La persecución avanza | Cómo es el plan de disciplinamiento del gobierno junto al poder judicial

“Terrorismo de Estado de baja intensidad”. “Persecución ideológica y ataque a la democracia”. “Un Estado de excepción permanente”. “Criminalización selectiva”. Las denuncias sobre lo que está pasando en la Argentina, con los encarcelamientos de militantes políticos acusados de delitos graves por hechos que, de probarse, apenas merecerían una contravención, como síntoma más reciente y escandaloso, pero ligados a una serie de avances sobre las libertades y derechos individuales, se acumulan y apuntan a una peligrosa escalada autoritaria. Página/12 analizó con especialistas y abogados cercanos a las causas las características de estas últimas detenciones, que resultan una continuidad de otras vinculadas a movimientos sociales y a la protesta social, pero tienen un agravante inédito, dado por la participación de Sandra Arroyo Salgado: Una jueza, y ya no un fiscal, que ahora toma la avanzada del Ejecutivo como verdad judicial, formula graves acusaciones de delitos complejos, mantiene las causas en el ámbito de la justicia federal, ordena allanamientos violentos, ciberpatrullaje y secuestros de dispositivos, deriva a cárceles de máxima seguridad, y hasta impone secretos de sumario que continúan hasta hoy e impiden avanzar a las defensas -aunque con convenientes y selectivas “filtraciones” a una parte de la prensa-. 

La detención en prisión efectiva durante nueve días, y ahora domiciliaria, de Alesia Abaigar -funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia-, y luego la de otros cuatro militantes -una de las cuales, la concejala peronista de Quilmes Eva Mieri, continúa detenida y el sábado fue trasladada a la prisión de máxima seguridad de Ezeiza, tal como preanunció como una cocarda el Gobierno en medios afines- “es parte de un esquema de persecución política impulsado por La Libertad Avanza”, definió el Cels, organismo que presentó un Amicus Curiae pidiendo por las liberaciones de personas que, en todo caso, participaron de un escrache.

“Este tipo de avance penal contra expresiones políticas disidentes genera un efecto inhibidor. Desalienta la protesta y la participación política. Avanzar en ese sentido implica profundizar el autoritarismo político”, analiza el organismo. Y advierte que “el gobierno usa de esta forma el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes, pero un sector del poder judicial está siendo instrumento del gobierno en esa desproporción”.

Cárcel o bala

Resulta cuanto menos llamativo: hasta donde se sabe sobre la causa (que Arroyo Salgado sostenga el secreto de sumario es parte de esa “desproporción“) no hay ninguna referencia al hecho de que, días antes, José Luis Espert haya dicho públicamente que “Florencia Kirchner es una hija de puta, es una hija de una gran puta”. Tampoco a sus graves y explícitas amenazas como “Cárcel o bala”, dirigida primero a Myriam Bregman, y luego a Nicolás del Caño. 

“Hay una doble vara peligrosa, para el fiscal (Gerardo) Pollicita eso es libertad de expresión. Si dicen “zurdos, van a correr” también es libertad de expresión, si no les das la mano, sos una intolerante. Si Estela de Carlotto dice: a este hay que pararlo porque no se aguanta más, es una golpista; pero si a Espert le preguntan: ¿a qué tipo de bala se refiere usted cuando dice ‘cárcel o bala’?, y él responde ‘bala en serio, bala de verdad’, está haciendo uso de su derecho de expresión, según el fiscal de Comodoro Py. 

Los ejemplos se acumulan: “Cada balazo bien puesto en cada zurdo, ha sido para nosotros, un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara, ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver”, ha exaltado, por ejemplo, el referente libertario Agustín Laje, tras una represión a una marcha de jubilados. Expresiones como esa no merecen mayor escándalo ni intervención de la justicia. Una batalla de sentido que en un punto parece ganada sostiene este estado de excepción.  

“Acá hay que dar otra respuesta. Una movilización amplia, donde la consigna no sea una consigna electoral, algo que convoque a todas las organizaciones de derechos humanos”, pide Bregman. 

Escrache terrorista

Los delitos que se les imputan a quienes habrían arrojado bosta y colgado un pasacalles en la puerta de la casa de un diputado son atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas. A Mieri también se la acusa de malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley, ya que aseguran que se trasladó en una camioneta de una empresa constructora, usada para una obra vial del municipio, con una parte de la patente tapada. ¿Cuál es el “riesgo procesal” que la jueza infiere para que siga detenida? Al parecer, su condición de concejala. 

“El gobierno encontró en este episodio de escrache una oportunidad para profundizar algo que vienen haciendo hace rato: utilizar al sistema punitivo y de seguridad del Estado para buscar desarticular cualquier organización disidente opositora. Ya lo habían hecho con los movimientos sociales, con la protesta social, cuando en las represiones detuvieron y quisieron imputar delitos federales gravísimos a manifestantes. Ahora apunta a La Cámpora con las mismas herramientas”, marca Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Cels, en diálogo con Página/12.

“Pero hay una diferencia: el 12 de julio del año pasado fue (el fiscal Carlos) Stornelli quien llevó adelante la política del gobierno cuando intervino. En este caso es la propa jueza la que traduce las exigencias del gobierno en disposiciones judiciales, y no cumple con su rol de controlar todo este proceso. Aparece el poder judicial completamente alienado con esta estrategia del gobierno. Y empieza a haber serios problemas de garantías para las protestas y oposiciones”, señala.

La época de la desmesura

“La justicia federal hoy le hace la segunda al gobierno de la Libertad Avanza. No hace falta un acuerdo explícito entre ellos, para que pateen juntos. Comparten los mismos prejuicios de clase, el mismo espíritu de revancha, tienen la misma desconfianza hacia las mayorías, sobre todo cuando estas usan la calle como una caja de resonancia”, resalta Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad nacional de Quilmes y autor del manual de derechos humanos El derecho a tener derechos.

“Vivimos una época tomada por la desmesura. Tenemos un presidente cínico, desbocado y fuera de sí, que se la pasa desautorizando el debate público, que permanentemente está tensando la legalidad con sus actos administrativos, desmontando poco a poco el Estado de derecho que tanto tiempo nos costó reconstruir. Pero el exceso no es patrimonio del gobierno nacional. También los operadores judiciales están dispuestos a correr los umbrales de tolerancia. De la misma manera que la seguridad policial en las protestas sociales -sobre todo cuando estas son reducidas- no guardan proporción con las manifestaciones, muchos fiscales y jueces, a la hora de encuadrar los eventos que se pretende reprochar, están apelando a figuras intencionadamente exageradas que no sólo ponen las cosas en un lugar donde no se encuentran, sino que funcionan como mecanismos de extorsión para el activismo ciudadano”, advierte. 

Y concluye: “La justicia es una reserva de autoritarismo que el gobierno tiene a su disposición no solo para criminalizar la protesta sino para empezar a moverse más allá del estado de derecho. Para correrse hacia formas de gobierno donde la fuerza está siendo liberada de la ley y donde la Constitución está siendo vacacionada”.