El arresto de Julio César Chávez Jr. es el arma perfecta en la guerra de datos migratorios
El arresto de Julio César Chávez Jr. este martes en Studio City no fue producto de un gancho al hígado, sino por un clic: un simple cambio de estatus en su archivo digital dentro del gobierno federal de EE UU. Apenas cinco días después de protagonizar un combate mediático y multimillonario contra el youtuber Jake Paul, el boxeador mexicano fue detenido por agentes de ICE en un exclusivo barrio de Los Ángeles conocido por sus residencias de celebridades. El motivo oficial: vínculos con el Cártel de Sinaloa y una orden de arresto activa en México.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el boxeador había estado viviendo ilegalmente en Estados Unidos tras exceder los términos de su visa de turista, que venció en febrero de 2024. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Chávez Jr. ingresó al país en agosto de 2023 con una visa B2 de turista válida hasta febrero de 2024, pero permaneció en territorio estadounidense después de su vencimiento.
Las autoridades han calificado al boxeador como un “delincuente indocumentado” y señalan que representa una amenaza para la seguridad pública debido a sus presuntos nexos con organizaciones criminales. El DHS ha confirmado que se está tramitando su deportación inmediata a México, donde enfrenta cargos relacionados con el crimen organizado.
El big business del entretenimiento y el big data
Pero el núcleo de la historia no son sus crímenes, sino cómo la administración de Donald Trump supo explotar la información de su expediente —y la inacción de sus predecesores— para anotarse una victoria política.
El arresto de Julio César Chávez Jr es un caso de estudio sobre la colisión de dos sistemas operativos gubernamentales. Su trayectoria en el sistema de seguridad de EE. UU. comenzó en agosto de 2023, cuando entró con una visa de turista. El punto de inflexión fue abril de 2024, al solicitar la residencia permanente. Esta acción activó los algoritmos. Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la solicitud contenía “múltiples declaraciones fraudulentas” y, más críticamente, se basaba en su matrimonio con una ciudadana estadounidense vinculada previamente a un hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Para el 17 de diciembre de 2024, el sistema ya había hecho su trabajo.
Una referencia interna de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) etiquetó a Chávez Jr. como una “amenaza pública atroz”. Su arresto se produce en medio de una creciente tensión política por las políticas de aplicación de la inmigración de la administración de Joe Biden. Bajo el “sistema operativo” de la administración Biden, una entrada en la base de datos del DHS indicaba explícitamente que Chávez Jr. no era una prioridad de aplicación de la ley migratoria.
Según se informa, los documentos internos del DHS mostraron que, aunque Chávez fue marcado como una “atroz amenaza para la seguridad pública” en diciembre de 2024, su destitución no fue priorizada.
El sistema, bajo esas reglas, mostró su mayor vulnerabilidad el 4 de enero de 2025. A pesar de la bandera roja en su perfil, a Chávez Jr. se le permitió reingresar a EE UU bajo un proceso de libertad condicional discrecional en el puerto de San Ysidro.
Los registros de cientos de llamadas de emergencia desde los centros de detención del ICE obtenidos por WIRED (incluidas grabaciones de audio) muestran un sistema inundado de hacinamientos, retrasos en el tratamiento y por incidentes que ponen en peligro la vida.
Así, durante meses, una persona que el propio gobierno ya consideraba una amenaza para la seguridad pública se movió con total libertad por el país, hasta el punto de protagonizar un evento deportivo que generó más de 1.5 millones de dólares
Entonces, se instaló un nuevo sistema operativo. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 y Kristy Noem como Secretaria de Seguridad Nacional, el mismo data point —”amenaza pública atroz”— comenzó a ser procesado de manera radicalmente diferente.
