Caso YPF: “Esta es una intromisión clara por parte de la justicia territorial de otro país”

En diálogo con este medio, Jorge Gil sostuvo que la expropiación y renacionalización de la petrolera fue un acto respaldado por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que subraya su carácter de decisión soberana y constitucional. “La expropiación y la renacionalización de YPF se hizo con una amplísima mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores“, afirmó.

Asimismo, hizo hincapié en la defensa de la soberanía que se ve afectada. “No solo la soberanía energética, sino la soberanía económica, la soberanía financiera e incluso la soberanía política. Es realmente lo preocupante porque esta es una intromisión clara por parte de la justicia territorial de otro país, en este caso Estados Unidos, sobre la decisión autónoma, jurídica y constitucional que tomó el Estado argentino”, afirmó.

“El Gobierno de Menem otorgó jurisdicción a tribunales de Estados Unidos”

Ante la consulta si la intervención de una corte internacional pudo haberse evitado, independientemente de los reclamos de los privados, Gil explicó que el problema radica en una modificación del estatuto de YPF durante el gobierno de Carlos Menem. Este cambio otorgó jurisdicción a tribunales de Estados Unidos, “esa asamblea (de propietarios de YPF) decidió un estatuto que en ese momento introdujo la variante de la potestad de los tribunales de los Estados Unidos”, detalló.

Además, el estatuto de YPF estableció un sistema de evaluación de acciones para “compras agresivas” que valorizaba las mismas casi cuatro veces su valor de mercado, blindando así la posibilidad de una futura renacionalización. “Ese fue un hecho administrativo interno de YPF en el contexto general del proceso de privatización al cual se sometió la economía argentina en el gobierno neoliberal de Menem”, agregó.

Entre los demandantes como el Grupo Petersen y el Fondo Burford, un “fondo buitre” que adquirió los títulos y acciones de la quiebra del Grupo Petersen. Gil explicó que el Grupo Petersen había comprado el 25% de YPF sin realizar un desembolso inicial, utilizando los dividendos de la propia YPF para pagar su deuda. “El Grupo Petersen había comprado el 25% de las acciones de YPF sin pagar absolutamente nada, porque su compromiso de pago se derivaba del cobro de dividendos de la propia YPF”, detalló.

Esta situación llevó a una distribución “extraordinaria” de utilidades por parte del Grupo Eskenazi (anteriormente a cargo de Petersen), impidiendo que YPF realizara las inversiones necesarias para mantener y aumentar su producción. “Este proceso de pago de dividendos impidió que YPF pudiera efectuar inversiones petroleras como necesitaba realmente el país, y ese fue el principal motivo por el cual bajó la producción”, afirmó, recordando a su vez las consecuencias para Comodoro Rivadavia y Chubut. “No hubo inversión, no había perforaciones, no había equipo de perforación, y por lo tanto cayó la producción. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner decide, y empieza a impulsar ese proceso de renacionalización, fue este el motivo”, enfatizó.

El rol de las provincias en el paquete accionario

El fallo tiene implicancias directas para las provincias, ya que el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado se distribuye, en un 24%, entre las provincias que integran la Organización Federal de las Provincias Hidrocarburíferas, entre las que se encuentra Chubut.

Gil advirtió que las provincias perderán su participación accionaria si el fallo prospera. “Claro que esto hiere a las provincias, porque menoscaba su capacidad patrimonial. Las provincias van a perder esa participación accionaria que tienen en YPF si este fallo pudiera tener éxito, cosa que a mí me parecería una atrocidad”, lamentó.

El analista económico fue crítico con la postura del Gobierno Nacional, al que acusó de una “actitud de indolencia“. “Los gobiernos provinciales, en el caso de Chubut específicamente, no debieran permitir que el Estado Nacional, que el gobierno del Estado Nacional, que el excelente administrador, se dedique a insultar a quien tomó la decisión de la renacionalización en lugar de aumentar la capacidad argumentativa de las defensas judiciales”, expresó. Según Gil, esta actitud sugiere una tendencia del Gobierno Nacional a aceptar la resolución de la justicia estadounidense. “Me parece que los gobiernos provinciales debieran hacer un llamado de atención al gobierno nacional, porque evidentemente no está protegiendo los intereses nacionales, como el tema lo amerita, y está perjudicando los propios intereses de la provincia“, sentenció.

El impacto de la guerra en el barril de Petróleo

Consultado sobre la influencia de la guerra entre Irán e Israel en el precio del barril de petróleo y su repercusión en Comodoro Rivadavia y Chubut, Gil señaló que, si bien la guerra suele elevar el precio del crudo, en el caso particular de Comodoro hay un cambio en el modelo de negocios que afecta a las pymes contratistas locales.

“En el nuevo modelo de negocios, las empresas perforadoras y explotadoras, las que tienen las licencias de producir, montan sus propias estructuras de servicios adicionales, por lo tanto, una cantidad de pymes que en la región suelen llamarse subcontratistas, deja de tener actividad”, explicó Gil. Algunas de estas empresas están migrando a Neuquén, y aunque el precio del petróleo aumente, la política de Estados Unidos es mantenerlo bajo, incluso realizando acuerdos con Venezuela. “Eso obviamente habla de un cuestionamiento a la viabilidad económica y social de la zona“, concluyó.

Respecto a la cotización del petróleo, Gil no cree que vaya a haber saltos significativos. “El petróleo siempre es el telón de fondo de la guerra, la energía en general, pero en particular el petróleo, puede haber algún salto adicional, pero yo no creo que vaya a ser significativo, el petróleo se va a mantener alrededor de la cotización actual, podrá llegar a 90 dólares, 95 dólares, pero no va a llegar a los valores que tuvo en su momento, que alcanzó los casi 140 dólares.”