El Gobierno digitalizó el trámite para registrar vehículos a desarmar
A través de un decreto, se eliminan pasos presenciales, se reducen requisitos y se apunta a mejorar el control de legalidad y trazabilidad en el proceso de desarme de autos.
El Gobierno nacional modificó la Ley 25.761 mediante el Decreto 428/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con el objetivo de simplificar y digitalizar los trámites para registrar vehículos destinados al desarme.
Según la normativa, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor deberá implementar una plataforma digital donde los usuarios podrán cargar la documentación y las fotografías en color que acrediten el estado del vehículo al momento de su entrega.
Hasta ahora, el trámite se realizaba de forma presencial, con documentación impresa y fotos en papel. Ese sistema seguirá vigente hasta que se complete la digitalización del procedimiento.
Menos requisitos, más eficiencia
Entre los cambios más destacados, se reducen los requisitos obligatorios para documentar el ingreso y egreso de automotores y autopartes. A partir de ahora, solo será necesario registrar la marca, modelo, número de pieza y el certificado de baja y desarme por cada vehículo.
Además, se estableció que las piezas no aptas para reciclaje deberán ser destruidas, evitando su posible reutilización ilegal.
El Gobierno eliminó la exigencia de cargar datos como el tipo de combustible, país de fabricación y destino de las autopartes, por considerarlos redundantes y obsoletos.
Argumentos oficiales
El decreto señala que los cambios apuntan a agilizar y modernizar el sistema de registro, reduciendo la burocracia y los costos operativos. También se busca facilitar el control estatal y garantizar la legalidad del proceso.
“La multiplicidad de datos muchas veces redundantes entorpece la operatoria regular de quienes integran el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas”, sostiene el texto.
En ese sentido, el Gobierno remarcó que la medida está en línea con los principios de simplificación administrativa, transparencia y eficiencia que impulsa en toda la gestión pública.
