Ante la desregulación de Vialidad Nacional el sindicato proclama lucha y resistencia
“Este decreto está armado para hacer negocios”, afirmó Aleñá, quien además responsabilizó a Javier Milei y a Federico Sturzenegger de impulsar “rutas nacionales de la muerte”.
“Nos van a matar en las rutas” resumió como advertencia la titular del sindicato de trabajadores viales, echando a datos duros sobre más de 5.000 despidos, abandono de 40.000 km de rutas y la pérdida de soberanía vial.
La titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) Graciela Aleñá denunció que el Gobierno en su tónica de ajuste y modificaciones de las estructuras estatales publicará un decreto que desregula la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), traspasando sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de control de concesiones.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Este decreto está armado para hacer negocios”, expresó Aleñá, quien también acusó a Javier Milei y a Federico Sturzenegger de impulsar “rutas nacionales de la muerte”. El gremio además convocó a la prensa para las 10 de hoy martes donde ampliarán denuncias y su plan de lucha, la cita es frente a la sede de Vialidad, Diagonal Roca 738 de CABA.
Para la sindicalista, la decisión representa “una maniobra ideológica para achicar el Estado”, bajo el argumento falso de ineficiencia. “Nos desfinanciaron desde el primer día para luego acusarnos de inoperantes. Este decreto destruye una estructura clave y habilita un esquema represivo y privatizador”, afirmó. Aleñá también alertó sobre el traspaso de bienes públicos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE): “Van por las máquinas, edificios y tierras, para liquidarlos”, resumió a BAE Negocios la referente del gremio “K”.
Según denunció, el cierre de la DNV dejará sin trabajo a más de 5.500 empleados, abandonará 118 rutas nacionales y desprotegerá más de 40.000 kilómetros de caminos. “No se trata de una simple reorganización. Están desmantelando la capacidad operativa del Estado en infraestructura vial y profundizando un modelo que ya fracasó”, sostuvo.
En su fundamentación, la sindicalista, que integra el núcleo gremial de confianza de la ex presidenta Cristina Fernández, explicó que el decreto oficial califica a la DNV como una estructura “compleja y onerosa” y reduce sus funciones a tareas como el “desmalezamiento de rutas”.
Aleñá enfatizó que “los trabajadores viales hacemos bacheo, repavimentación, señalización, control de peso y más. Con la presencia federal que ningún ministerio centralizado ni empresa puede reemplazar”.
“Tarea fina”
El texto también destaca la existencia de contrataciones privadas para justificar el desguace, proponiendo una nueva agencia con supuesta modernidad y profesionalismo, según manifestó Aleñá. “No es más que una excusa para trasladar decisiones técnicas a una lógica político-fiscalista, que aleja la planificación de los territorios y favorece intereses privados. Se busca eludir el control parlamentario y destruir derechos laborales. Vialidad cumple un rol estratégico, no solo operativo”.
La sindicalista recordó que la desinversión en la DNV fue deliberada para justificar su clausura. Además, denunció que buscan imponer una lógica de mercado en obras públicas estratégicas, donde la rentabilidad reemplaza a la necesidad social. “El costo del cierre no es económico, es social, institucional y productivo”, señaló.
Finalmente, Aleñá advirtió que la desregulación implica “una pérdida de soberanía vial”, dejando las decisiones clave en manos de privados y funcionarios sin anclaje territorial. “Sin control estatal, habrá más riesgo en obras y menos transparencia. Esto afecta al federalismo, al empleo público y a la seguridad de millones de personas que transitan las rutas”. Por Luis Autalan/BAE Negocios.
