Ordenan al GCBA que cumpla con la ley de arbolado público | La norma fue aprobada hace 15 años

La Justicia porteña ratificó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) incumple la Ley de Arbolado Público, aprobada hace ya quince años, y lo instó a que se ponga al día bajo la amenaza de aplicarle una multa económica. Así lo decidió el juez Guillermo Scheibler, que viene siguiendo la cuestión desde 2017 en el marco de un amparo ambiental presentado por organizaciones vecinales. En el nuevo fallo, el juez indicó que, entre otros puntos, el GCBA todavía no cumple con la elaboración de un sistema de seguimiento de la gestión del arbolado ni con los requisitos de capacitación para los operarios de las talas y podas. 

La nueva resolución se da en el marco de la misma causa en la que, en distintas ocasiones, Scheibler ya había advertido sobre los incumplimientos del Gobierno porteño a la Ley 6263 de 2009, y que lo llevaron incluso a suspender las podas y talas en un fallo ratificado por Cámara en septiembre de 2021. En aquella ocasión, la Justicia había indicado que la suspensión sería hasta que el GCBA “implemente un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que contemple la totalidad de las acciones correspondientes a la gestión del arbolado público”, tal como establece la ley. 

Tras esto, el Gobierno porteño cumplió con algunos de los puntos a través de la creación del portal Arbopedia, en el que se puede acceder a información como el Plan Maestro de arbolado, el censo y el mapa de los ejemplares, y datos sobre las podas y extracciones, entre otros puntos. Sin embargo, y a raíz de una nueva presentación de las organizaciones, Scheibler volvió a considerar que lo implementado es insuficiente y que el GBCA “aún no ha
dado adecuado cumplimiento a la totalidad de los puntos establecidos en la sentencia”. Por esta razón, le ordenó al Gobierno que en el plazo de dos meses desde la resolución dé un “acabado cumplimiento a la manda
judicial”. De no hacerlo, escribió, se le aplicará una sanción de cien mil pesos por cada día de demora. 

Los puntos que según el juez siguen sin cumplirse son cuatro. El primero atañe a la información suministrada en Arbopedia. La resolución insiste en que el GCBA debe incorporar al portal la totalidad de las acciones correspondientes a la gestión del arbolado público con la la respectiva trazabilidad de cada uno de los ejemplares y la posibilidad de controlar y verificar en tiempo real el cumplimiento de lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la ley de arbolado: la evaluación técnica de los ejemplares previa a las intervenciones y la verificación del personal habilitado, capacitado y evaluado para realizarlas. 

El segundo punto se relaciona directamente con esos tres artículos, ya que el juez ordenó reglamentar las “pautas comunes” que se deberán seguir para esas evaluaciones y verificaciones: “No se cuenta con
pautas uniformes y objetivas para conceder al personal la habilitación necesaria para
intervenir el arbolado urbano”, escribió el magistrado en este sentido. La resolución pone en cuestión el modo en que se eligen las empresas y a los operarios para realizar las tareas, así como su capacitación, por lo que también ordena en una tercera instancia establecer medidas concretas para cumplir con esos requisitos. 

Por último, el cuarto punto compete a la vigencia de la información oficial sobre el censo arbóreo vertida en el portal, así como a las imágenes de los ejemplares que pide el ley. Scheibler escribió sobre esto que el GCBA “no ha demostrado que se haya establecido o explicitado algún mecanismo concreto para la actualización permanente del censo arbóreo ni nada se ha manifestado con relación a la ausencia de las imágenes“, por lo que ordenó que “actualice, complete y publique en la página oficial de internet de modo fácilmente accesible el censo arbóreo informatizado”.

El juez también indicó que en la mayoría de los informes subidos a la web no aparecen los actos administrativos que ordenan las extracciones aconsejadas por los inspectores, por
lo que “no
resulta posible saber a ciencia cierta si las recomendaciones fueron
luego ordenadas y, en su caso, cuándo se efectuaron y qué sucedió con posterioridad a la
extracción“.

El combo de falta de información y de capacitación, advierten las organizaciones, abre las puertas a un escenario de “descontrol” en los operativos de talas y extracciones. Tras el fallo, desde Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que impulsa la causa junto a la vecina Claudia Heras, destacaron que la resolución obliga al GCBA “a transparentar su accionar, justificando y anticipando a la ciudadanía sus acciones y garantizando personal idóneo para llevarlas a cabo”. “La Justicia porteña continúa dándole la razón a la ciudadanía preocupada por el tratamiento que el Gobierno le aplica al arbolado”, celebraron. 

“Si bien el Gobierno creó Arbopedia en un intento de cumplimentar el principio de transparencia que se le viene exigiendo, el juez remarcó con ejemplos la cantidad de inconsistencias, datos incompletos y extemporáneos con los que cuenta la página, que no cumple con su función de informar a los vecinos, en tiempo y forma, tanto el estado de cada ejemplar como las intervenciones a las que fue y será sometido”, advirtieron en un comunicado en el que también alertaron sobre la capacitación del personal, “que debe contar con procedimientos de certificación, actualización y publicación, premisa que el GCBA continúa desoyendo“.