España: el Congreso aprobó una ley que permite disolver asociaciones franquistas | La reforma incluye como causa de disolución la apología del franquismo
El Congreso español aprobó este jueves una ley que permitirá disolver asociaciones franquistas, ya que la nueva norma reforma la ley que regula el derecho de asociación, para incluir como causa de disolución la apología del franquismo, adaptando así esta normativa a la ley de Memoria Democrática de 2022. 50 años después de la muerte del general Francisco Franco, en España aún hay miles de monumentos y calles que glorifican al dictador, una aberración para muchas asociaciones que desean borrar estos símbolos de los lugares públicos.
Los detalles de la reforma
La nueva ley contó con el rechazo del conservador Partido Popular (PP), que con su mayoría en el Senado intentó cambiar la norma y, en su lugar, planteó una reforma del Código Penal para poder ilegalizar asociaciones próximas a la banda terrorista ETA (disuelta en 2018, después de que en 2011 decidiera el cese de su actividad armada) o las que provoquen “humillación” a las víctimas. El Partido Socialista (PSOE) y sus socios parlamentarios, grupos de izquierda y nacionalistas, rechazaron las enmiendas del Senado, que solo contaron con el respaldo del PP, el ultraderechista Vox y un partido regionalista conservador navarro; y, por lo tanto, la ley se aprobó en su versión original concebida por los socialistas.
La intención del PSOE con esta ley es impedir la posibilidad de que se convierta en una asociación la Fundación Francisco Franco, cuya extinción tiene previsto pedir el gobierno este mismo año ante la justicia, en aplicación de otro punto de la ley de Memoria Democrática. La fundación, creada en 1976, lleva el nombre del dictador que gobernó España desde el final de la guerra civil (1936-1939) hasta su muerte en 1975 y tiene entre sus fines difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra del dictador.
En suma, lo que hace la reforma es incluir en la Ley de asociaciones una disposición adicional que recoge como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior, enalteciendo a sus dirigentes, siempre que concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe, la guerra o la dictadura o con incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
La disolución tendrá que realizarse mediante una resolución judicial y podrá se instada bien por el Ministerio Fiscal o por las entidades y asociaciones memorialistas, que podrán utilizar la vía penal. “El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia”, reza la norma.
“Defienden el franquismo”
En el debate de este jueves en el pleno del Congreso, el PP aseguró que está del lado de todas las víctimas del franquismo, pero acusó al oficialismo de pretender tender una trampa con esta ley para buscar un titular en el que el partido de derecha salga posicionado contra las víctimas de esa época y considera que la ley aprobada recientemente es inconstitucional. Tanto el PSOE como sus socios de gobierno y parlamentarios acusaron al PP de no ser contundente contra el franquismo y le reprocharon que haya utilizado su mayoría absoluta en el Senado para tratar de cambiar absolutamente el espíritu de la norma.
Según recogió la agencia de noticias Europa Press, el diputado socialista Raúl Díaz remarcó que las víctimas del terrorismo, a las que los miembros del PP hacían alusión en el nuevo texto llegado del Senado, ya cuentan con su propio corpus legislativo. “Diganle a sus amigos de la Fundación Franco que cuando la disuelvan no podrán ir a una asociación para seguir haciendo de las suyas”, agregó Díaz, dirigiéndose a los integrantes del partido ultraderechista Vox.
Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego, indicó que el tratamiento de la ley sirvió para “desenmascarar al PP”, mientras que Martina Velarde, de Podemos, acusó a los populares de financiar desde los gobiernos autonómicos a asociaciones y movimientos abiertamente franquistas o reaccionarios. Jon Iñarritu, del independentista Bildu, destacó que miembros del PP como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre “defienden el franquismo sin complejos”. Desde Sumar, el diputado de Izquierda Unida Nahuel González reprochó al PP que recurra a “piruetas instrumentales para no condenar el franquismo y se niegue a contribuir al final de la impunidad para quienes odian la democracia”.
Más de 6 mil símbolos franquistas
En total “hay más de 6 mil símbolos” franquistas aún en el país, explicó a la agencia AFP Eduardo España, cocreador de la página web “Debería desaparecer”, lanzada en 2022 para recopilar estos elementos que ocupan “ilegalmente” el espacio público. “No se entiende que a día de hoy, en un Estado democrático, podamos conservar este tipo de monumentos”, insistió España, señalando a pocos metros detrás de él el Arco de la Victoria. Construido en la década de 1950 para celebrar el éxito de las tropas franquistas sobre la República en la Guerra Civil (1936-1939), este monumento neoclásico se eleva casi 50 metros en la entrada oeste de Madrid.
Tras llegar al poder tras una guerra civil que causó cientos de miles de muertos, Franco gobernó España con mano de hierro durante casi 40 años. A su muerte, el 20 de noviembre de 1975, ningún responsable del régimen fue juzgado, ya que este periodo fue objeto de una amplia amnistía que benefició a ambos bandos. Buscando zanjar ese pasado doloroso, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero inició un cambio en 2007 con su ley de “memoria histórica”, que obligaba a las administraciones a retirar los símbolos que hicieran apología de la dictadura en el espacio público.
Este giro se aceleró con la llegada al poder en 2018 de Pedro Sánchez, otro socialista, que en 2019 exhumó los restos de Franco del Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros), para que su tumba dejara de ser un lugar de homenaje para los nostálgicos de la dictadura, y en 2022 se votó una ley de “memoria democrática”. Este texto, aprobado con oposición de la derecha, creó un registro de víctimas de Franco, anuló las condenas sumarias dictadas por su régimen y presionó a los ayuntamientos reacios a eliminar los símbolos franquistas.
Tanto en Galicia como en Canarias se destruyeron cruces en homenaje a los muertos franquistas. Presionado por la fiscalía, el ayuntamiento de Santander se vio obligado a cambiar los nombres de 18 calles vinculadas a la dictadura. Y en Málaga se inició un inventario de símbolos franquistas. Sin embargo, esta iniciativa se enfrenta a una fuerte resistencia, sobre todo entre los nostálgicos de Franco.
