El expresidente Alberto Fernández, más cerca del juicio oral por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González dio por finalizada la etapa de instrucción en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó las gestiones para que el expediente sea elevado a juicio oral. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Fabiola Yañez, ex pareja del ex mandatario.

Según el dictamen fiscal al que accedió Noticias Argentinas, González consideró que ya se produjeron todas las pruebas necesarias y que corresponde avanzar hacia la próxima etapa del proceso: “Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes“, señala el documento, que también sostiene que debe darse por concluida la instrucción en lo que respecta a la participación de Alberto Ángel Fernández.

La fiscalía ya notificó a la defensa y a la querella para que emitan su opinión respecto al cierre de la instrucción. Una vez finalizada esa instancia, se resolverá el eventual sorteo del tribunal oral que tendrá a su cargo el juicio.

En el dictamen se detalló que durante la investigación se llevaron a cabo las medidas necesarias para confirmar o descartar las hipótesis delictivas, con participación tanto de la defensa como de la querella. “Respetando el principio de igualdad de armas, se concretaron las diligencias propuestas por ambas partes con el fin de verificar o refutar los hechos denunciados o ciertos aspectos de los mismos”, explicó el fiscal.

Por otro lado, se desestimaron las pruebas consideradas inconducentes o aquellas que apuntaban a cuestiones no controvertidas, o que podrían desarrollarse en etapas posteriores del proceso. En particular, el fiscal subrayó que se tuvo en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados, al tratarse de un contexto de violencia de género: “No se autorizaron medidas que pudiesen generar una revictimización de la denunciante”, aclaró.

Alberto Fernández se encuentra procesado y con un embargo de diez millones de pesos en el marco de esta causa. La acusación se refiere a hechos ocurridos entre 2016 y agosto de 2024, en un contexto de violencia de género que, según la fiscalía, estuvo marcado por una “relación asimétrica de poder” entre el ex presidente y Yañez.

Violencia de género: qué pena podría sufrir el expresidente Alberto Fernández

En abril, la Cámara Federal confirmara su procesamiento en la causa donde se lo acusa de agredir físicamente y violentar psicológicamente a su expareja, Fabiola Yáñez. Con el material probatorio que la exprimera dama presentó ante la justicia, Alberto Fernández podría enfrentar una pena de hasta 18 años de prisión.

Sin embargo, para llegar a ello, el rumbo que vaya a tomar la estrategia y defensa del acusado es clave, tanto a su beneficio como en su contra. Por el momento, el exmandatario intentó defenderse, mediante entrevistas y ante la justicia, desacreditando a quien era su pareja, alegando que sufre de adicción al alcohol, que la denuncia en su contra se realizó únicamente con fines políticos, y que Yáñez obtuvo dinero por ello, entre tantas otras justificaciones que intentó dar.

Pero, la Corte Federal ya lo imputó por violencia de género que, términos menos simplistas, abre un abanico de delitos tales como lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas. Pero, primero, ¿qué denunció Fabiola Yáñez?

Teniendo en cuenta que el término “violencia de género” puede sonar abstracto, especialmente por la familiarización que trágicamente se hizo como sociedad sobre éste, es importante mencionar qué denunció Yáñez. Según consta en la causa judicial y sus declaraciones públicas, desde el 2016 hasta el 2024, ella afirmó haber sufrido: Agresiones físicas, dijo que ocurrió en al menos seis episodios de violencia. Entre ellos, golpes en el rostro, brazos y abdomen que dejaron moretones visibles.

En mensajes que compartió con María Cantero, exsecretaria de Fernández, Yáñez le mostró lo que le envió al entonces presidente: “Venís golpeándome hace tres días seguidos” y compartió fotos de hematomas en el brazo y un ojo morado. También denunció un incidente en la Quinta de Olivos donde Fernández la tomó del cuello, dificultándole respirar, y otro donde la golpeó durante su embarazo, lo que agrava la imputación por el riesgo al feto. También describió un patrón de humillaciones, insultos y control donde Fernández habría restringido su autonomía, vigilado sus movimientos, cuestionado sus decisiones, especialmente durante la convivencia en Olivos.

Amenazas y coerción: Yáñez denunció que Fernández la amenazó para evitar que hablara o lo dejara, aprovechando su posición de poder como presidente. Estas amenazas, calificadas como coactivas, se intensificaron en el contexto de Olivos, donde Yáñez vivía bajo el control de Fernández y su entorno. En ese contexto, de acuerdo al Código Penal, las penas asociadas a ello son: por lesiones leves agravadas, hasta 4 años de prisión, que se aplicaría a los episodios de violencia física que causaron daños menores pero que, en el contexto de pareja, adquieren mayor gravedad; por lesiones graves agravadas hasta 15 años debido a que, a diferencia del anterior, se refiere a agresiones que causaron daños significativos como el presunto golpe en el abdomen que Fernández le habría dado a Yáñez durante su embarazado; por las amenazas coactivas podría recibir hasta 4 años de prisión que estarían probadas en los mensajes que Fernández le envió a Yáñez pidiéndole que no lo denuncie y que no abandonara su relación con él.

Si el exmandatario fuera condenado por todos los cargos en su grado máximo, las penas podrían acumularse, podría recibir una pena de hasta 18 años. Sin embargo, la pena final dependerá de la calificación de los hechos; es decir, la cantidad de episodios probados y la valoración de agravantes, como la asimetría de poder durante su presidencia.

Las pruebas que presentó Yáñez

Los mensajes de WhatsApp que Yáñez envió a la exsecretaria de Alberto y por los que inició la causa, son claves para dar con un veredicto final, aunque la Justicia ya los consideró lo suficientemente sólidos como para procesar al acusado. Asimismo, las fotos y videos que esta envió, mostrando hematomas en el brazo, cara y otras partes del cuerpo, además de un video que mostraría una actitud violenta del exjefe de Estado, ya fueron presentados como evidencia directa.

Los testimonios también tienen gran peso en esta causa, teniendo a la madre y hermana de Fabiola, a Sofía Pacchi (exasesora de imagen), y empleados de Olivos, probando que Fernández agredía y violentaba a quien era su pareja. Además de los informes psicológicos donde expertos del Ministerio Público Fiscal y una psiquiatra de la querella concluyeron que la denunciante sufre secuelas que corroboran que fue víctima de violencia prolongada.

La estrategia de Fernández para desestimar las acusaciones

La defensa de expresidente, integrada por su abogada Silvina Carreira, negó categóricamente las acusaciones e intentó desacreditar a Yáñez con varias contra-acusaciones. La primera fue sobre el presunto problema de la exprimera dama con el consumo excesivo de alcohol; lo que, según ellos, habría causado las lesiones (por caídas o accidentes) alterando también su percepción de los hechos. Aunque también plantearon que los moretones podrían deberse a las intervenciones estéticas a las que se sometió.

Luego, Fernández denunció a Yáñez por falso testimonio, alegando que su relato es una historia motivada por los celos, venganza y/o presión política de sectores opositores. Pero, terminó siendo desestimada por falta de méritos. Otro ítem en el listado de la defensa fue cuestionar el proceso judicial, donde Carreira intentó recusar al fiscal Ramiro González y anular la declaración de Yáñez, argumentando irregularidades pero, al igual que la anterior, esta maniobra no prosperó.