación ante el Tribunal, sostuvo que “requerimos se practique un nuevo cómputo que reconozca la situación procesal completa de Lázaro Antonio Báez, considerando el tiempo de detención que viene padeciendo desde el 5 de abril de 2016 hasta el día de hoy, como bien conoce este Tribunal”. El argumento de Villanueva se basa en que su defendido continúa bajo prisión domiciliaria desde que fue liberado en la causa principal, en el marco de otro expediente por lavado vinculado a la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, en el cual Báez recibió una condena de cuatro años y medio que aún no está firme. Actualmente, permanece bajo arresto domiciliario por razones de salud en la localidad de El Calafate. Según la defensa, Báez lleva nueve años y dos meses privado de la libertad.

El planteo incluyó el pedido de que no se ejecute la detención hasta que el cómputo quede firme. En caso de no ser aceptada la presentación, anticiparon que será apelada.

En cuanto a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, el panorama es similar: ya estuvieron privados de la libertad en forma efectiva y domiciliaria, pero les resta pena por cumplir de acuerdo al fallo que ya tiene sentencia firme.

Por otra parte, el fiscal también se refirió a la situación de Martín Báez, hijo del empresario, quien también fue condenado en el juicio oral. En este caso, Córdoba indicó que “habiendo quedado firme la condena dictada contra Martín Antonio Báez, y siendo que oportunamente se le concedió la excarcelación en los términos del art. 317 inc. 5, solicito se convierta la misma en libertad condicional (art. 13 y ccdtes del CP)”.

El juez Néstor Costabel será quien deberá resolver todos los planteos presentados. Antes de tomar una decisión definitiva, podrá requerir la opinión de las defensas de los imputados.

Además, en las últimas horas se concretaron las detenciones de seis condenados en la causa que aún no habían estado privados de la libertad, pese a que las penas que recibieron superan los tres años de prisión y son de cumplimiento efectivo. Se trata de Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I; César Fernández, ex empleado de la misma financiera; Juan Alberto De Rasis, extrabajador de un banco suizo vinculado a las maniobras de lavado; el empresario Carlos Molinari; Eduardo Castro; y Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones.

Los primeros cinco quedaron detenidos en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal. Todos solicitaron prisión domiciliaria por razones de salud o edad, por lo que la situación será evaluada por la Justicia en un plazo estimado de entre una y dos semanas.

En el caso de Mendoza, su defensa informó que se encuentra internado desde el viernes —el mismo día que se ordenó su detención— debido a una “descompensación”. Presentaron documentación médica ante el juez Costabel, quien dispuso una consigna policial permanente hasta que reciba el alta médica y sea trasladado a una unidad penitenciaria.