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Rechazo de productores por el decreto del Gobierno que declara el fin de la Ley Ovina


El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, defendió los alcances del decreto nacional.

El justificativo de la Secretaría de Agricultura

Publicado el decreto, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sacó un comunicado, respaldando la decisión presidencial. “Las condiciones que dieron origen a los mismos cambiaron de manera sustantiva y se hace necesario avanzar hacia esquemas de fomento más integrales, flexibles y orientados a resultados”, señaló.

En particular sobre la ley ovina afirmó que funcionaba con un esquema de financiamiento basado en Aportes Reintegrables y No Reintegrables, “que ya no se considera propicio, ni tampoco eficiente”, consideró.

Por eso, “hoy se busca generar líneas de crédito y financiamiento desde el sector privado y no recurrir a esquemas de subsidios públicos”, dijo.

Para Agricultura, la aplicación de la ley: “No generó impacto en el incremento de las existencias ovinas, dado que desde la aprobación de la ley hasta la actualidad hubo una disminución del Stock de 13.029.000 cabezas en 2001 a 11.967.429 en 2025″.

Una afirmación que no tiene en cuenta, las diversas condiciones climáticas y macroeconómicas adversas que transitó la ganadería ovina, durante esos 14 años.

Tanto Enrique Jamieson como César Guatti rechazaron la disolución del Fondo de la Ley Ovina.

Rechazo de los productores

“Es la muerte de la ley Ovina” señaló el presidente de FIAS, Enrique Jamieson. “Es una muy mala noticia” afirmó César Guatti, delegado de CRA. Ambos, en diálogo con La Opinión Austral, admitieron que poco o nada se ha activado bajo el régimen de la ley, desde que el Gobierno de Javier Milei anunció.

Aunque se admite que el impacto “no se verá de inmediato”, ya en 2024, cuando hubo una intentona, las federaciones rurales patagónicas habían advertido que la disolución de la ley “puede tener efectos devastadores“.

Hace casi un año atrás, luego de la sanción de la Ley Bases, las federaciones de Rurales de Chubut, la de Santa Cruz y la de Río Negro, advirtieron sobre las consecuencias de anular esta ley: “Estamos de acuerdo en buscar mejores mecanismos de apoyo a la producción, estamos de acuerdo en trabajar en forma conjunta el sector público y privado para darle sustentabilidad a la producción ovina, para posicionarla como la cuarta carne de la cadena argentina, mientras la industria de la lana se repotencie en la Patagonia, su lugar natural. Pero no compartimos y seguiremos bregando al respecto, en eliminar un fondo tan determinante con argumentos que no se condicen con la realidad”.

De hecho los fondos que distribuía, como no fueron actualizados oportunamente, “quedaron totalmente desfasados respecto de la inflación“. Aunque inicialmente, en 2001, el fondo constaba de una disponibilidad de USD 20 millones, en 2023, último año que hubo adjudicación de financiamientos, fueron $800 millones (equivalente al 10%, en dólares, de la cifra original).

“Ya sobre lo último, realmente era muy poco lo que se distribuía”, admitió Guatti, aunque sostuvo que “igual servía“. De hecho “se atendían algunas cuestiones que venían sirviendo para poder mantener, en provincias como Santa Cruz, algunas explotaciones en marcha“.

Por ejemplo “nos habíamos enfocado mucho a mejorar la calidad de vida en el campo para favorecer el arraigo, como la energía solar, el internet, esas cosas para que el hombre de campo se arraigue más en el campo, más que las cuestiones que tengan que ver directamente con la oveja, un poco también adaptándonos a la menor cantidad de fondos que teníamos” marcó el dirigente rural.

“Nos quedamos sin esa herramienta, que nos costó años conseguir” lamentó, finalmente, César Guatti.

(Por Irene Stur / La Opinión Austral)

 

 

 

 

 

 

 





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