La justicia le ordena al Gobierno preservar el museo de la ESMA | Por ser prueba judicial y patrimonio de la humanidad

El juez federal Ariel Lijo le dijo al Gobierno que debe conservar y no alterar el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron 5000 detenidos-desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado. La administración libertaria ya desjerarquizó el lugar y despidió a quien era su directora ejecutiva.

El museo acaba de cumplir diez años desde que lo inauguró Cristina Fernández de Kirchner. El Gobierno de Javier Milei decidió conmemorar el aniversario a su modo. Lo degradó. Ya no será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos –que también fue reducida a subsecretaría– y pasará a ser una unidad organizativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Este organismo está a cargo de Ana Belén Mármora, una abogada antiderechos que todavía no fue a recorrer las instalaciones del excasino de oficiales.

Preocupados por lo que podría llegar a suceder con el museo, distintos querellantes hicieron presentaciones ante Lijo, que está a cargo de la megacausa ESMA. Entre otros se presentaron los abogados Sol Hourcade, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Flavia Fernández Brozzi y Rodolfo Yanzón, del grupo Kaos. Por su petición ante Lijo, el subsecretario Alberto Baños decidió despedir a Fernández Brozzi, pese a que tiene más de 20 años de antigüedad y mandato como delegada en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Lijo le recordó al CIPDH las obligaciones que surgen del decreto de creación del museo, que dice que debe “difundir y transmitir los hechos acontecidos a las víctimas del terrorismo de Estado ocurridos en el ámbito físico de su detención, así como sus antecedentes y consecuencias”. En esa línea, dispuso la “estricta conservación, mantenimiento y preservación” de todo el edificio donde funciona el museo.

“Debe destacarse la prioridad que implica la tarea de velar por la existencia y conservación de este espacio, no solo por su importancia suprema en términos de prueba judicial en el proceso, sino también a partir de su reconocimiento internacional tras haber sido declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad”, resaltó el juez federal.

En esa línea, Lijo les encomendó que deben asegurar la limpieza diaria del lugar –que mensualmente recibe más de 2100 visitantes–, la inspección de techos, la detección de plagas y fumigación, el mantenimiento del grupo electrógeno, la preservación de acervos y archivos, la continuación de las tareas de investigación y coordinación pedagógica así como la seguridad del lugar.

En enero pasado, Lijo le ordenó lo mismo a Baños con respecto a todos los sitios de memoria que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una presentación de la legisladora Victoria Montenegro, pero el funcionario se dedicó a incumplir la manda judicial. De hecho, le contestó al juez que los despidos de trabajadores no afectaban el funcionamiento de los sitios. Por supuesto, eso no era cierto. El museo de la ESMA debió cerrar dos días por carecer del personal necesario para hacer las visitas guiadas.

Tal como reveló Página/12, Baños tampoco quiere hacerse cargo de la preservación de El Silencio, la isla que perteneció a la Iglesia católica y que fue usada como un anexo de la ESMA en septiembre de 1979. En ese momento, los represores llevaron a los secuestrados al Delta porque se esperaba la visita de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que venían a corroborar las denuncias sobre secuestros y desapariciones.

Baños le había dicho a Lijo que creía que la subsecretaría no debía ocuparse del mantenimiento del lugar –que es considerado prueba judicial y tiene una medida de no innovar desde 2013. “La conservación y preservación de sitios resulta una tarea propia del organismo de que se trata, tareas de las que no puede sustraerse sin incumplir la normativa que rige su propia actuación”, advirtió el juez federal.