México y Estados Unidos logran acuerdo sobre distribución de las aguas del río Bravo
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a dichas declaraciones mediante una publicación en X (antes Twitter), en la que aseguró que su gobierno había enviado al subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, una propuesta integral para abordar el tema del agua destinada a Texas.
Señaló que “han sido tres años de sequía y, en la medida en que ha habido disponibilidad, México ha estado cumpliendo. La CILA ha seguido trabajando para identificar soluciones que beneficien a ambas naciones”.
Esa misma semana, la agencia Reuters reportó que México estaba elaborando un plan para aumentar el volumen de agua enviado a Estados Unidos. De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el medio, el gobierno mexicano accedió a entregar de inmediato 122,000 acres-pie y contempla enviar otros 81,000 en los próximos meses. Con estos volúmenes apenas se alcanzaría el 40% de lo estipulado en el tratado.
Para cumplir con esos compromisos, el Ejecutivo podría recurrir a una cláusula controversial incorporada al tratado el año pasado, que permite al gobierno federal extraer agua adicional de ciertos estados para satisfacer las obligaciones internacionales. Según el informe, esta medida se aplicaría en entidades como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.
No obstante, expertos advierten que dicha estrategia podría afectar negativamente la ganadería y la producción agrícola en esas regiones, ya que el agua escasea y la sequía prolongada ha intensificado los desafíos productivos.
La información proporcionada por las autoridades de ambos países no especifica cómo garantizará México el envío inmediato ni el incremento de las transferencias en la temporada de lluvias. Lo único claro es que el país enfrenta una crisis hídrica que podría agravarse en los próximos años.
La sobreexplotación y el cambio climático adelgazan al río Colorado. Ante la crisis, en Mexicali apuestan por agricultura regenerativa y a que los acuerdos binacionales sigan respaldendo el esfuerzo por revivir el Delta.
La agencia calificadora S&P Global Ratings estima que 20 de las 32 entidades federativas de México podrían experimentar niveles altos de estrés hídrico para 2050. Esto implicaría que cerca del 60% del territorio nacional tendría una demanda de agua dulce superior a la oferta disponible. Esta proyección considera no solo la frecuencia de sequías, sino también factores como el desarrollo industrial, el crecimiento demográfico y la eficacia de las políticas públicas en torno al manejo del agua.
Los datos muestran que, en la presente década (2020-2030), 11 estados ya enfrentan un estrés hídrico severo. Las entidades más afectadas son Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato. Bajo un escenario climático de emisiones moderadas, se prevé que en los próximos 30 años se sumen Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Colima y Jalisco.
