ADRs argentinos se recuperan, pero crecen temores de venta forzada
El panorama financiero argentino vuelve a teñirse de incertidumbre tras el reciente fallo judicial en Estados Unidos que obliga a la República Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los acreedores que litigan por la expropiación realizada en 2012. La resolución de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, establece un plazo máximo de 14 días para cumplir con la entrega de los títulos, salvo que el país consiga una suspensión mediante apelación.
Así, en las primeras operaciones, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se recuperan. Los avances más pronunciados los encabezan Edenor (3,1%), Transportadora de Gas del Sur (1,1%), Grupo Financiero Galicia (1%), Irsa (0,9%) y Telecom (0,9%).
El fallo adverso amenaza con abrir un frente inédito: la posibilidad de que los acreedores, encabezados por el fondo Burford Capital, tomen control efectivo de la participación estatal en la principal petrolera integrada del país y busquen liquidar rápidamente esos activos. Este escenario, que hasta hace unos meses era solo una hipótesis de conflicto, hoy se vuelve un riesgo concreto con repercusiones económicas, políticas y jurídicas de amplio alcance.
Desde el punto de vista legal, Argentina enfrenta un abanico limitado de opciones. Puede acatar el fallo y transferir la titularidad, apelar con expectativa de lograr un freno judicial o abrir una vía de negociación directa con los demandantes. Hasta el momento, la administración libertaria ha privilegiado la vía procesal, sin avances visibles en conversaciones bilaterales que puedan acercar posiciones.
El Gobierno apura la apelación y lanza acusaciones
Apenas conocida la resolución, el presidente Javier Milei instruyó al equipo jurídico del Estado a presentar la apelación lo más rápido posible, consciente de que el plazo de 14 días es extremadamente breve para intentar revertir la orden. En paralelo, el mandatario profundizó su enfrentamiento político con el exministro de Economía Axel Kicillof, a quien responsabilizó por “una decisión ruinosa para el país” al tiempo que calificó el fallo como “un ataque a la soberanía argentina”.
Por su parte, Kicillof, actual gobernador bonaerense, rechazó esas declaraciones y afirmó que “se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía energética”. Las declaraciones cruzadas alimentan el clima de polarización política en un momento de extrema sensibilidad para los mercados.
Funcionarios con llegada a Washington confirmaron que, tras la notificación oficial, se sucedieron reuniones de urgencia en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda para definir una estrategia conjunta. Entre las opciones en estudio figura solicitar medidas cautelares y retomar conversaciones diplomáticas con representantes del Tesoro de EE. UU., en un intento por frenar la ejecución.
Crecen los temores a una venta forzada de YPF
Más allá del efecto inmediato en el dólar, el mayor temor de los inversores es que, si la Argentina no logra frenar la ejecución, los acreedores que reciban el paquete accionario procedan a liquidar esa participación con rapidez. Según informe de Matías Cattaruzzi de Acap, la falta de interés estratégico de los demandantes hace probable que la prioridad sea la monetización del activo, aun a costa de fuertes descuentos.
El análisis sostiene que “la expectativa de una colocación acelerada de casi el 51% del capital flotante de YPF sería un factor desestabilizador para la cotización y un revés para la estrategia energética de Vaca Muerta”. El documento recuerda que la petrolera es el eje del proyecto oficial de convertir a la Argentina en un exportador neto de petróleo y gas licuado en los próximos años.
Según fuentes del sector energético, una eventual venta masiva de acciones estatales podría recortar la valuación de YPF en hasta un 20% adicional si los compradores perciben riesgo político y urgencia de liquidación. Al cierre de junio, la capitalización bursátil de la compañía rondaba los u$s13.000 millones, lo que implica que la mitad sujeta a la disputa judicial equivaldría a unos u$s6.500 millones.
El frente judicial se convierte en un problema político
La administración Milei enfrenta así una encrucijada que combina presión financiera, litigios internacionales y necesidad política de mostrar control. Hasta ahora, no se registraron contactos formales con los tenedores del fallo para explorar una vía de arreglo consensuado, un camino que varios analistas consideran inevitable para evitar daños de mayor magnitud.
En paralelo, los acreedores que lograron sentencias favorables en tribunales británicos por otros litigios –como los warrants– ya solicitaron su reconocimiento ante la justicia de Nueva York. Si la Casa Rosada posterga indefinidamente la apertura de conversaciones, Argentina quedaría expuesta a embargos sobre futuras emisiones de deuda o activos estratégicos en el exterior.
Por eso, varios economistas advierten que prolongar el litigio sin un diálogo constructivo solo alimentará la percepción de riesgo país y complicará los intentos de recuperar acceso al financiamiento internacional. Las próximas semanas serán clave para determinar si el Gobierno opta por una estrategia de confrontación judicial o por un camino negociado que atenúe el daño.
Wall Street opera dispar
Las acciones estadounidenses se negocian mixtas este martes, alejándose de los máximos históricos que habían marcado el inicio de la semana, en un contexto donde los inversores monitorean con atención los avances en las negociaciones comerciales y la definición del ambicioso presupuesto impulsado por la administración Trump.
El índice S&P 500 cae aproximadamente un 0,3% después de haber cerrado por primera vez por encima de los 6.200 puntos el lunes, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanza cerca de un 0,27%. Por su parte, el Nasdaq Composite, con fuerte exposición al sector tecnológico, baja un 0,4%, arrastrado en parte por el descenso de las acciones de Tesla. La automotriz cede posiciones luego de que el CEO Elon Musk reavivara su enfrentamiento público con el presidente Trump.
En paralelo, el Senado estadounidense prosigue con el tratamiento del paquete de recortes impositivos y gastos que representa una de las principales apuestas económicas del mandatario. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, los legisladores votaron una serie de enmiendas clave, en una carrera contrarreloj para intentar cumplir con el objetivo de la Casa Blanca de sancionar la norma antes del 4 de julio.
Aunque continúan las negociaciones internas entre los republicanos, una de las enmiendas logró un respaldo bipartidista contundente: la eliminación de la prohibición que impedía a los estados regular el uso de inteligencia artificial. Esta votación representa un revés significativo para varias compañías tecnológicas que habían apoyado la postura de Trump contra regulaciones estatales.
