Villa 21-24: casi el 90 por ciento de los hogares no acceden a “agua segura” | Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Temas de la 21-24 y el Observatorio Villero de La Poderosa
El 88 por ciento de las viviendas de la Villa 21-24 no tiene acceso a un servicio de “agua segura“. Así se desprende de un informe realizado por organizaciones que trabajan en el barrio y que indica que, pese a tener una cobertura casi completa del servicio de agua corriente en diversas formas, la gran mayoría de los vecinos y vecinas reciben el suministro de forma intermitente, sin presión, conectados a la red de forma precaria y sobre todo con agua directamente contaminada. Las organizaciones advierten sobre el parate en las obras de acceso al agua y de saneamiento.
El informe fue realizado en conjunto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Temas de la 21-24 y el Observatorio Villero de La Poderosa, y tuvo como objetivo indagar en profundidad sobre el acceso al agua en el barrio. Es que, como explica el informe, las mediciones oficiales de censos y encuestas del INDEC se centran sólo en relevar el porcentaje de hogares conectados a la red pública de agua corriente, enfoque que, aseguran, “puede invisibilizar las condiciones reales en las que se encuentran muchas viviendas en los barrios populares”.
A tal punto es así que el último Relevamiento de Condiciones Habitacionales de la 21-24/Zavaleta, realizado en 2024, arrojó que el 99 por ciento de las viviendas tiene cobertura de agua corriente, cifra que, tomada a simple vista, arroja un panorama engañoso. Por eso las organizaciones se tomaron el trabajo de desagregar las cifras a partir de las respuestas de los vecinos y vecinas, y encontraron que el escenario no es para nada tan alentador si se tiene en cuenta el concepto de “agua segura” utilizado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2023 de Naciones Unidas.
El concepto va más allá de la cobertura del servicio agregando los criterios de “continuidad y calidad“. “Según esta perspectiva, una vivienda sólo accede a un servicio de agua gestionado de forma segura cuando cuenta con conexión a la red, recibe agua en cantidad suficiente las 24 horas del día y en condiciones aptas para el consumo humano”, explica el informe. En el documento se observa, entonces, que el 88 por ciento de las viviendas relevadas en la 21-24/Zavaleta no accede al agua gestionada de manera segura.
Al número se llega por la contraria, observando el porcentaje de vecinos y vecinas que dijeron tener acceso a aguas sin contaminación: “Apenas el 12 por ciento refiere recibir agua con sus características conservadas, sin olor, color o sabor“, indica el informe y agrega que, por esta razón, “el 74 por ciento de las familias del barrio debe comprar agua embotellada para consumo“. “Esta práctica, lejos de ser una elección, representa una carga económica significativa para hogares que, en su mayoría, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El gasto cotidiano en agua profundiza la desigualdad y refuerza la exclusión de quienes menos tienen”, advierten.
Además, sólo el 37 por ciento de los encuestados recibe agua en suficiente cantidad durante las 24 horas del día, mientras que apenas el 26 por ciento tiene una conexión formal a la red, en tanto que el resto presenta conexiones informales o está cubierto por los sistemas de reparto mediante camiones cisterna del Gobierno porteño, servicio que las organizaciones califican como “necesario como respuesta de emergencia”, aunque sostienen que es “alarmante que se institucionalice como política de abastecimiento”.
Detrás de todo este panorama, el informe apunta directamente sobre la demora en las obras de acceso a la red formal y de saneamiento cloacal. Subrayan particularmente el freno a un convenio firmado a fines de 2020 entre Aysa y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que estipulaba el inicio de una serie de obras de mejora en la red de infraestructura a desarrollarse en tres etapas y “con un plazo de finalización previsto para el primer semestre de 2025“.
El informe precisa que ese acuerdo incluía el tendido de redes principales en la periferia del barrio, a cargo de AySA, y el de redes secundarias en las calles y pasillos internos, a cargo del IVC. De esto último, aseguran, “sólo se ha ejecutado el 39 por ciento de la primera de las tres etapas comprometidas, sin avances en su integración a la red troncal, ni previsión concreta de continuidad”, lo que “atenta directamente contra la mejora en el acceso al agua potable de toda la población”.
La cuestión no sólo involucra el acceso al agua sino también al estado de la infraestructura sanitaria del barrio. Según el informe, la mayor parte del barrio ni siquiera está conectada aún a la red cloacal sino a sistemas de condiciones precarias construidos por la comunidad con alcantarillas, pozos ciegos o cámaras sépticas informales. En este caso el barrio también se vuelve dependiente del servicio externo del GCBA con camiones atmosféricos y desobstructores para poder mantener mínimamente limpia la red informal.
El documento es claro al advertir en este sentido que el barrio “no cuenta con infraestructura sanitaria adecuada para garantizar la eliminación y el tratamiento seguro de excretas”, y detalla que el 42 por ciento de los hogares del barrio “debe recurrir al uso de baldes para el arrastre de los efluentes sanitarios“, lo que “refleja una estrategia forzada por la ausencia de infraestructura adecuada”. “Esta práctica no permite una evacuación eficiente ni segura, favorece la acumulación de residuos cloacales, la obstrucción de las cañerías precarias existentes y la exposición directa a materia fecal“, concluye.
