Un gitano compró a una mujer con discapacidad para casarse y fue condenado
Un hombre de la comunidad gitana fue sentenciado a nueve años de prisión por obligar a una joven con discapacidad intelectual a vender en la calle, mantener relaciones sexuales forzadas y convivir con él como si estuvieran casados.
El caso conmocionó a la provincia de San Juan: un hombre identificado como Roberto Espiro Mitar fue condenado por trata de personas, explotación sexual y laboral, y por una unión forzada de hecho con una joven con discapacidad intelectual. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal, que también impuso el pago de una indemnización de 4 millones de pesos a la víctima.
Según la investigación, en enero de 2023 el acusado “compró” a la joven a otra familia de la comunidad gitana. Desde ese momento, la mantuvo bajo un régimen de esclavitud moderna, obligándola a vender productos en la vía pública y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento.
Quería forzarla a quedar embarazada
Durante los dos meses que duró el calvario, la joven fue vigilada de forma constante, no podía decidir sobre su cuerpo y debía entregar todo el dinero generado a la familia del condenado. En un hecho aún más grave, Mitar la llevó a una sala médica para que le retiraran el dispositivo anticonceptivo, con la intención de forzar su reproducción.
El tribunal consideró que estas acciones representaron una clara violencia sexual y reproductiva, enmarcada en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres.
Fue rescatada y luego presionada para retractarse
La víctima logró escapar en marzo de 2023, mientras realizaba ventas callejeras. Tras su denuncia, la familia del acusado intentó presionarla: la localizaron en la provincia de San Luis y la llevaron a una escribanía para firmar un documento donde se desdijo de su relato.
Sin embargo, más tarde, en una nueva declaración en Cámara Gesell, ratificó lo ocurrido y explicó que había sido amenazada para firmar esa retractación. Este intento de encubrimiento derivó en una nueva causa penal contra quienes la presionaron.
La Justicia advirtió discriminación y estereotipos
Durante el juicio, la defensa fue señalada por el fiscal Fernando Alcaraz por su falta de perspectiva de género y el uso de estereotipos discriminatorios para deslegitimar a la víctima. El juez Daniel Doffo coincidió con ese planteo y remarcó que la mujer se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, sin redes familiares ni apoyo estatal.
Además, el tribunal dispuso que la víctima sea informada de cualquier beneficio penitenciario que el condenado solicite y que reciba acompañamiento del CENAVID (Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos).
