entre el desguace, la especulación inmobiliaria y el escándalo en la obra social de las Fuerzas Armadas

Los trabajadores de COVIARA sacan chapa cuando mencionan que, a pesar de que desde 1996 fueron excluidos del Presupuesto de los sucesivos gobiernos nacionales, motivo por el cual no reciben partida del erario público, han construido más de mil viviendas para el personal de la Armada.

Creada por decreto en 1966, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, COVIARA es una empresa del Estado que depende del Ministerio de Defensa y tiene como principal misión construir viviendas para el personal militar, tanto en actividad como para los retirados.

Hasta diciembre de 2023, el personal de COVIARA llegaba a los 40 empleados y mostraba equilibrio en sus cuentas. Un año y medio después, la situación es diametralmente opuesta. Quedaron solo 29 empleados y el déficit no para de crecer. Todo cambió a partir de la sanción de la Ley Bases, cuando COVIARA apareció entre las empresas del Estado que debían ser privatizadas con la respectiva conversión en sociedad anónima como paso previo. Se trata de algo que aún no sucedió porque el Gobierno no cumplió los pasos administrativos correspondientes.

No obstante, aunque naturalmente la atención se la lleve la precariedad que atraviesan los trabajadores de COVIARA, dentro de la entidad los más experimentados explican que en realidad quedaron en el medio de la puja entre el propio ministro de Defensa y Playas Ferroviarias, área que debería absorberlos. En términos formales, Playas Ferroviarias es controlada por la Agencia de Bienes del Estado (AABE), y actualmente está bajo el mando de Diego Chaher.

¿Cuál es el botín en disputa?

Los terrenos de COVIARA en todo el país. La todavía empresa estatal tiene, por ejemplo, inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Punta Alta y Magdalena. De acuerdo con la información brindada, desde diciembre de 2023, COVIARA no pudo avanzar con ninguna de las obras aprobadas. Se trata de proyectos que para llegar a ese punto implicaron más de un año de trabajo.

Aunque, a vuelo de pájaro, los más experimentados dentro de COVIARA valúen esos inmuebles en millones de dólares, no se tiene una tasación precisa porque la empresa no puede pagar la auditoría correspondiente. Inicialmente, solicitaron presupuesto a la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso nacional, y obtuvieron como respuesta un valor cercano a los 120 millones de pesos. Ante la imposibilidad de pagar esa cifra, hicieron lo mismo ante consultoras privadas, y el presupuesto se redujo a la mitad. De todas maneras, los balances, la auditoría y otros pasos formales son los que faltan para que COVIARA se convierta en sociedad anónima.

Un elemento clave será el balance en el que se detallen los activos y los pasivos de la entidad, ya que este último concepto no para de engordar.

Si bien no hay números oficiales, durante la gestión de Luis Petri ascendió rápidamente hasta llegar a los mil millones de pesos y no parece que vaya a detenerse ahí. La mitad corresponde al no abono de salarios, paritarias y las respectivas actualizaciones. Otra parte, al no pago de mantenimiento del edificio de COVIARA en Buenos Aires y la deuda generada por los inmuebles.

“Hasta ahora, quienes se quieren repartir los inmuebles de COVIARA están dentro del ministerio de Defensa. Lo cierto es que más allá de lo que dice la norma que nos traspasa a Playas Ferroviarias, con la gente de Sturzenegger no tenemos contacto. Por ahora, nos podemos jactar de que de todas las empresas que debían privatizarse somos la única que se mantiene en pie. Por ahora”, dicen dos de los empleados con más experiencia dentro de COVIARA.

Dentro de la empresa estatal tienen en claro que, de un día para el otro, todos los inmuebles que pertenecen al patrimonio de COVIARA pueden ser transferidos mediante un decreto presidencial, para, por caso, pasarlos a Playas Ferroviarias.

Un empleado jerárquico de COVIARA afirmó: “Hay un tema de fondo que es más importante que todo lo que se está publicando. Hay tres institutos de vivienda, uno de cada Fuerza. Los institutos que pertenecen al Ejército y a la Fuerza Aérea hace años que no producen nada. COVIARA es la única que sí lo hace. Estuve con siete gobiernos, y la verdad es que nunca viví una situación de estas características”.

Los trabajadores de COVIARA se preguntan: “¿Qué se pierde cuando volteás a COVIARA?”. Y ellos mismos responden: “Perdés la oportunidad de que el personal de la Fuerza tenga una entidad que les permita acceder a una vivienda gracias al financiamiento de un banco del Estado como puede ser el Nación, y el desarrollo de COVIARA. Va a perderse la lógica social por la del mercado. Entonces no se entiende muy bien cómo van a resolver la demanda de los integrantes de la Armada, cuyo poder adquisitivo no es alto”.

Ante la consulta de Ámbito, luego de que insólitamente el equipo de prensa del Ministerio de Defensa se comunicara para cuestionar el motivo de este artículo, el funcionario bajo cuya ala se encuentra COVIARA, Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, eligió no responder.

La primera vez

Uno de los mayores enojos por parte de Defensa con los trabajadores de COVIARA se debe a que, como no obtenían respuestas hace meses, convocaron a ATE, puntualmente al delegado de la Escuela Nacional de Náutica, Luis Rodríguez.

En diálogo con Ámbito, este contó que era la primera vez que ATE era llamado por los trabajadores de COVIARA: “Se trata de sectores del Estado que generalmente se muestran reacios a la participación de los sindicatos. Cuando nos convocaron, nos contaron que les liquidaban el sueldo sin la paritaria correspondiente. La verdad es que es la primera vez que ATE encuentra que el Estado como empleador no paga salarios. Entonces, cuando apareció ATE, los organizó y elevó las correspondientes notas. Recién ahí aparecieron los sueldos de diciembre y enero”.

Por medio de ATE, los trabajadores de COVIARA comenzaron a enviar cartas documento al ministerio de Defensa ya no solo por el no pago de los salarios sino también por la falta de higiene, ocasionada porque fue echado el personal de limpieza. Esto provocó que aparecieran ratas, tal como quedó plasmado en la carta enviada a comienzos de mes.

A modo de ejemplo, el 16 de abril, llegó a Defensa una carta documento con 15 firmas en la que los trabajadores de COVIARA manifiestan su enérgico reclamo “ante la grave situación que atravesamos en materia de condiciones mínimas de salubridad, seguridad e higiene en nuestros lugares de trabajo”. En el texto, mencionan la posibilidad de accidentes por la falta de mantenimiento de los ascensores, la no limpieza de los baños y la aparición de roedores, “factores que configuran un riesgo sanitario inadmisible”.

El Ministerio de Defensa levantó la guardia ante la aparición de ATE, y comenzó a presionar a los trabajadores. Desde el sindicato de los trabajadores estatales, señalaron que los funcionarios “están cometiendo una serie de incumplimientos que están rozando lo penal”.

Uno de los testigos directos es el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, que comparte edificio con COVIARA. En entrevista con Ámbito, Morales no solo cuestionó al director de COVIARA, Gabriel Salvini, por manejar la empresa desde Godoy Cruz, Mendoza, sino que también indicó que “dentro de las Fuerzas Armadas hay una fuerte versión de que Salvini dejaría su puesto debido a que el proceso de desguace al que se está sometiendo a la empresa es tan grosero que ningún funcionario político se quiere hacer cargo”.

Sin embargo, lo que ocurre con COVIARA no es un oasis, sino que el marco está dado por lo que viene sucediendo en la obra social de las Fuerzas Armadas con Luis Fiochi, el director designado por el ministro Petri.

Los lados del mostrador

El 15 de abril, los vocales del Directorio del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armada (IOSFA) presentaron una nota interna dirigida al presidente del Instituto, el mendocino Luis Roberto Fiochi. Antes de avanzar, cabe tener en cuenta que IOSFA es la tercera obra social del país por sus dimensiones, detrás de PAMI y IOMA. En el mencionado documento, señalan una serie de cuestionamientos en relación con diferentes medidas que tomó Fiochi desde que asumió en noviembre de 2024.

Ámbito tuvo acceso a la nota interna en la que los integrantes del Directorio critican el préstamo de 40 mil millones de pesos pedido al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, del que Fiochi fue presidente hasta noviembre cuando fue puesto a cargo de IOSFA. “No se logró solución”, dicen. Lo cierto es que en marzo, mediante otra nota interna, el director vicealmirante Eduardo Urrutia había realizado un reclamo en esa misma línea directamente dirigido a Fiochi: “Usted nos expresó que la tasa de interés estaría en el orden del 35 al 37 % y finalmente se negoció 52,05 %. Con una CFT Anual de 64.48%”.

Peor, Urrutia, en ese primer texto, acusó a Fiochi de retacear información al Directorio: “(…) los miembros del Directorio que votamos a favor de la tramitación del préstamo no nos enteramos de las condiciones finales si no hasta que se concretó el mismo. No fuimos consultados ni informados de las condiciones que estaba imponiendo el IAF”.

Entonces, no solo se hacen eco tanto de una tasa de interés superior a lo que se accede en el mercado actualmente como de que no fueran debidamente informados, sino que añaden que Fiochi fue el funcionario que lo gestionó durante su paso en el IAF, poco antes de reemplazar a Oscar Sagas, quien presentó la renuncia el 19 de noviembre de 2024. Sagas es acusado por el presunto desmanejo que llevó a una crisis financiera de poco más de 122 mil millones de pesos.

Cuando Fioschi pasó a IOSFA, situó a la también mendocina Betina Surballe como gerenta de Recursos Financieros del IAF. Surballe era la mano derecha de Fiochi previo a su partida.

En el documento señalado, los miembros del Directorio critican que Fiochi los dejó al margen de la toma de decisiones y, a la vez, ignora sus propuestas. Por otro lado, señalaron el nombramiento de personas sin antecedentes para ocupar cargos jerárquicos. El caso sobre el que hacen más hincapié es el de la designación de una abogada sin experiencia (“recién llegada a IOSFA”, afirman) a cargo del área de Transparencia. Se refieren a Lucila Pagani. Todo eso, salteándose el proceso de selección. Por último, resaltan que tomó decisiones muy importantes sin consultar al Directorio y que, a la postre, afectaron al afiliado.

El silencio de Fiochi tal vez tenga explicación. La nota interna lleva la firma de todos los miembros del Directorio.