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Nueva ley migratoria: el Gobierno busca cobrar salud y educación a extranjeros no residentes y endurecer deportaciones



La iniciativa propone el cobro de servicios de salud y educación a extranjeros no residentes, mayor agilidad en la expulsión de quienes cometan delitos, nuevas exigencias para la radicación y un refuerzo en los controles fronterizos.

El presidente Javier Milei anticipó en la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso que su gestión impulsa una profunda reforma migratoria. 

Aranceles en salud y educación para extranjeros

El proyecto plantea que los extranjeros en situación transitoria o temporaria deberán abonar por los servicios sanitarios y educativos que utilicen en Argentina. “Nuestro país siempre ha sido generoso con los inmigrantes, pero no podemos permitir que nos tomen por tontos ni ser un centro de beneficios financiados por los contribuyentes argentinos”, declaró Milei en su discurso.

Esta medida ya ha sido implementada en provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, donde se establecieron aranceles para la atención sanitaria de extranjeros no residentes, principalmente en internaciones y tratamientos especializados. Según cifras oficiales, en Salta la aplicación de esta política redujo significativamente los llamados “tours sanitarios”, generando un ahorro de $60 millones en un solo hospital.

La intención del Ejecutivo es extender esta iniciativa al ámbito universitario, permitiendo que las instituciones de educación superior también cobren matrículas a estudiantes extranjeros sin residencia permanente.

Expulsiones más rápidas para inmigrantes que delinquen

Otro de los puntos clave de la reforma migratoria es la aceleración de los procesos de deportación para extranjeros que cometan delitos. “Es lo que hacen todos los países que se respetan a sí mismos”, subrayó el Presidente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado en diciembre que el Gobierno incluiría nuevos delitos como causal de deportación y prohibición de ingreso al país. Entre ellos, mencionó la detención en flagrancia, ataques al sistema democrático e irregularidades documentales al momento de ingresar al territorio argentino.

Refuerzo de controles fronterizos

La administración Milei también busca reforzar la seguridad en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, con el objetivo de combatir el narcotráfico y el contrabando. Se prevé la instalación de nuevos radares y la optimización de los centros de control fronterizo a través de una licitación en marcha.

Cambios en la Ley de Migraciones

Uno de los artículos que podría ser modificado es el número 6 de la actual Ley de Migraciones 25.871, que hoy garantiza el acceso igualitario de los inmigrantes a la salud, la educación, la seguridad social y otros derechos en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos.

En caso de que el Congreso no apruebe la reforma, el Gobierno no descarta avanzar por la vía de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). “Si las reformas no salen, el fracaso será de la casta política”, deslizaron fuentes de Casa Rosada.

El modelo que impulsa la gestión de Milei tiene similitudes con las políticas migratorias adoptadas por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien también reforzó las restricciones a la inmigración y aceleró los procesos de deportación.





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