el argumento del gobierno para no entregar las acciones de la petrolera

Luego de solicitar la suspensión del fallo, el gobierno de Javier Milei también apelará al fallo de la jueza Loretta Preska que condena al Estado argentino a pagar unos 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital.

El tuit de ayer del secretario de Medios y vocero, Manuel Adorni, señala: “La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable, ya que contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana”, un aspecto clave de la negociación que encarará el Gobierno.

Además, Adorni señala que “las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”, por lo tanto, no se cumplirá con el pedido de Prezka.

Por qué no se puede pagar el fallo con las acciones de YPF: los argumentos del Gobierno

Por lo que pudo saber iProfesional, el Gobierno seguirá el camino que inició quien fuera el procurador del Tesoro del gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frias, frente a un juicio que lo condena al Estado Nacional a pagar esa sentencia a los fondos Eton Park, Burford Capital y al Grupo Esquenazy.

El argumento principal del abogado, en relación con el caso YPF, sostiene que la defensa realizada por el gobierno de Alberto Fernández fue desacertada y no protegió adecuadamente los intereses del Estado argentino.

Saravia Frías considera que se debió haber utilizado una estrategia más efectiva para defender la soberanía argentina sobre los activos de YPF.

Además, argumenta que las acciones de YPF, depositadas en Argentina y en otros países, no deberían ser consideradas como un mecanismo de pago parcial de la sentencia, ya que esto viola principios y leyes internacionales y argentinas.

En resumen, los puntos clave del argumento de Saravia Frías son:

1) Defensa Ineficaz: hubo una débil y desatinada defensa del Gobierno de Alberto Fernández, ya que critica la estrategia legal del gobierno anterior en el caso YPF, y la considera ineficaz.

2) El fallo no respeta el “Principio de Inmunidad Soberana”. Este sostiene que la ley de inmunidad soberana en Estados Unidos impide el uso de activos estatales argentinos, como las acciones de YPF, para pagar la sentencia.

3) El fallo no contempla la Interferencia en Asuntos Internos. En este punto afirma que la decisión de la jueza estadounidense de considerar las acciones de YPF como pago parcial interferiría en asuntos internos de Argentina, violando las leyes del principio de internacional.

4) La Necesidad de Unidad Política. En este punto considera que las fuerzas políticas argentinas deberían unirse para defender los intereses del Estado.

Saravia Frias sostiene que la defensa de YPF, de su control estatal y del respeto a la soberanía legal argentina, podría encontrar en la adversidad la oportunidad de un consenso nacional poco frecuente en estos tiempos y que tendrá que haber una ley aprobada por el Congreso de la Nación para que se apruebe el pago.

Está el antecedente de 2004, cuando el Congreso votó por unanimidad una ley para respaldar la reestructuración de deuda, y sugirió que algo similar podría enviar un mensaje potente a Estados Unidos.

“Sería un enorme mensaje político y jurídico reafirmar las facultades del Congreso. Eso reforzaría el principio del international comity, la imposibilidad de Estados Unidos de entrometerse en asuntos internos”, explicó en declaraciones radiales ayer.

Juicio a YPF: una situación grave, pero no irremontable

Por otra parte, el Gobierno tratará de demostrar mediante sus abogados en Nueva York que la cesión del 25,4% de las acciones al Grupo Esquenazy fue un hecho de corrupción y que el monto de la sentencia debe ser mucho más bajo porque no se actualizó con el valor del dólar. De acuerdo a la opinión del economista, Emanuel Álvarez Agys, ese monto actualizado por valor del dólar sumaría unos 4.000 millones de dólares.

Cabe señalar, además, que no es la empresa YPF sino el Estado argentino quien deberá pagar y probablemente lo haga a través de una emisión de bonos como hizo el gobierno de Macri con los bonistas que no ingresarían en los canjes de deuda del 2005 y del 2010 y ganaron el llamado “Juicio del Siglo” en Nueva York en el juzgado de Tomás Griesa, el mismo que heredó Preska.

Desde el Gobierno consideran que “la situación es grave, pero no irremontable” y evalúan un pedido especial al gobierno de Donald Trump para que el Departamento de Justicia analice el caso. También se podría hacer un pedido a la Corte Suprema de Justicia argentina para que intervenga a través de un Per Saltum.

Pese a la gravedad del fallo, creen que hay margen para revertirlo tanto en el plano judicial como político.

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, quien quedará a cargo de la supervisión de la gestión de los abogados que defienden a la Argentina en New York será la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, quien fue parte del equipo de Saravia Frias en el gobierno macrista entre 2015 y el 2019.

Por otra parte, las autoridades del ministerio de Justicia analizan el futuro del actual Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, ya que el jefe de los fiscales del Estado se excusó de actuar porque litigó a favor de Burtford Capital.

La investigación que llevará adelante la Justicia argentina para presentar a la jueza Loretta Preska

Además, en los próximos días se anunciarían tres líneas de investigación que llevará el ministerio de Justicia para presentar frente a la jueza Loreta Preska.

En primer lugar, investigar si hubo corrupción en el Gobierno de Néstor Kirchner y en de Cristina Fernández de Kirchner para que el Grupo Ezquenazy entre el 2.007 y el 2.011 se quedara con el 25% de YPF que fue obligada a vender Repsol. Hay una denuncia de Elisa Carrio frente al juez Ariel Lijo que está dormida en la justicia desde el 2007 por esa operación.

La otra investigación que llevaría a cabo el Gobierno sería el camino del kirchnerismo para llegar en abril de 2012 a la estatización y expropiación y la tarea que ejercieron el entonces secretario de Legal y Técnico, Carlos Zanini, y el entonces director de YPF y viceministro de Economía Axel Kicillof en su doble rol.

También habrá que investigar cómo hizo el fondo Burford Capital para quedarse con la deuda de Petersen Ingeniería España y Petersen Energia Austria para luego litigar contra el Estado y qué participación tiene en ese fondo el Grupo Ezquenazy.

La reciente decisión judicial de la jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes liderados por Burford Capital reaviva viejos fantasmas como el aplauso del Congreso al default de la deuda en el 2.001, el embargo de la Fragata Libertad en 2.012 y al pago de Mauricio Macri a los fondos buitre en 2.016.

Estos hechos dan cuenta de los incumplimientos y malas decisiones económicas de funcionarios del Estado como la estatización expropiación de YPF realizada en el 2012 en el segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Cómo el Grupo Esquenazy pudo comprar un porcentaje de YPF sin poner un solo dólar

Hay que destacar que en un informe de inversores privados minoritarios damnificados por la estatización de YPF, que publicó el año pasado en forma exclusiva iProfesional, explica la trama política y financiera que permitió al Grupo Esquenazy comprar un 25,4 % de YPF sin poner un solo dólar deja al descubierto el dudoso accionar de algunas autoridades del gobierno y de varios directores de la empresa en ese entonces.

En el primer párrafo de su último capítulo, el informe destaca: “Para que el fraudulento reclamo del fondo Burford Capital ante la Corte Suprema de Nueva York tuviera éxito, era indispensable que los directores de YPF nombrados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2012 no investigaran algunos casos sospechosos ocurridos en asambleas de accionistas”.

Esas maniobras fueron realizadas por las autoridades del Estado argentino, titular de 51% de las acciones de YPF, por varios de los directores, y por miembros de la Comisión Fiscalizadora de YPF.

El informe hace referencia al rol que tuvo Axel Kicillof, quien “jugó un papel preponderante. Su doble rol de director de YPF y funcionario público le permitió, por un lado, ser partícipe de los sospechosos actos cometidos por el directorio y luego ser partícipe en la validación posterior, mediante la aprobación en las asambleas de accionistas de las gestiones del directorio, utilizando para ello abusivamente la mayoría accionaria del Estado argentino”.

El informe destaca también que se cometieron acciones de encubrimiento hasta el caso de obstruir los reclamos judiciales en beneficio de YPF presentados por inversores minoristas privados contra exdirectores de la petrolera para que estos restituyeran a la empresa el dinero cobrado por honorarios que no correspondían. “Sus omisiones y acciones de encubrimiento además de impedir que YPF sea resarcida, los coloca como cómplices y partícipes necesarios en la fraudulenta demanda que se tramita en la Corte de Nueva York por parte de las empresas del Grupo Petersen contra YPF por más de 4.000 millones de dólares”, describe el informe. Luego el Grupo Petersen le vendió los derechos de litigar al fondo Burford.

El problema fue que el gobierno de Cristina Fernández expropió y estatizo la petrolera en abril del 2012 sin realizar la Oferta Pública de Acciones (OPA) tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 en la privatización realizada en la presidencia de Carlos Menem.

En ese estatuto la Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición de una porción de YPF obligaba a hacer una oferta pública por el total de las acciones algo que ese gobierno ignoró cuando expropió y estatizo la empresa lo que motivó el julio iniciado por el fondo Burford Capital que el año pasado logró una sentencia definitiva en la Corte Suprema de Nueva York que obliga a la República Argentina a pagar esa sentencia.