Revés judicial: ordenan nuevo juicio por abuso tras polémica absolución

La Corte Suprema revocó una sentencia absolutoria en un caso de abuso sexual en Puerto Madryn y ordenó un nuevo juicio, al considerar que no se aplicó perspectiva de género y se vulneró el derecho de la víctima a acceder a la justicia.
En un fallo con fuerte impacto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó realizar un nuevo juicio en un caso de abuso sexual ocurrido en Puerto Madryn en 2018, tras cuestionar duramente una sentencia absolutoria que había sido dictada “por beneficio de la duda”, a pesar de existir pruebas y un contexto de violencia de género.
El hecho denunciado ocurrió cuando una mujer fue abordada por su expareja en su propia casa. Según su testimonio, tras una discusión, él la llevó por la fuerza al dormitorio y la obligó a mantener relaciones sexuales. Aunque el Tribunal de Juicio —integrado por las juezas Patricia Reyes, Marcela Pérez y Patricia Asaro— reconoció la existencia de lesiones compatibles con un acceso sexual violento y consideró creíble el relato de la víctima, decidió absolver al imputado por falta de certezas suficientes.
La resolución generó críticas por parte de la Fiscalía, que apeló la decisión. Entre los puntos más polémicos del juicio original, se destacó el argumento de la defensa, que cuestionó la posibilidad de un abuso señalando que la víctima era “una mujer obesa”, lo que habría dificultado quitarle la ropa. Ese enfoque fue rechazado por los tribunales superiores, por no respetar los estándares de perspectiva de género.
Tanto el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, como el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, coincidieron en que la sentencia vulneró el derecho de la víctima a obtener justicia. En su dictamen, Casal sostuvo que no se había aplicado el enfoque de género exigido por la normativa nacional e internacional, como la Ley 26485 y la Convención de Belém do Pará.
Finalmente, se dispuso revocar la absolución y se ordenó que se realice un nuevo juicio oral, con el objetivo de garantizar un proceso justo, con perspectiva de género y respetando el derecho de la denunciante al acceso efectivo a la justicia.