Procesan a 34 represores por crímenes en el campo de concentración de la ESMA | Alfredo Astiz y Jorge Acosta siguen acumulando acusaciones

Veinte años después de la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, las investigaciones siguen detectando nuevas víctimas y echando luz sobre el comportamiento de los victimarios. En esa línea, el juez federal Ariel Lijo procesó a 34 represores por crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre otros están Alfredo Astiz y Jorge Eduardo Acosta, ya condenados a prisión perpetua.

Lijo dictó procesamiento contra Acosta (84), jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.32 y otros de sus integrantes como Randolfo Luis Agusti Scacchi (84), Juan Arturo Alomar (77), Paulino Oscar Altamira (78), Astiz (73), Juan Antonio Azic (83), el médico Carlos Octavio Capdevila (79), Carlos Néstor Carrillo (68), Carlos Mario Castellví (78), Ricardo Miguel Cavallo (73), Rodolfo Oscar Cionchi (76), Daniel Néstor Cuomo (75), Juan de Dios Daer (74), Hugo Enrique Demario (80), Jorge Manuel Diaz Smith (79), Adolfo Donda (79), Miguel Ángel García Velasco (78), Alberto Eduardo González (74), Orlando González (79), José Ángel Iturri (68), Luis Ambrosio Navarro (72), Víctor Roberto Olivera (74), Antonio Pernías (78), Héctor Francisco Polchi (79), Jorge Carlos Radice (73), Miguel Ángel Alberto Rodríguez (78), Juan Carlos Rolón (76), Néstor Omar Savio (79), Carlos Guillermo Suárez Mason (75), Ramón Roque Zanabria (70) y Hugo Héctor Siffredi (77).

El procesamiento también incluye al abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa (80), un civil que frecuentaba la ESMA, al menos, entre septiembre de 1976 y septiembre de 1978. Torres de Tolosa estaba emparentado con el “Tigre” Acosta y dentro del campo de concentración era conocido como “Teniente Vaca”. Según los sobrevivientes, solía estar todos los días en el casino de oficiales. Su presencia incluía, de acuerdo con los testimonios, la participación en las torturas e interrogatorios. Estuvo también involucrado en la microfilmación de los documentos que producía el grupo de tareas y participó de los vuelos de la muerte. Adolfo Scilingo relató que el “Teniente Vaca” lo ayudó a desnudar personas antes de ser arrojadas a las aguas del Río de la Plata.

Eugenio Batista Vilardo (87) también fue procesado. Vilardo, entonces capitán de corbeta, era funcionario de la Cancillería, que estaba bajo la órbita de la Marina. Además, frecuentaba el campo de concentración de la ESMA. Como destaca Lijo en su resolución, la misión de Vilardo era lavar la cara de la dictadura frente a las denuncias internacionales que señalaban que en la Argentina se secuestraba, torturaba y desaparecía. Eso se hacía a través de distintas iniciativas, como el Centro Piloto de París –una embajada paralela al servicio de Emilio Eduardo Massera– y de la utilización de prisioneros que eran llevados, como mano de obra esclava, a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Pareciera entonces que todo aquel que, formando parte de la estructura del poder y teniendo la función específica de convencer al extranjero de que las denuncias recibidas eran completamente infundadas y carentes de sustento, pero que a la vez conocía claramente el carácter de ‘detenidos’ que estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada, no podía sustraerse a su responsabilidad, participación y colaboración con los hechos en estudio”, escribió el juez.

Si bien los represores ya fueron juzgados por crímenes en la ESMA, el criterio que siguió el juez fue el de volver a indagarlos por casos por los cuales no habían tenido que responder con anterioridad. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los secuestros del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz –que incluye a las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas–, del periodista Rodolfo Walsh y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin.

Lijo incorporó más de 150 casos que surgieron durante las declaraciones en los juicios que se vienen sustanciando desde 2007 por lo sucedido en la ESMA. A pedido de las querellas y la fiscalía, consideró víctimas a niños y niñas que fueron llevados al campo de concentración cuando secuestraron a sus padres o madres.

La furia del mentor de Villarruel

Esta decisión encolerizó al “Gato” González, un personaje clave para el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), ya que es considerado el “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel a tal punto que Cecilia Pando dijo que era él quien escribió un libro que ella firmó. González es historiador. Tiene tres condenas por crímenes en la ESMA. La tercera fue por haber sometido a abusos sexuales a Silvia Labayru.

“Lo de los bebés es un cuento chino”, se despachó González en su declaración, que, a contramano de la evidencia, dice que en la ESMA no se robaban a los hijos de las detenidas-desaparecidas. Según su versión de los hechos, los chicos eran entregados a la Policía Federal Argentina (PFA) para que los llevaran al hospital de niños. Estaba muy molesto con el juez porque, por ejemplo, se había juzgado antes el secuestro de la madre y el asesinato del padre, pero recién ahora se contemplaba a la niña como caso.

“La Secretaría de Derechos Humanos impulsó esto para mantenernos presos”, se quejó amargamente González ante los funcionarios del juzgado federal 12 de Comodoro Py. Despotricaba, claro está, contra la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno del Frente de Todos, ya que la actual se quedó sin abogados querellantes en la mayoría de las causas. La indagatoria fue en 2023, cuando todavía Javier Milei y su discípula Villarruel no habían llegado al gobierno. 

En ese momento, González ya protestaba porque una nueva indagatoria le generaba estrés y le acortaba la esperanza de vida mientras hablaba de las “groseras violaciones al debido proceso y la injusticia inherente”. Ahora, González está pidiendo que lo manden a su casa.

El objetivo de salir de la cárcel

El miércoles, hubo una audiencia en los tribunales de Comodoro Py para examinar los pedidos de González y Donda para que les otorguen prisión domiciliaria, y de Radice para acceder a la libertad condicional. Las solicitudes deberán ser analizadas por Daniel Obligado, juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que los juzgó y condenó.

Donda –condenado por crímenes en la ESMA y por haber sido parte de la apropiación de su sobrina Victoria, nacida en ese campo de concentración– hace tiempo que tiene intenciones de dejar la cárcel. Antes, había solicitado la condicional. En ese momento, dijo que él tenía planes para su futuro extramuros.

Contó que tenía un proyecto laboral en elaboración, que podría llamarse “supervisión de actividades online”. Eso implicaba saber dónde está una persona a través de las herramientas tecnológicas disponibles: cámaras, GPS y celulares. En otras palabras, la intención de Donda es volver a lo que mejor sabe hacer: controlar y perseguir. Lejos de reconocer sus crímenes, Donda afirmó que era víctima desde hacía 40 años de una “persecución” y que él se había dedicado muy tempranamente a contrarrestarla. Por eso, en los primeros tiempos de la democracia, pidió permiso en la Armada para estudiar periodismo y dar la batalla por el sentido a su modo.

Radice pide que lo dejen salir en libertad. Como relató Patricia Walsh en la audiencia del miércoles, el marino que supo ser mano derecha de Massera pretende irse a vivir con su hermana, Norma Berta Radice, que también fue parte del ecosistema de la ESMA. Sin ir más lejos, los hermanos Radice están elevados a juicio por haberse robado los bienes de los detenidos-desaparecidos.