Contra el intento de reinstalar la teoría de los dos demonios | Más de 100 familiares de genocidas contra una jugada pro-impunidad de Milei

Más de 100 hijos, hijas, exhijas y familiares de genocidas se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que no convalide una jugada del gobierno de Javier Milei que busca ser usada como un plafón para perseguir a los militantes de los años ‘70. Reclaman ser escuchados para demostrar que el discurso de la Casa Rosada es una versión aggiornada del que escuchaban en sus casas para justificar crímenes atroces.

El último 24 de marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni sorprendió con una conferencia de prensa. Quería anunciar que la administración libertaria había firmado un acuerdo de solución amistosa con la familia del capitán Humberto Viola para declarar que las acciones de los grupos político-militares debían ser consideradas crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles. De esta forma, ponían en pie de igualdad lo hecho por la guerrilla y el plan sistemático de secuestro, desaparición y tortura orquestado desde el Estado.

El asesinato de Viola y de su hijita María Cristina sirvió para justificar el Operativo Independencia, primer estadío del genocidio en Tucumán. Fue una acción que había lanzado el PRT-ERP contra militares por el fusilamiento de catorce combatientes de la organización. La justicia de la dictadura condenó a quienes consideró los asesinos de Viola, a quienes les arrancó confesiones bajo tortura e hizo firmar declaraciones sin leer. Cuando se reabrieron las causas contra los represores, la familia intentó hacer lo mismo con la causa como una forma de defender el “uniforme” militar. Como no tuvo éxito, en 2016 llevó el tema a la CIDH.

Recién en febrero de 2022, la CIDH le corrió vista al Estado argentino. La gestión del Frente de Todos (FdT) hizo un racconto de las actuaciones de justicia y pidió que no se le diera curso. El 11 de febrero de este año, María Fernanda Viola, una de las hijas del capitán, firmó un acuerdo de solución amistosa con el gobierno argentino. Fue suscripto por Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, también fue de la partida y posó sonriente para las fotos.

Página/12 pidió información sobre los alcances del acuerdo, pero el Poder Ejecutivo rechazó la solicitud de informes, aduciendo que hasta que no fuera homologado por la CIDH no era de acceso público. Sin embargo, trascendió que el gobierno tendría intenciones de impulsar una ley para equiparar los crímenes de Estado con las acciones de particulares –en este caso, de las organizaciones político-militares.

Esta situación generó preocupación entre referentes de derechos humanos que ven una maniobra para perseguir a los militantes de los años ‘70. Hubo señales en esa línea por parte de algunos sectores del Poder Judicial. El año pasado, la Cámara Federal porteña ordenó abrir una investigación sobre la bomba que explotó en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde la Policía Federal Argentina (PFA) tenía su estructura de inteligencia y regenteaba un centro clandestino de detención. El mismo 24 de marzo, la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados emitió un comunicado en línea con el gobierno.

La cuestión se abordó en el último encuentro del colectivo Mario Bosch, que agrupa a abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad. Pablo Verna es hijo de un médico que actuaba en Campo de Mayo, denunció a su padre por crímenes de lesa humanidad y también representa a las víctimas de la dictadura en los juicios. Pablo tomó la inquietud que se había conversado en el encuentro de abogados y la compartió con otros familiares de genocidas.

Después de una reunión entre todos y todas ellas surgió la posibilidad de presentarse ante la CIDH para hacer escuchar sus voces. Hicieron dos presentaciones en las que hay integrantes de distintos grupos que reúnen a quienes son familiares de represores y repudian sus crímenes. Entre otros, la Asamblea Desobediente, Historias Desobedientes y el colectivo de ex Hijas.

“Nos presentamos ante la CIDH porque esta estrategia del gobierno tiene una finalidad que es poder perseguir penalmente a las compañeras y compañeros militantes de los ‘60, ‘70 y ’80 que tanto dieron para construir un mundo mejor. Esta democracia que hoy tenemos también es gracias a ellas y a ellos que pelearon poniendo absolutamente todo en juego. Los que sobrevivieron a esa tremenda persecución del terrorismo de Estado, los que quedaron fuera de las garras de estos criminales, hoy no pueden ser penalmente perseguidos”, afirma Pablo Verna.

“Como familiares de genocidas que repudian enfáticamente su accionar, nos oponemos a equiparar los actos de los grupos revolucionarios con los perpetrados desde el Estado como plan sistemático de exterminio. Pretender juzgarlos con la misma vara equivale a convalidar la teoría de los dos demonios con el consecuente retroceso y afectación para nuestra Memoria, Verdad y Justicia”, sostienen desde la Asamblea Desobediente.

En una línea similar, se pronunció el colectivo de ex Hijas. “Ponemos énfasis en que los ensayos por legitimar el obrar criminal de los genocidas tienen como correlato reivindicar el accionar de las Fuerzas Armadas y de seguridad de hoy, abriendo las puertas al gatillo facilísimo y la persecución de la protesta social”, advirtieron.

Analía Kalinec es hija de Eduardo Emilio Kalinec, un exintegrante de la PFA condenado a prisión perpetua por su actuación en los centros clandestinos del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Su padre también actúa como querellante en la causa por la bomba de Coordinación Federal y busca que la taba del proceso de juzgamiento se dé vuelta.

Analía recibió también la inquietud del colectivo de abogados y abogadas e impulsó una presentación ante la CIDH. “Frente a la gravedad de esto y a la vergüenza que nos genera como argentinos que nuestro propio gobierno esté haciendo un disparate de esta naturaleza, nos pareció necesario presentarnos como familiares de genocidas y solicitar que se nos admita como amicus curiae para dar nuestra opinión en este caso frente a la Comisión Interamericana”, explica Analía, que es docente y empezó a estudiar Derecho tras presenciar los juicios en los que estuvo como acusado su padre.

“Queremos decir que los propios familiares de genocidas nos oponemos también a esta homologación y denunciamos el retroceso en materia de derechos humanos que este gobierno está impulsando tanto al interior de nuestro país como hacia afuera”, afirma Analía.

Historias Desobedientes fue el primer grupo que se conformó. Su aparición en sociedad se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó el fallo que garantizaba el beneficio del 2×1 para los condenados por crímenes contra la humanidad. Su voz se levantó potente frente a lo que se leía como una jugada pro-impunidad pensada desde el macrismo. Ahora, los familiares y exfamiliares de genocidas vuelven a alzar sus voces frente a lo que se ve como una justificación del plan criminal de la dictadura y el afán de perseguir a las víctimas.