Sigue la polémica por el aporte obligatorio al INACAP
“Cobrar un aporte obligatorio para capacitación es un abuso cuando esos fondos se usan para sostener cámaras empresarias sin rendición clara de cuentas”, señalan desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, argumentando que tanto las cámaras como los clubes se financian con los ingresos generados por sus actividades y las cuotas de sus propios socios.
Aunque el Decreto 149/2025 determinó que el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (INACAP) es voluntario desde este mes de junio, el organismo continúa exigiendo el pago como si la obligación siguiera vigente. Así lo advirtió la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que denunció una “confusión intencional” por parte del instituto para seguir recaudando millones en todo el país.
“No corresponde que el resto de las empresas del país sostenga estructuras ajenas y ajenas a su voluntad”, expresan desde CADAM.
La crítica principal apunta al sitio web del INACAP, donde aún se afirma que “todos los obligados al pago deberán continuar cumpliendo”, basándose en una medida judicial que solo rige para las empresas ubicadas en los partidos bonaerenses de Avellaneda y Lanús. Según CADAM, esta omisión deliberada de información permitiría al instituto presionar a empresas de otras jurisdicciones para que continúen abonando un aporte que ya no es exigible legalmente.
En paralelo, el INACAP sigue enviando notificaciones con encabezados como “DEUDA VENCIDA – PENDIENTE DE REGULARIZACIÓN”, lo que genera incertidumbre y presión en compañías que ya no están obligadas a pagar. CADAM asegura que este accionar representa un intento de coacción sobre el sector empresario, aprovechando el desconocimiento sobre la normativa actual.
La cámara empresarial aclaró que la medida cautelar mencionada por el INACAP fue otorgada por el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 1 de Avellaneda-Lanús y que su alcance es exclusivamente local. Esta interpretación fue ratificada en un oficio judicial fechado el 4 de junio. Por lo tanto, las empresas fuera de esa jurisdicción no están alcanzadas por dicha decisión judicial y el aporte debe considerarse voluntario conforme al nuevo decreto.
Ante esta situación, CADAM envió una carta documento para exigir que el INACAP cese en el envío de notificaciones que inducen al error y detenga los cobros indebidos. Según los cálculos de la entidad, si se considera que la paritaria de comercio abarca aproximadamente a 1,2 millones de trabajadores, el aporte obligatorio —antes de su modificación— representaba una recaudación potencial de más de 70 mil millones de pesos al año, sin mecanismos claros de control ni transparencia en su gestión.
