Seguridad digital en un régimen de excepción: así se protegen las colectivas LGBTIQ+ en El Salvador

Steven Rodríguez viajó 66 kilómetros desde su casa en Santa Ana, al occidente de El Salvador, para asistir el 28 de junio a la marcha del orgullo en la capital. Es la segunda vez que asiste. Ahí, unas 20,000 personas se reúnen en una mezcla de fiesta y protesta por los derechos de la diversidad sexual. Pero este año, la felicidad fue sustituida por temor.

“Tal vez no escale, pero sí hay un miedo de que pase lo mismo que a la cooperativa El Bosque. Pero, desde lo profundo creo que, como personas, tenemos derecho a una vida digna. Si no soy yo, ¿quién más va a defender mis vivencias?”, dice Steven sobre su decisión de asistir en medio de la escalada autoritaria que vive el país.

Cuando Nayib Bukele asumió el poder en 2019, una de sus primeras acciones fue eliminar la Dirección de Diversidad Sexual. En febrero de 2024, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, dejó clara su postura: “Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, que la currícula no lleve ideología de género y esas cosas”.

El principal temor de Steven es que la marcha sirva como excusa para criminalizar a sus asistentes. El 12 de mayo, un centenar de miembros de la cooperativa El Bosque realizaron una protesta pacífica para evitar ser desalojados. Esta fue reprimida por la policía militar y terminó con el arresto del líder comunitario José Ángel Pérez y del abogado Alejandro Henríquez, por desórdenes públicos. Ambos se encuentran cumpliendo detención provisional en un centro penal. En los últimos cuatro meses, en el país han sido detenidos al menos seis defensores de derechos humanos por motivos políticos.

Por la tarde, la marcha finaliza de manera pacífica y, al menos sobre el terreno, no se registran detenciones.

Protección digital contra la discriminación y la vigilancia

Steven integra un colectivo llamado Pedrina, enfocado en la articulación comunitaria por los derechos LGBTIQ+ en occidente. Su acercamiento a la seguridad digital comenzó cuando miembros de la organización empezaron a recibir insultos, amenazas y mensajes de odio en redes sociales.

Natalia Alberto