Cuánto hay que gastar por mes para pagar las tarifas de luz, gas, agua y transporte
La política de recorte de costos y de subsidios en el sector público que el gobierno libertario mantiene desde que desembarcó en la Casa Rosada hace que las tarifas de los servicios públicos incrementen su peso en la canasta de gastos de la sociedad. Por caso, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires (GBA), un hogar de estas zonas debe aportar este mes de junio alrededor de $190.000 mensuales para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable.
Se trata de una cifra que aumentó un 10% respecto de mayo y un 38% si se lo compara con igual mes del 2024, teniendo en cuenta que la suba de costos que, en ambos períodos, evidencia el índice de inflación del INDEC es mucho menor.
Por lo menos así surge de analizar un reporte sobre tarifas y subsidios que elabora todos los meses la Universidad de Belgrano con la ayuda del CONICET.
El documento menciona las causas de esta fuerte suba:
- Agua: se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes (junio tiene un día menos que mayo).
- Gas: aumenta el cuadro tarifario (3,5% el cargo fijo y 2,5% el cargo variable) a la vez que se incrementan las cantidades consumidas por estacionalidad.
- Energía eléctrica: crece el consumo respecto del mes anterior mientras se incrementaron los cuadros tarifarios, con un 3,3% el cargo fijo y 2,8% el cargo variable.
- Colectivos: mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumenta con IPC+2% (esto arroja un 4,8% en junio) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación se incrementaron 7%. Por esto, el costo promedio ponderado del boleto aumentó 5,8%.
Más que la inflación
“En síntesis, el incremento del 10,2% en la canasta de servicios lo explica tanto los incrementos en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos como un aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica y el consumo invernal de gas natural”, sostienen los autores del reporte de la UBA y el CONICET.
En este sentido, se recuerda que desde diciembre del 2023 hasta este mes de junio, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 561% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 150%. Con respecto a junio del 2024, el costo de esa canasta total se incrementó en línea con el índice general de precios del período (la canasta aumentó 38% mientras el IPC incrementó 39%).
Para el reporte “esto sugiere cierta convergencia entre el aumento de los servicios públicos en el AMBA y la inflación y es una tendencia ya observada en mayo”. Sin embargo, se menciona como importante y a tener en cuenta que se trata del inicio del periodo invernal donde el efecto de las cantidades es significativo para explicar las variaciones en el valor de las facturas finales a los usuarios. En la desagregación por servicio, el documento muestra que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 63% respecto a junio de 2024 y en agua con el 39%.
En el caso del gasto en gas natural y energía eléctrica aumentaron 24% cada uno en términos interanuales, mientras que el de transporte aportó 19 puntos porcentuales, de los 38 totales del incremento interanual y el de energía eléctrica, agua y gas lo hicieron en seis puntos porcentuales cada uno. Para el informe, los hogares concentrados en el AMBA “pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 54% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 46% restante.
Fuerte reducción de los subsidios
Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios y muestra que se redujo levemente luego de crecer en los últimos tres meses. En junio es siete puntos superior al promedio de los últimos 18 meses (47%), lo cual se explica debido a que el incremento del costo de generación eléctrica no ha sido trasladado en su totalidad al precio que paga la demanda a partir de mayo. “Esto implica que en junio todos los usuarios residenciales, inclusive los N1 de altos ingresos, recibirán subsidios en su factura eléctrica”, advierte el reporte.
Con respecto a la la canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 12,7% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.445.000), y, a su vez, el peso del transporte representa el 36% de ese gasto mostrando que es algo más elevado respecto de los restantes servicios explicado, mayormente, por factores estacionales que afectan a la energía, el agua y el gas. Es más, en todos estos rubros, los principales subsidios económicos ya presentan una reducción nominal fuerte que llega al 45% anual acumulado al 18 de junio pasado y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 63% a.a. al día de referencia.
En el desagregado, el informe revela que los subsidios a la energía representaron el 62% de los subsidios acumulados y se redujeron 56% y, por lo tanto, muestran una baja real del 70% en el año. En este sentido, las transferencias devengadas a CAMMESA acumuladas al 18 de junio son las más importantes y se redujeron 44% e implican una caída real del 62%.
De igual modo, Energía Argentina S.A. (ENARSA) presenta una reducción de los subsidios del 77% nominal y 84% real que, para los autores del reporte se explica “por el cierre de importaciones de gas desde Bolivia, por gasoducto, y bajo requerimiento de cargamentos de Gas Natural Licuado en el primer semestre de 2025 a precios algo inferiores respecto de los del año anterior”.
Además, las transferencias destinadas al Plan Gas.Ar, por incentivos a la producción, aumentaron 211% (90% en términos reales), reflejando la sustitución de importaciones de gas, a pesar de que aún se importa marginalmente desde Chile, y un mayor aprovechamiento de la nueva capacidad de transporte de gas local.
Por otra parte, el sector transporte explicó el 38% de las transferencias y se redujo 1% nominal que equivale a una caída del 36% en términos reales.
En este caso, la partida más relevante es el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), que igualmente se redujo 19% en términos nominales y 48% real acumulado al 18 de junio de 2025.
Deuda flotante
En el 2024 y siempre según el documento de la UBA y el CONICET, “se observa una contribución a aumentar deuda flotante del Estado Nacional en $336.192 millones explicado por devengamientos por encima de los pagos principalmente de ENARSA debido a la compra de cargamentos de GNL para el abastecimiento de gas en el pico invernal”.
A su vez, ENARSA fue el mayor aportante a la deuda flotante y explicó el 56% del total de deuda acumulada en el periodo, mientras que el resto forma parte mayormente del Fondo Fiduciario del Transporte y de CAMMESA.
Con relación al gasto y al déficit del Estado Nacional, el informe detalla que los subsidios a la energía y el transporte representaron el 4,8% de esos gastos primarios de la administración pública acumulados a mayo.
“Esto es algo menos del 40% del peso observado en igual periodo de 2024”, se agrega en el paper, en donde además se advierte que, tanto en mayo de 2024 como de 2025, los subsidios se aplicaron en un contexto de superávit fiscal primario donde el ahorro por baja de subsidios fue mayor al incremento en el superávit (hubo $ 1,37 billones menos en subsidios a la vez que el superávit se incrementó en $1,3 billones en cinco meses).
Cobertura de costos
En el caso de la energía eléctrica, los precios mayoristas fijados por la Secretaría de Energía a partir de junio se rigen por las Resoluciones 171/2025 que determina la reprogramación semestral definitiva del invierno y las resoluciones 226/25, 110/2025 y 36/2025 que fija los nuevos precios que paga la demanda y parámetros de bonificación de los precios mayoristas del gas y energía eléctrica.
Con esto, y las bonificaciones en el precio otorgadas a los segmentos N2 y N3 en junio, la cobertura de costos del sistema eléctrico para la categoría residencial indica que, en promedio, el 47% lo aporta el usuario vía tarifas mientras que el 53% del costo lo aporta el Estado nacional.
En cuanto al gas natural, en el invierno se incrementa el costo debido a la introducción del Gas Natural Licuado (GNL) en el mix de abastecimiento.
“Con los nuevos precios del gas PIST y las bonificaciones en el precio del gas otorgadas a los segmentos N2 y N3, la cobertura de costos de abastecimiento del gas natural indica que en promedio el usuario residencial abona el 43% mientras el 57% del costo de abastecimiento es cubierto por el Estado nacional” revela el paper.
Del mismo modo, menciona que la cobertura de costos eléctricos para el segmento N1 dejó de ser del 100% según los últimos precios regulados y el costo de abastecimiento reconocido por la Secretaría de Energía.
A su vez, para los usuarios N2 y N3 la cobertura es del 23% y 35% respectivamente en junio debido a que el incremento de los costos en el invierno no fue trasladado en su totalidad al precio que paga la demanda a partir del 1° de mayo y que se mantiene en junio.
Por otra parte, la cobertura del costo de abastecimiento del gas durante este mes es del 72% para los usuarios N 1 mientras que los usuarios N 2 y N 3 pagan el 19% y 24% del costo de abastecimiento respectivamente.
La cobertura comparada entre junio de 2024 y junio de 2025 indica que con la vuelta de subsidios para los usuarios eléctricos N1 de altos ingresos la cobertura se reduce levemente.
A su vez, la cobertura de costos se mantiene similar para los usuarios de ingresos medios e ingresos bajos.
En el caso del gas natural, las coberturas aumentaron para los usuarios de ingresos altos mientras se reduce levemente para el resto de los segmentos.
Aumentos dispares
En tanto, en el sector eléctrico el reporte observa una particularidad en el otorgamiento de las bonificaciones al precio mayorista y explica que la Resolución 36/2025 estableció una escala de bonificaciones decrecientes para cada mes hasta finales de 2025. Por esto, entre mayo y junio la proporción bonificada pasó del 69,04% al 68,77% del precio para los usuarios N2 y del 53,78% al 53,24% del precio para los usuarios N3.
Los investigadores de la UBA y el CONICET revelan también que, a junio de 2025 “se encuentra vigente la Resolución 226/25 que determina los precios estacionales de la energía a partir del 1° de junio de 2025 en todo el territorio nacional. A su vez, en la Resolución 171/25 se estableció el precio sin subsidio para igual periodo”.
Adicionalmente, el ritmo de los incrementos tarifarios correspondiente al componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) es diferente entre provincias. Un análisis transversal indica que la factura final promedio de un hogar de altos ingresos es 1,7 y 1,4 veces superior respecto de la factura de un hogar N 2 y N 3 respectivamente.
La factura promedio total país es de $62.318 para un hogar de altos ingresos(N1); de $36.866 para un hogar de ingresos bajos (N2) y de $43.491 para un hogar de ingresos medios (N3). Por otra parte, los datos indican que para los usuarios de ingresos altos (N 1) la composición promedio de la factura final es del 39% para la energía, 37% para el VAD y 25% para los impuestos.
A su vez, para los de bajos ingresos (N2) es del 20% para la energía, 54% para el VAD y 26% para los impuestos mientras que para los usuarios del segmento de ingresos medios (N3) la factura final se compone un 25% por la energía, 37% VAD y 38% impuestos.
“Al momento de realizar un análisis tarifario comparativo es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de Edenor y Edesur, provinciales y municipales en el caso de cooperativas”, aclara el informe.
Factores exógenos
Al estudiar la dispersión de tarifas, los analistas aseguran de que es “multicausal”, y explican que “es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía”.
A su vez, responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que alteran artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones.
Si bien el reporte señala que una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación en un momento determinado en el tiempo, advierte que “para no llegar a conclusiones erróneas la comparación debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada una de las jurisdicciones y de su composición estructural”.
Por eso, recuerda que en junio se sancionaron nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de gas por redes que reflejan en el cargo fijo y el cargo variable en las facturas de los usuarios.
Con los nuevos valores, la factura promedio para un usuario N 1, correspondiente a hogares de ingresos altos, es de $61.220 ajustada por estacionalidad.
A su vez, para un usuario N 2 (hogares de bajos ingresos) es de $46.674 mientras que para un usuario N 3 (hogares de ingresos medios) es de $51.752.
Por otra parte, los datos indican que para los usuarios de ingresos altos (N 1) la composición promedio de la factura final es del 51% para el precio del gas, 27% para el VAD y 22% para los impuestos.
Por último, para los usuarios de bajos ingresos (N2) la composición es del 46% para el precio del gas, 33% para el VAD y 22% para los impuestos mientras que para los usuarios del segmento de ingresos medios (N3) la factura final se compone un 46% por el precio del gas, 32% VAD y 22% impuestos.
El peso de las facturas en el salario
“A diferencia de la tarifa eléctrica, la de gas es de jurisdicción nacional. Por esto, en el territorio conviven 30 precios del gas distintos que ascienden a más de 90 si se consideran subzonas tarifarias, tarifa social y Ley de zonas frías”, agrega el documento.
A partir de estos datos, se analiza la evolución de la factura final del AMBA en términos reales y se sostiene que, tanto la de la energía eléctrica como la del servicio de gas natural, sin estacionalidad, “continúan por debajo, en términos reales, a las observadas en febrero de 2019, lo cual sucede luego de otorgar aumentos en el precio de la energía de manera estacional, en el Valor Agregado de Distribución y con el cambio en el umbral de consumo subsidiado y las bonificaciones otorgadas en el precio mayorista del gas y la electricidad”.
A su vez, el reporte señala que el peso en el salario de las facturas energéticas de junio de 2025 para los hogares de altos ingresos es menor al observado en febrero de 2019.
Para los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) y nivel 3 (ingresos medios) la factura final promedio, ajustada por inflación, tuvo una recomposición significativa en junio de 2024 debido al incremento en el precio de la energía, a la modificación de los umbrales de consumo subsidiado y a incrementos mensuales y consecutivos en el Valor Agregado de Distribución que se dieron, particularmente, a partir del último cuatrimestre del 2024.
En el caso de este junio de 2025, con un aumento nominal promedio del 3,3% en el cargo fijo y 2,8% en el cargo variable, la factura final eléctrica promedio presenta un nivel levemente mayor al de los últimos meses medida en valores constantes (0,5% superior al mes anterior).
La del gas muestra una dinámica algo diferente ya que, entre junio de 2019 y marzo de 2023, se redujo en términos reales.
“A partir de entonces, y hasta marzo de 2024, hubo una reducción real adicional, tendencia que se revierte a partir de los incrementos tarifarios de junio del mismo año”, detalla el reporte.
Actualmente, la factura final promedio tiende a converger para los usuarios N 2 y N 3 que exhiben
una diferencia de solo $1.275 debido a la combinación de dos factores: por un lado, porque ambos segmentos (N2 y N3) mantienen igual cargo fijo (y alto respecto del total), y por otro porque tienen iguales umbrales de consumo subsidiado que siguen la tendencia estacional, a pesar de corresponder un precio del gas bonificado con ciertas divergencias (65% y 50% para N2 y N3).
Este escenario, asegura el informe, deriva en que no se magnifican los efectos de la diferencia de precios en los meses valle de consumo, pero sí en el pico estacional de invierno.
De manera similar al caso eléctrico, en junio de 2025 los cuadros tarifarios del gas natural tuvieron un incremento promedio del 3,5% en el cargo fijo mientras que el cargo variable aumentó 2,5% en promedio.
Esto implicó un aumento real en las facturas de los usuarios N1 del 1,3% respecto del mes anterior mientras que para los usuarios N2 y N3 la factura se redujo 4% y 2,5% respectivamente, efecto que se logra por el cambio en respecto del mes anterior en el bloque subsidiado y los incrementos por debajo de la inflación estimada.
En cuanto a la relación entre el salario y el gasto en servicios públicos, el reporte de la UBA y el CONICET recuerda que el ingreso mensual estimado a junio indica que el peso de los servicios energéticos de un usuario N 1, N 2 y N 3 representan el 4,7%, 2,9% y 3,4% del indicador respectivamente.
Por otra parte, tomando el ingreso mínimo de cada segmento de ingresos, la factura promedio de los servicios públicos de luz y gas en el AMBA tiene un peso de 1,7% para los N 1, de 6,8% para los N 2 y de 4,4% para los N 3.
El escenario en el transporte
Para el caso de la determinación de las tarifas de transporte público, el documento aclara que, en la mayoría de los casos, es competencia de los municipios, mientras que para los servicios entre municipios corresponden al gobierno provincial.
“A la fecha, tras la cesión de la jurisdicción sobre las 32 líneas con recorrido exclusivo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al gobierno local, el Estado Nacional sólo fija las tarifas de los servicios interjurisdiccionales, tanto entre la Ciudad y el conurbano bonaerense, así como para los servicios interprovinciales”, detalla el paper.
En un mismo sentido, explica que los subsidios al transporte “son responsabilidad del gobierno local y/o provincial, salvo para el caso de los servicios interjurisdiccionales, cuyo subsidio continúa a cargo del gobierno nacional”.
Desde el mes de febrero de 2024, tras la eliminación del del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, el único subsidio nacional remanente consiste en la tarifa social de transporte, el cual aplica exclusivamente para las jurisdicciones adheridas al Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E).
En ese contexto y tomando un promedio ponderado de las tarifas de transporte del interior, el informe determina que el valor medio a junio se ubica en $1.186, mientras que el boleto mínimo de colectivo del AMBA es de $397; para la Ciudad de Buenos Aires de $472; y para el Gran Buenos Aires de $473.
Por su parte el boleto mínimo de trenes en el AMBA es de $280 y el de subte asciende a $963, valores que al compararse con otras ciudades de la región, evidencian que el transporte del AMBA sigue siendo económico con relación al salario mínimo, mientras que el transporte en el interior es el más oneroso.
En este sentido, el reporte recuerda que desde marzo de 2025 las tarifas de transporte público del AMBA se encuentran completamente descoordinadas y sujetas a distintos criterios de actualización.
Por caso, para el servicio de colectivos y Subte de la Ciudad de Buenos Aires el mecanismo de actualización tarifaria es de carácter mensual y depende del IPC Nacional medido por el INDEC para el período N-2 + 2%, lo que garantiza un crecimiento real de la tarifa mes a mes.
En un mismo sentido, la provincia de Buenos Aires adopta para sus servicios y los municipales del AMBA un criterio similar de ajuste por IPC GBA medido por el INDEC para el período N-2 + 2%.
En tanto, el Estado Nacional ha fijado un calendario de actualización para los servicios interjurisdiccional aplicable a mayo, junio y julio, mientras que en el caso de los trenes metropolitanos continúan con su tarifa congelada desde el mes de septiembre de 2024.
En ese sentido, el informe advierte que “a partir de mayo de 2024 se observa una caída pronunciada en la cantidad de pasajeros pagos transportados en el Subte de Buenos Aires que, comparada al tráfico registrado a 2019, es superior al 40%”.
Este fenómeno puede explicarse por dos motivos como son la emergencia del teletrabajo durante la pandemia, lo que motiva una caída de los viajes laborales semanales, y la pronunciada brecha entre la tarifa del Subte y la de medios alternativos como el colectivo.
“Es importante señalar que, pese a la caída de pasajeros, la Ciudad de Buenos Aires ha logrado reducir subsidios por más de $90.000 millones durante el período 2024-2025 bajando el peso de los subsidios sobre el gasto primario, liberando espacio para incrementar los gastos de capital”, detalla el documento.
Es más, según el presupuesto aprobado para el ejercicio 2025, la Ciudad reducirá los subsidios al Subte a niveles del 2019, mientras que recuperará la inversión de capital en el servicio a máximos desde el año 2017.
“De no haberse incrementado la tarifa, el subsidio hubiese alcanzado un nivel récord como porcentaje del gasto primario en el 2024”, agrega el informe.
Con respecto a las tarifas, el paper revela que a mayo pasado, el costo del servicio por pasajero transportado, es decir, la tarifa sin subsidios asciende a $1.430, según los cálculos realizados por el IIEP (considerando el IVA transporte es de $1.580).
Este valor debe contrastarse con el costo reconocido por el Estado Nacional, el cual asciende a $1.024 (por cuestiones metodológicas se utiliza al grupo tarifario SGI para el análisis de los costos técnicos del sistema).
