En busca de un salvavidas para el conocimiento que se ahoga en Argentina | Las estrategias de la comunidad científica y las universidades para visibilizar la crisis en su ámbito

A un año de la marcha federal, la cosa no cambio demasiado para las universidades nacionales en Argentina. Aunque el gobierno ya no escoge a estas instituciones como su blanco preferido, el desguace continúa profundizándose y el poder adquisitivo de docentes y personal administrativo cada vez se resiente más. La situación en el ámbito científico y tecnológico no es muy distinta: el Conicet anunció que ya no se admitirán ingresos a la Carrera del Investigador Científico, con lo cual los becarios y aspirantes deberán modificar sus anhelos, o bien, ir en busca de mejores posibilidades fuera del país. 

Desde el Congreso, se movilizan nuevos proyectos con el objetivo de garantizar fondos para que los universitarios y los científicos puedan seguir brindando su aporte. ¿Cuál es la estrategia de estos grupos en un año electoral que promete recalentarse en los meses que siguen? ¿Qué sucederá con las instituciones que se encargan de la producción del conocimiento en Argentina? ¿Por cuánto tiempo más el futuro puede permanecer incierto?

Profesores de amplia trayectoria y con 20 años de antigüedad eligen irse de las universidades en busca de otros trabajos que les permitan comer y satisfacer sus necesidades básicas. Jóvenes promesas de la ciencia, por su parte, arman sus valijas con el objetivo de seguir su carrera en el exterior. Las obras están frenadas, los fondos de organismos internacionales comprometidos para proyectos científicos fueron retenidos y las líneas de trabajo paralizadas. Ante esta situación, el mundo académico busca reactivar un salvataje que provenga del parlamento.

Las fichas otra vez en el Congreso

La ley de financiamiento universitario tiene un nuevo capítulo. Luego de que en 2024 fuera sancionada por el Congreso y luego vetada por Milei, los diputados nacionales Danya Tavela y Maximiliano Ferraro lo intentarán otra vez. En el borrador insisten nuevamente en la relevancia de “garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino”. La iniciativa plantea la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. Del mismo modo, busca la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, y la apertura inmediata a paritarias.

El proyecto prevé que a partir de 2025 los fondos recibidos por las universidades se actualicen según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50 por ciento), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25 por ciento) y tarifas de servicios públicos (25 por ciento). También se concentra en garantizar la actualización de las becas estudiantiles, así como asegurar la transparencia en la gestión de los recursos, rubricando el rol protagónico que tiene la Auditoría General de la Nación en la materia.

El ensañamiento del gobierno con las universidades y su desfinanciamiento no se corresponde con su historia y su presente. A pesar de todo, Argentina es uno de los tres países de América Latina con mayor asistencia al sistema universitario en la franja de 18 a 24 años. De acuerdo a un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizado con datos de la Unesco, 4 de cada 10 argentinos de este rango etario asisten a las universidades. La gratuidad sigue constituyendo un aspecto clave en este sentido. Actualmente, las Universidades Nacionales concentran el 80,2 por ciento de la matrícula del nivel superior, alcanzando a más de 2 millones de estudiantes. Un dato: la proporción de la matrícula de las universidades públicas se mantuvo relativamente estable en los últimos quince años.

Para que no sea letra muerta

La situación de la ciencia, en este punto, se diferencia en un hecho sustantivo. En contraposición a las universidades que no cuentan con una ley de financiamiento, la ciencia sí tiene una norma sancionada en 2021. Establece incrementos plurianuales de crecimiento para llegar a 2032 con una inversión equivalente al 1 por ciento del PBI. Sin embargo, no solo no se produjo el aumento correspondiente para 2025 (0.45 por ciento del PBI), sino que la cosa marcha en retroceso (0.17 por ciento del PBI).

El gobierno libertario ya recortó un 47 por ciento del presupuesto para el sistema científico tecnológico. En este marco, hay dos propuestas legislativas para que Milei y compañía se hagan cargo del apoyo que el Estado debe brindar al rubro.

Por un lado, Wado de Pedro presentó en el Senado un proyecto de Ley de Emergencia para la Ciencia y la Tecnología. En él, se declara la emergencia del sector hasta 2026; se solicita la actualización de salarios de investigadores, personal y becarios; y se pide que no se retengan los fondos de los que dispone la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Bajo la idea de que “El ajuste del gobierno no es solo un recorte: es una estrategia para privatizar el conocimiento argentino”, el texto propone que “cualquier intento de privatizar organismos del sistema debe pasar por el Congreso con mayoría agravada (2/3). Asimismo, exige transparencia y demanda al Congreso informes bimestrales para que se conozca la situación de la ciencia.

Por otro, está en carpeta para ser discutida en el recinto, la Ley de salvaguarda y protección del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. El proyecto, firmado por los legislados Mónica Fein y Esteban Paulón, propone “asegurar la ejecución efectiva del presupuesto asignado a la función de Ciencia y Tecnología, así como a toda partida destinada a la promoción de la actividad científica, tecnológica e innovativa”. Y continúa: “Esta ejecución deberá actualizarse conforme al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC y a las variaciones económicas que afecten su valor real”.

También insta al Estado a garantizar los fondos para los proyectos que resultaron seleccionados a través de las diversas convocatorias con criterio federal; así como también, a asegurar “el inmediato desembolso de los fondos provenientes de convenios bilaterales o multilaterales con organismos como el BID, el Banco Mundial, la CAF y la Unión Europea, destinados a financiar proyectos de innovación, infraestructura científica y formación de investigadores/as”.

Las redes también sirven

Más allá de los paros y movilizaciones, las universidades también optan por las redes sociales para comunicar a la sociedad lo que sucede. La Universidad Nacional de Quilmes compartió unas placas vía sus cuentas oficiales que explican cómo entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2025, el costo de los servicios (agua, electricidad, gas y comunicaciones) que abona la institución, se multiplicaron por 13. El mensaje se acompaña de una leyenda que dice: “La universidad tal como la conocemos va a dejar de existir”.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche hizo lo propio por estos días. “La factura eléctrica de la UNAJ aumentó 113 por ciento. El monto por el servicio pasó de $7.532.268 en marzo del 2024 a $15.999.146 para marzo del 2025, o sea, aumentó un 113 por ciento. La universidad debe afrontar este aumento con el mismo presupuesto congelado desde 2024”. Otra de las que se expresó fue la Universidad Nacional de San Juan, a través de su secretario administrativo y financiero, que a medios locales dijo: “Estamos un 50 % por debajo en gastos de funcionamiento”.

La UBA compartió un emotivo video a un año de la marcha universitaria “más importante de nuestra historia”. “Aunque todavía queda mucho por resolver, hoy estamos orgullosos porque unidos logramos que la UBA siga funcionando. (…) Gracias a vos, un año después, hay miles de profesionales UBA para millones de argentinos. Millones de razones para seguir defendiendo los salarios, las investigaciones, la excelencia. Millones de razones para defender la universidad pública”.

Festivales y sanciones

En el ámbito científico, a tono con otros años de ajuste, se realizó en Parque Rivadavia de CABA el festival “Ciencia de la A a la Z”. Fue una serie de charlas por investigadores y miembros de la comunidad científico-tecnológica, afectada por los recortes presupuestarios. Con la participación de figuras como Alberto Kornblihtt, Andrea Gamarnik, Diego Golombek, Juliana Cassataro y Mario Pecheny, el evento se vivió como una oportunidad para poner en agenda la situación que afrontan los trabajadores y las trabajadoras del área.

Pero cualquier festival en época libertaria se empaña con malas noticias. En algún punto, el discurso de odio y la intolerancia que el presidente Javier Milei sostiene, se traslada al área de ciencia y técnica De manera reciente, Pablo Alabarces, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e Investigador Superior de Conicet, fue removido del cargo de Coordinador de la Junta de Calificación y Promoción del área de Ciencias Sociales y Humanidades por haber planteado una serie de críticas a la orientación política seguida por la dirección del organismo.

Desde ATE-Conicet respondieron: “En un contexto de estigmatización pública y persecución contra investigadores e investigadoras de esa área, resulta muy preocupante que se tomen este tipo de medidas que apuntan a acallar las voces críticas. Lamentablemente no es la primera vez que pasa: un miembro del Directorio, Manuel García Solá, fue obligado a renunciar frente a una situación similar”.