Atentado a Cristina Kirchner: La jueza que pregunta para que nada se sepa | Capuchetti cita a un funcionario cercano a Milman y da un rol clave a Gendarmería en la causa del atentado a CFK

En su cruzada por correr el foco del expediente sobre la autoría intelectual del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti citó a declarar como testigo al actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad, Ramiro Anzit Guerrero, un viejo protegido del diputado del PRO, Gerardo Milman, hasta ahora el único imputado en esta causa residual. Desde que le quitó al fiscal Carlos Rívolo el manejo del caso a comienzos de abril, la magistrada dice que investiga a la Policía Federal (PFA), algo que ya hicieron por un lado la fiscalía y, por otro, la propia fuerza con sumarios internos. A más de dos años y ocho meses del intento de magnicidio, ahora ella le pidió a Gendarmería –la fuerza favorita de la ministra Patricia Bullrich– que revise esas actuaciones administrativas que realizó la PFA y, lo que es más impactante, que defina “el objeto procesal del presente legajo”. 

Una causa con nuevos dueños 

Dos semanas atrás, Capuchetti le pidió una ayudita directo a Bullrich, quien no parece estar en una posición de gran objetividad: no sólo porque no repudió el atentado, sino porque los celulares de las dos secretarias que estaban con Milman cuando un testigo lo escuchó decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa” (dos días antes del atentado) fueron borrados en una oficina suya. El teléfono de Milman, que era jefe de campaña de la actual ministra, también habría sido manipulado allí. Ahora la jueza recurrió a Anzit Guerrero, quien tiene un cargo clave en la cartera de Bullrich al estar a cargo de Inteligencia Criminal, área que coordina las estructuras de inteligencia de las fuerzas federales (PFA, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria). 

El funcionario reemplazó a fines de marzo a Ricardo Ferrer, cuestionado por producir datos falsos vinculados con al marcha de los jubilados del 12 de marzo (en la que fue brutalmente herido Pablo Grillo, entre otros hechos judicializados). Había formado parte de la gestión anterior de Bullrich en Seguridad, en el gobierno de Mauricio Macri. Era director de Análisis en la Dirección de Inteligencia, de la que Milman era titular. Una de las tareas de las que estuvo a cargo fue armar un informe para rotular como “terroristas” a los integrantes del pueblo mapuche. El llamado “Informe RAM” aludía a una supuesta organización, Resistencia Ancestral Mapuche, a la que se adjudicaban, sin evidencia, actos violentos. El fiscal Franco Picardi dijo en un dictamen que habían inventado una categoría para justificar la represión a los indígenas. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández, Anzit Guerrero fue eyectado de la cartera por “ñoqui”: según le adjudicaron pasaba más tiempo en el despacho de Milman y del diputado Cristian Ritondo en el Congreso que en su trabajo. En la provincia de Buenos Aires había sido director de Planificación Estratégica, en la administración de María Eugenia Vidal. Con el gobierno de Javier Milei, logró un regreso con gloria ya que directamente lo pusieron a cargo de la DNIC. 

La declaración testimonial de Anzit fue breve. La jueza quería que le explicara cómo puede obtener información desclasificada del organismo que él conduce de la época del atentado. La respuesta fue que le tiene que mandar un oficio con el pedido a la ministra Bullrich. Otra vez, un pedido de ayuda a la ministra. En este caso, es por información reservada. En el anterior, la jueza le requirió un informe sobre “totalidad de los funcionarios, empelados y/o miembros de dicha cartera, que se abocaron a tareas operativas y/o administrativas vinculadas y posteriores” al ataque a CFK. Un representante de la fiscalía le preguntó a Anzit Guerrero si la Dirección de Inteligencia había recibido algún alerta de un posible atentado previo al 1 de septiembre de 2022: dijo que no tenía idea y que en esa época estaba en Francia, reconstruyó Página/12. 

Como reveló este diario, el legajo de investigación que originalmente llevaba el nombre de Milman, principal imputado, dejó de tener esa denominación por decisión de la jueza, que lo juntó con todo lo alusivo a la PFA. Luego le puso el nombre de una mujer, que no tenía ninguna relación con el tema: era solo una mencionada por un llamado anónimo (había decenas) en los días posteriores al atentado. Ahora la carátula dice “NN”. Además de que los celulares de sus secretarias fueron borrados, el o los suyos nunca fueron secuestrados. Entregó uno que era modelo posterior al hecho, y para colmo no hay manera de extraer su contenido. 

Capuchetti rechazó el año pasado investigar lo ocurrido con los celulares (algo que quedó habilitado que pudo ocurrir porque ella demoró su secuestro) y las implicancias. Cuando le sacó la investigación al fiscal Rívolo (a quien se la había delegado más de dos años atrás porque estaba recusada), Milman salió a decir que no quería “spoilear a la jueza” pero pasarían cosas relevantes en la causa y volvió a poner en duda el intento de magnicidio al definirlo como un atentado “entre comillas”. ¿Será esa descabellada teoría la que busca la jueza? Por ahora es un enigma. 

Gendarmería en acción

El broche de oro de las nuevas medidas ordenadas por la jueza fue pedirle a la Gendarmería que revise los sumarios administrativos realizados por la Policía Federal, sobre policías que formaban parte de la custodia de la expresidenta al momento del atentado, o integraban su dispositivo de seguridad, y que tuvieron alguna participación poco feliz en la investigación, como el dúo de agentes que estaba como consigna a metros una vivienda en Barracas donde se juntaban los “copitos”, lugar en el se había recluido Brenda Uliarte, exnovia de Fernando Sabag Montiel, principal acusado. Debían detenerla, pero pasó camuflada delante de ellos y se fue a tomar el tren. La detuvieron en la estación Palermo. Los policías fueron castigados con cinco días de arresto. Sobre otros agentes se hicieron entrecruzamientos telefónicos y hasta escucha, sin hallazgos. 

Pero parece que Capuchetti también le quiere pedir ayuda a la fuerza predilecta de Bullrich para definir “el objeto procesal”. Le dio copia de todas las actuaciones reservadas y le pidió que la orienten. ¿Gendarmería definirá hacia dónde va la investigación? En rigor, fue lo que esa fuerza hizo con la causa sobre la muerte de Alberto Nisman: armó un informe para decir que lo habían matado, aunque nunca nadie jamás pudo explicar cómo, pese a que ya se había expedido el Cuerpo Médico Forense entre otros peritos oficiales sobre la inexistencia de intervención de terceros. También fue la fuerza que realizó la cacería en la que terminó desaparecido y muerto Santiago Maldonado. La jueza ya insinuó que también le quiere dar para peritar el celular dañado de Sabag Montiel, que ella misma había hecho analizar primero adentro de su juzgado (sin bloqueo de señales, con un corte de luz previo y condiciones dudosas) y luego envió sin cadena de custodia a la Policía Aeroportuaria.  

Estas y otras irregularidades surgieron en el juicio oral en las últimas semanas y dejaron muy mal parada a la magistrada, algo que podría explicar por qué reasumió la investigación y decidió correr el eje. 

Pedido de CFK 

La semana pasada, la presidenta del Partido Justicialista le reclamó a Capuchetti  a través de sus abogados -José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal- que se avance en las medidas pendientes respecto de Milman y se investigue el borrado de los celulares. Planteó que su querella siempre “ha manifestado la necesidad de investigar a los
miembros de la PFA que incurrieron en irregularidades luego del
atentado”. “Sin embargo, nos llama poderosamente la atención, y nos
preocupa, que para profundizar en esa línea (dos años y medio
después de que lo marcáramos)” la magistrada “oficie a una persona (Bullrich) que,
según el relato de una testigo, es dueña de una oficina en la
que se adulteró prueba solicitada en la causa“. Esa prueba, dicen, se podía pedir directo a la Federal y que está disponible desde el comienzo. 

“Con el oficio enviado a Bullrich, la revictimización y la
deslegitimidad de la instrucción han dado un nuevo salto. Ahora,
además de no investigársela, a la dueña de la oficina donde se
habría borrado la prueba se le pide colaboración en la causa”, advierte la presentación de CFK. Recordó que en una entrevista reciente Milman “dijo haber
leído toda la causa (no sabemos cómo, ya que en ese momento no
tenía acceso a todo el expediente) y saber quién habría puesto
el arma en manos de Sabag Montiel (…) refirió que venía de
ver a Bullrich y que su relación es ‘impecable'”.