Luis Caputo presiona para que los SUELDOS se ajusten al objetivo de inflación

Otro 1° de Mayo en el que el salario vuelve a estar en el epicentro de la discusión. Pero, a diferencia de lo que ocurría durante la gestión de Alberto Fernández, ahora la CGT no convoca a marchas hacia las sedes empresariales para culparlos de la inflación, sino que responsabiliza al plan económico de Javier Milei por las dificultades de los trabajadores para llegar a fin de mes.

Inevitablemente, el salario y las negociaciones paritarias vuelven a ser un tema político, porque más allá de las cifras, cada sector hace sus interpretaciones sobre lo que vendrá en el futuro en materia de inflación. 

Nada ilustra mejor esa situación que la falta de acuerdo sobre el salario mínimo en la reunión trimestral del Consejo del Salario, donde participan los sindicatos, las cámaras empresariales y el gobierno. Se daba por descontado que habría desacuerdo, pero aun así llama la atención la distancia entre las pretensiones de cada parte: lo ofrecido por el sector empresarial es menos de la mitad de lo que plantearon las centrales CGT y CTA.

El gobierno defiende la tesis de que los salarios terminaron el año pasado con una recuperación y que ahora, en el marco de una economía que se recupera -según Milei está ya en una velocidad de crecimiento de 10% interanual- el crecimiento del poder adquisitivo será más acelerado.

Del otro lado, el argumento es, obviamente, el riesgo inflacionario, luego del inesperado 3,7% de marzo y de la incertidumbre cambiaria por el levantamiento del cepo.

Lo cierto es que, aunque en el discurso oficial solamente se hable de “las tres anclas” -fiscal, monetaria y cambiaria-, en el gobierno también consideran que el salario debe mantenerse bajo control, sin que algún “desborde” en las paritarias incida negativamente sobre las expectativas inflacionarias. Una especie de “cuarta ancla” para bajar la nominalidad de la economía.

En este mismo momento hay negociaciones abiertas en algunos de los gremios más grandes y de mayor visibilidad, como el camionero, el de comercio y el de los estatales. Todos habían llegado a acuerdos y pidieron revisión ante lo que consideran como un empeoramiento del contexto macroeconómico.

La pulseada por la expectativa inflacionaria

Es por ese motivo que Toto Caputo ha centrado sus esfuerzos de comunicación en la “marcha atrás” que dieron las grandes empresas alimenticias y las cadenas supermercadistas, que habían remarcado precios tras el levantamiento del cepo.

Y no fue casual tampoco el “timing” del anuncio de YPF sobre la rebaja promedio de 4% en los precios de los combustibles. Se trata de un rubro que no solamente afecta a los automovilistas sino que incide sobre toda la cadena logística.

Pero, sobre todo, el mayor esfuerzo argumental que ha dejado el gobierno en estos días es que lo ocurrido en marzo fue más un accidente que un cambio de tendencia. En otras palabras, que el IPC de abril no solamente será inferior sino que se mostrará más cercano al 2,4% que se había registrado en febrero.

No es un tema que al gobierno le resulte fácil de instalar. De hecho, en la encuesta que realiza mensualmente la Universidad Di Tella sobre expectativas inflacionarias, se registró un cambio de tendencia: en abril empeoró la previsión de los consumidores, que esperan un 41,% de aumentos para los próximos 12 meses.

Por otra parte, ni bien se produjo el levantamiento del cepo, hubo consultoras que al ver las remarcaciones de precios se aventuraron a pronosticar inflaciones en torno de 4% hasta junio inclusive.

Con ese marco de escepticismo, para el gobierno fue un logro el hecho de que el convenio más numeroso, el del comercio -que aglutina a más de un millón de asalariados- haya acordado cifras relativamente alineadas con el plan de inflación diseñado oficialmente.

El acuerdo implica que para el trimestre abril-junio habrá una suba de 5,4%, en tres tramos no acumulativos: 1,9% en abril, un 1,8% en mayo y un 1,7% en junio.

El Indec marca una recuperación

A inicios de año, las paritarias habían comenzado con una llamativa tranquilidad, en la que el sendero descendente del IPC hacía que los dirigentes sindicales mostraran una buena disposición a converger hacia las cifras que pretendía el gobierno.

El caso más emblemático, como es habitual, fue el de los camioneros de Hugo Moyano, que el gobierno sigue con particular interés porque suele ser tomado como referencia por el resto del mercado. Era un momento de optimismo, en el que Toto Caputo anunciaba el crawling peg al 1% mensual y pedía que los salarios no pasaran del promedio del 1,5% mensual -que era la inflación objetivo marcada por el plan “de las tres anclas”.

Y el gobierno consideró uno de sus mayores logros políticos que Moyano haya accedido a suavizar su propuesta original, que era de un 8% para el trimestre diciembre-febrero: quedó en tres subas mensuales que acumulaban un 5,5% -a lo que, como es tradicional, se agregaba una suma “no remunerativa”-.

En todo caso, el mensaje era claro, los salarios debían seguir la línea marcada por el gobierno, dado que la inflación iba en descenso y, para mejor, la canasta básica -es decir, la que marca el consumo mínimo para estar sobre la línea de pobreza- mostraba un freno mayor que el promedio de los precios.

Hasta febrero, las cosas salieron como el gobierno preveía. Y eso quedó confirmado por los datos estadísticos oficiales que acaba de difundir el Indec. El salario del sector registrado tuvo, entre diciembre y febrero, un incremento promedio de 7,4%, a tono con la inflación del trimestre -como es habitual, con el sector estatal tres décimas debajo del privado-.

Y si se considera el promedio general, que incluye a los trabajadores no registrados, entonces la recomposición fue mucho más alta, dado que el Indec midió para esos cuentapropistas y trabajadores informales una mejora de 25% en el trimestre.

Pero claro, todos estos números son promedios por sector, y además hacen la medición “entre puntas”, que siempre subestima la erosión cotidiana del salario. Es por eso que los ante las cifras del Indec que esgrimen los funcionarios, los sindicatos también muestran sus propios cálculos, que en muchos casos específicos muestran todavía un nivel de compra inferior al del recambio gubernamental.

El punto de inflexión sindical

Lo cierto es que el 3,7% que marcó el IPC de marzo cambió por completo el panorama. Los camioneros de Moyano que habían marcado la pauta alineada con el gobierno en el inicio del año, ahora están reclamando una recomposición.

Lo cierto es que hay un empeoramiento en la relación de los sindicatos y el gobierno. Es algo que ya quedó en claro cuando la central sindical CGT salió de su tesitura negociadora y convocó a inicios de abril a un paro general -el tercero de la era Milei-.

Más allá de que el paro tuvo una adhesión regular por el no acompañamiento del gremio transportista, la cúpula gremial envió un mensaje claro respecto de las dudas que habían surgido sobre la sostenibilidad del plan económico. Y, como ya había ocurrido otras veces, el mayor nivel de adhesión al paro no estuvo entre los trabajadores de menores ingresos -como pueden ser los empleados de comercio o los cuentapropistas que hacen servicio de delivery, sino los afiliados a los grandes gremios de sectores poderosos, como la banca, la logística, la industria y la energía.

Desde ya, el sector público fue uno de los protagonistas de la protesta, algo que se explica no sólo por su retraso salarial durante el año pasado sino por el temor a la pérdida de puestos de empleo en el marco de las reformas anunciadas por el ministro de Desregulación estatal, Federico Sturzenegger.

Las últimas protestas tienen una diferencia importante respecto de las primeras movilizaciones que había convocado la CGT: antes, el tema principal de controversia era el regreso del impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel más alto, así como la reforma en el sistema de obras sociales.

Ahora, el foco está puesto en el nivel salarial, algo que legitima a la cúpula sindical ante sus bases de trabajadores con menores ingresos. De hecho, entre las principales quejas contra Caputo está su tendencia a interferir en las negociaciones –por la vía de no homologar aumentos demasiado altos-, algo sobre lo que los sindicalistas suelen ironizar, porque no se condice con la ideología liberal del gobierno.

Las nuevas protestas sindicales apuntan también a los compromisos de reformas estructurales que el gobierno firmó en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en especial la reforma del marco legal del trabajo.