el Gobierno pidió un waiver al FMI para asegurar el desembolso de u$s2.000 millones
Una delegación argentina, encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, presentó esta semana en Washington una solicitud al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener una dispensa (“waiver”) por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas.
Este pedido, aún no concedido por el organismo pero con gran probabilidad de serlo, busca desbloquear -y acelerar- un desembolso de u$s2.000 millones correspondiente a la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por u$s20.000 millones. Sin embargo, el receso estival del FMI podría postergar la aprobación y el giro de los fondos hasta septiembre.
La negociación entre el FMI y el equipo económico demora el Staff Level Agreement (SLA), un requisito insalvable para que el Board del Fondo evalúe los resultados de la primera revisión del acuerdo.
El acuerdo con el FMI establecía una meta de acumulación de u$s4.700 millones en reservas para el segundo trimestre de 2025, un objetivo que el Gobierno no logró alcanzar. Fuentes cercanas a las negociaciones atribuyen este incumplimiento a una combinación de factores: vencimientos de deuda, la estrategia de no emisión (menos pesos para comprar dólares) y restricciones que la Casa Rosada se impuso, como la singular meta de no intervenir dentro de la banda cambiaria hasta que la cotización del dólar tocase la base de la misma en $1.000. El déficit de cuenta corriente, que alcanzó u$s5.100 millones en la primera mitad del año, cinco veces superior a las proyecciones del FMI, ha agravado la presión sobre las reservas del Banco Central, en un contexto de inflación superior al 100% anual.
A pesar de este revés, en opinión del FMI -según ha expresado esta semana su vocera, Julie Kozack- la política económica del presidente Javier Milei se ha destacado por su sólido desempeño en otras áreas del programa. El superávit fiscal primario, que superó los $6,9 billones a mayo frente a una meta de $6,07 billones, refleja un ajuste fiscal drástico, sustentado en recortes de subsidios, programas sociales y gasto público. Además, la reciente colocación de bonos BONTE por u$s4.000 millones ha permitido al Tesoro recomponer reservas sin recurrir al mercado cambiario, un logro que pareciera haber reforzado la posición negociadora de Argentina ante el FMI.
La solicitud del waiver: urgencia y obstáculos para llegar a las elecciones
La solicitud del “waiver” presentada esta semana busca evitar que el incumplimiento de la meta de reservas descarrile el programa con el FMI. Según fuentes consultadas, el equipo económico argentino presiona -el verbo es excesivo- para que el Directorio Ejecutivo del organismo evalúe el pedido antes de su receso estival, que comienza a fines de julio. Sin embargo, el cronograma del FMI sugiere que la reunión del Directorio podría demorarse hasta agosto o septiembre, lo que retrasaría el desembolso de u$s2.000 millones hasta el noveno mes del año.
Las negociaciones, que comenzaron la semana pasada en Buenos Aires con una misión técnica liderada por Bikas Joshi, jefe de misión para Argentina, han sido calificadas como “altamente constructivas”. Según se dijo, el FMI reconoce los avances en la consolidación fiscal y la reciente flexibilización del cepo cambiario, que marcó la transición a un régimen de flotación con bandas. No obstante, la falta de confirmación sobre la aprobación del “waiver” genera incertidumbre, ya que el organismo debe balancear la flexibilidad con las exigencias de sus países miembros.
El historial del FMI con Argentina ofrece motivos para el optimismo. En revisiones previas (2022, 2023 y 2024), el organismo otorgó dispensas similares cuando el país demostró avances en otras metas. Analistas como Claudio Loser, exdirector del FMI, y el ex secretario de Finanzas Daniel Marx consideran que la probabilidad de aprobación es alta, aunque podría implicar un recalibramiento de las metas de reservas para los próximos trimestres, ajustándolas a las limitaciones estructurales.
En el equipo económico creen que la solicitud del “waiver” se enmarca en un escenario geopolítico favorable para Argentina, gracias a la alineación entre el presidente Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo respaldo en el Directorio del FMI podría facilitar la aprobación. Sin embargo, países como Alemania, Japón y Países Bajos han expresado reservas sobre la exposición del FMI a Argentina, que acumula una deuda de u$s41.000 millones desde 2018, además de los u$s20.000 millones del programa actual.
A este panorama se suma la incertidumbre generada por el fallo judicial en Nueva York, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes. Este litigio, que podría implicar un costo de u$s16.000 millones, representa un riesgo para las reservas y el acceso a los mercados internacionales. Aunque el tema no está directamente ligado a la revisión del programa, el FMI lo monitorea de cerca, consciente de su impacto potencial en la estabilidad financiera del país.
Implicancias económicas y sociales
En la city creen que el desembolso de u$s2.000 millones es crucial para reforzar las reservas del Banco Central, que enfrenta una presión constante por la necesidad de cumplir con obligaciones internacionales y sostener la estabilidad cambiaria. La economía viene de contraerse en 2024 y, según el Gobierno, en 2025 se alcanzará un crecimiento de 5,5%, una cifra que coincide prácticamente con el 5% estimado por el FMI. Sin embargo, el déficit de cuenta corriente, alimentado por un aumento de las importaciones, sigue siendo un obstáculo para la acumulación de reservas.
El equipo económico, liderado por Quirno y Daza, defiende que el déficit de cuenta corriente es “razonable” en una economía en transición hacia la apertura comercial. Además, destacan estrategias alternativas para fortalecer las reservas, como operaciones de “block trade” y la emisión de bonos BONTE, que han permitido captar divisas sin presionar el mercado cambiario. No obstante, las reformas económicas del Gobierno, que incluyen recortes de subsidios y desregulaciones, enfrentan crecientes tensiones sociales, con protestas que podrían intensificarse si la inflación y el ajuste fiscal persisten.
