Otro capítulo en la liberalización de las armas | Se facilita el acceso a las semiautomáticas, las preferidas para los tiroteos masivos

La libertad de andar armados avanza con el gobierno de Javier Milei. Tras bajar a 18 la edad permitida para la tenencia de armas, y habilitar un trámite digital de “tenencia express“, ahora el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich desreguló por decreto la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas mayores a calibre .22, que desde 1995 eran sólo de uso militar, lo que incluye símil fusiles, carabinas y hasta subametralladoras. Aunque habla de permisos para “usos deportivos“, el decreto no aclara nada sobre ese tipo de actividades, por lo que los especialistas en el área advierten que se corre el riesgo de desvíos hacia el mercado ilegal de armas. Las semiautomáticas, además, son las que se suelen utilizar en las sucesivas masacres de Estados Unidos. 

La modificación fue oficializada a través del Decreto N° 397/25 firmado por la ministra Bullrich y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, además del presidente Milei. El decreto ya fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial (BO) y actúa como norma modificatoria del Decreto N°64/95, que desde ese año restringía la tenencia de este tipo de armas. Fue el entonces presidente Carlos Menem quien estableció la expresa prohibición de compra y tenencia de las semiautomáticas mayores a calibre .22 para los legítimos usuarios de armas, lo que restringía su uso sólo a las instituciones armadas. 

Aquel decreto fijaba, en tanto, mínimas excepciones “cuando existieren fundadas razones que lo justifiquen”, que hasta ahora debían ser definidas exclusivamente por el Ministerio de Defensa a propuesta del Registro Nacional de Armas –hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)–, aunque ese trámite, en la práctica, casi nunca llegaba a buen puerto. Ninguna de todas esas restricciones quedan en pie ahora, luego de la publicación del decreto presidencial. 

Al Gobierno le alcanzó con modificar sólo dos de los artículos del decreto de Menem, aquellos que precisamente establecían la prohibición y los requisitos para las posibles excepciones. En cuanto al primer punto, la nueva norma deroga la prohibición y establece un “régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas” a solicitud de los legítimos usuarios, régimen que ya ni siquiera estará en jurisdicción ministerial sino que la potestad de otorgar los permisos recaerá sólo en la ANMAC. 

Sobre los criterios de otorgamiento del permiso, y acerca de la conformación legal de ese nuevo “régimen de autorización especial”, nada se aclara, a excepción de la mención de los “usos deportivos“. El decreto menciona en dos ocasiones la cuestión, al señalar que los permisos podrán ser otorgados sólo a aquellos que puedan demostrar “probados usos deportivos”. La redacción es igual de laxa para la cuestión deportiva, ya que en ningún caso da detalles precisos acerca de la definición de esos usos, mientras que en los fundamentos del decreto menciona incluso a “actividades deportivas u otras finalidades lícitas“, sin tampoco precisar de qué se tratarían esas “finalidades”. 

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red Argentina para el Desarme, advierte que, más allá de la laxitud de los términos empleados, “la enorme incapacidad actual del Estado para ejercer controles efectivos, con una ANMAC que hoy tiene menos de 10 inspectores para todo el territorio nacional, hace que en los hechos esto abra un riesgo de que las semiautomáticas terminen utilizadas para otros usos fuera de los deportivos, lo que incluye desvíos al mercado ilegal o a los grupos de criminalidad organizada“. 

Por su parte, Rodrigo Pomares, coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), añade a Página/12 que la medida “habilita la inserción en la población de este tipo de armamentos, con el impacto que eso pude tener si uno mira los ejemplos de otros países donde se ha liberalizado la circulación de armas semiautomáticas, que tienen una letalidad potencial muy elevada“. Además de los conocidos casos de Estados Unidos, Alfie grafica la situación con el ejemplo de  países como Nueva Zelanda o Australia, donde también hubo masacres similares. En esos casos, indica, al contrario que en Estados Unidos, se terminó “restringiendo el acceso a las armas semiautomáticas porque es un tipo de armas que permite causar daños de magnitudes gigantescas con muy poco esfuerzo“.

Sólo para mencionar algunos casos estadounidenses, en la masacre de la escuela Sandy Hock, perpetrada en 2012 en Newton, Connecticut, el tirador Adam Lanza mató a 20 niños y 8 adultos utilizando, entre otras armas, una Bushmaster XM15-E2S calibre .223, arma semiautomática que hasta ahora aparecía en la clasificación legal de armas de fuego de la ANMAC como de “uso exclusivo de las instituciones armadas“. En la masacre perpetrada el año pasado en Apalache, Georgia, con 4 muertos, y en 2018 en Parkland, Miami, con 17 muertos, los autores usaron semiautomáticas símil Colt AR-15, modelo que también aparece en el mismo registro. En el último caso, el autor fue Nikolas Cruz, un miembro del grupo Supremacía Blanca de la República de Florida.

En el decreto se dan algunos detalles acerca del tipo específico de semiautomáticas que pasarán a estar habilitadas para legítimos usuarios bajo permiso de la ANMAC. Se indica que son aquellas alimentadas con “cargadores de quita y pon” –es decir que pueden ser removidos y reemplazados fácilmente, lo que permite una recarga rápida– y “derivadas de arma de uso militar“, entre las que se cuentan “símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto“. Además de las ya mencionadas, en la clasificación legal de la Agenda aparecen otras armas famosas de ese tipo, como la AK-47 semiautomática. 

La nueva decisión del gobierno se enmarca en una línea de promoción de la tenencia de armas en la población civil, que arrancó el año pasado cuando en diciembre, también por decreto, bajó a 18 años la edad mínima para ser usuario legítimo de armas de fuego, cuando hasta entonces estaba en 21. En mayo de este año, en tanto, se sumó un nuevo capítulo con la apertura de un trámite digital de “tenencia express” para “agilizar el trámite de la tenencia”. 

Pomares señala que todas esas políticas aparecen “bajo la supuesta simplificación de trámites, pero en realidad promueven la adquisición de esos armamentos para liberalizarlos, a contramano de la política de desarme”. Alfie, por su parte, agrega que todo se inscribe en una política de “temeridad” gubernamental a la que califica “entre fanática y dogmática” que “minimiza los enormes riesgos de estas decisiones”.

Aunque menos resonante que la que atañe a las semiautomáticas, este miércoles el gobierno también decretó una modificación en los trámites de tenencias de armas, esta vez para las armas de guerra autorizadas para las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. Lo hizo con la publicación en el BO del Decreto 409/25, con las mismas firmas que el 397, que modifica diversos artículos de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos. 

Hasta ahora, la ley establecía que los integrantes de las fuerzas que portaran este tipo de armas debían renovar una vez por año la autorización. El decreto establece que a partir de ahora “la portación no fenecerá” excepto por expresa decisión de la ANMAC a solicitud del titular de la fuerza a la que pertenezca el usuario. Según el Gobierno, el trámite anual que se realizaba hasta ahora representaba una “carga excesiva” para las fuerzas, “ya que las autoridades de las instituciones respectivas son las más indicadas para evaluar si sus subalternos han adquirido o mantienen las condiciones necesarias para el uso de armas”, ya que son ellas quienes saben si están “física y psicológicamente aptos para asumir la responsabilidad de su tenencia y portación”