Gobierno busca reducir de 7.000 a 200 los juicios por evasión fiscal
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, afirmó que el número de juicios penales por evasión fiscal podría pasar de los 7.000 actuales a aproximadamente 200, si se aprueba el proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. La propuesta, que incluye una modificación sustancial del monto mínimo para que un caso sea considerado como evasión agravada, fue defendida por el funcionario durante el 16° Congreso Córdoba del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El proyecto eleva ese umbral de $1 millón a $1.000 millones. Según Pazo, la iniciativa busca no solo descomprimir la carga judicial actual, sino también modificar el enfoque del Estado respecto a los contribuyentes. “Uno de los elementos centrales es la suba de los umbrales para que la evasión agravada se configure a partir de los $1.000 millones. Esto permitiría pasar de unas 7.000 causas penales a unas 200. Para tener un punto de comparación, en Estados Unidos hay alrededor de 2.000 causas”, explicó el funcionario.
La propuesta oficial ya cuenta con el respaldo de 17 gobernadores, de acuerdo con lo expresado por Pazo. En su exposición, remarcó que el proyecto requiere “mucha substancia” y que, por ese motivo, se busca un respaldo político amplio que facilite su tratamiento legislativo.
El titular de ARCA consideró que la relación entre el fisco y los contribuyentes debe reformularse. “Ya no se piensa que del otro lado hay 47 millones de evasores, sino 47 millones de ciudadanos”, afirmó. Desde el punto de vista del organismo, este cambio de paradigma implica dejar atrás una lógica punitiva generalizada para focalizar los esfuerzos del control fiscal en los grandes casos de evasión.
El funcionario también argumentó que, en el contexto actual, no es posible avanzar más agresivamente en la reducción de impuestos debido a las restricciones presupuestarias. En ese marco, se están priorizando otras medidas para fomentar la formalización. “Desde ARCA estamos dando los incentivos correctos para que la gente vuelva al sistema. Este es el único camino que tiene el país para salir adelante”, señaló.
Críticas a la sobrecarga normativa previa
Durante su exposición, Pazo también se refirió a lo que calificó como una “sobrerregulación” en materia impositiva durante los últimos años, la cual habría generado un efecto contrario al deseado: “Las consecuencias del régimen pasado fueron significativas. La informalidad creció de manera considerable desde 2019, y hoy se estima que entre 5 y 10 bases monetarias están fuera del sistema. La evasión fiscal alcanza el 50%“, sostuvo.
De acuerdo con el diagnóstico del titular de ARCA, este contexto exige una reconfiguración profunda de los criterios utilizados por el Estado en materia de fiscalización y penalización. Bajo esta lógica, la reforma de la Ley Penal Tributaria representa un paso para adecuar el sistema a las condiciones actuales de informalidad e incentivos a la reinserción fiscal.
Desde el ámbito privado, algunos especialistas respaldaron la orientación general del proyecto, aunque también marcaron puntos críticos sobre el funcionamiento histórico de la relación entre el fisco y los contribuyentes. El tributarista César Litvin consideró que esa relación estuvo marcada, en los últimos años, por un esquema de desequilibrio. “Fue una relación de poder. Existió panoptismo fiscal: el fisco tenía acceso a datos privados del contribuyente que ni siquiera tenían otros organismos del Estado”, expresó.
Litvin hizo foco en el Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los pilares complementarios del proyecto, que prevé que la agencia tributaria no pueda revisar información más allá de un año hacia atrás, en ciertos casos. Para el tributarista, esta disposición funciona como un “tapón fiscal” sin costo directo: “Es como hacer tabula rasa. A partir de ahí, el mensaje es que el contribuyente debe ajustarse a la norma”, afirmó.
Régimen Simplificado de Ganancias y trámite legislativo
El Régimen Simplificado de Ganancias, incluido dentro del mismo paquete legislativo, establece condiciones para regularizar la situación fiscal de personas que decidan ingresar al sistema. Si bien su aprobación depende del Congreso, el oficialismo busca sumar apoyos para garantizar su avance.
Tanto este régimen como la suba del umbral para calificar la evasión como delito penal agravado forman parte de una estrategia más amplia para reformular la administración tributaria. El objetivo es, según ARCA, reducir la judicialización masiva, reenfocar los recursos estatales en casos de mayor impacto fiscal y facilitar el retorno de contribuyentes al sistema formal.
El proyecto se encuentra en trámite parlamentario. Su tratamiento requerirá mayoría en ambas cámaras, y aunque el oficialismo asegura contar con el acompañamiento de una parte significativa de las provincias, aún no hay definiciones concretas respecto de los tiempos legislativos.
Perspectivas del sistema tributario en el mediano plazo
El proyecto de reforma forma parte de una reestructuración más amplia del sistema tributario, en la que se prioriza la simplificación y el aumento del cumplimiento voluntario. Según Pazo, el rediseño del vínculo entre el fisco y la ciudadanía es clave para incrementar la base de contribuyentes activos sin necesidad de aumentar la presión tributaria.
En ese sentido, el Gobierno busca dar señales de previsibilidad y estabilidad normativa para incentivar la formalización y el cumplimiento fiscal. El avance o no del proyecto dependerá de la negociación política en el Congreso, así como del nivel de adhesión que logre entre los distintos sectores económicos.
El debate parlamentario sobre la reforma de la Ley Penal Tributaria se dará en un contexto de restricciones fiscales, alta informalidad y una estructura tributaria en revisión. La reducción de los juicios por evasión aparece, en este marco, como una de las variables centrales para redefinir las prioridades del sistema.
